Entre todos los problemas que de un modo u otro ocupan la atención de los chilenos, según la aparente prioridad de cada uno de ellos, sigue estando aquel de la desmunicipalización de los colegios, solo que momentáneamente desplazado por el que esté en la primera plana.

El proyecto de ley que crea el Sistema de Educación Pública, conocido como proyecto de desmunicipalización, enviado por el Gobierno en 2011, busca traspasar los colegios municipales a las Agencias Públicas de Educación Local, las cuales serán fiscalizadas por la Superintendencia y evaluadas por la Agencia de Calidad, para mejorar la gestión económica y pedagógica de los colegios públicos. 

En mayo de este año, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó el proyecto de ley que crea el Sistema de Educación Pública. Esta es la primera vez que se legisla un proyecto que propone una nueva institucionalidad en este ámbito, "un paso histórico en la educación de niñas, niños y jóvenes del país", aseveró la ministra de Educación, Adriana Delpiano.

Mientras eso ocurre, el desarrollo del sistema escolar chileno ha experimentado cambios dramáticos, no siempre positivos, y claramente relacionados con la racionalidad y perspectivas de esta iniciativa que actualmente se discute en el Senado. Durante los últimos 20 años los colegios municipales, escuelas y liceos han mostrado una pérdida progresiva y sostenida de matrícula y, en sentido inverso, un notable aumento de alumnos en el sistema de educación particular subvencionada. 

La disminución notoria de la matrícula de esas instituciones, que en ocasiones es cercana al 50%, o incluso más, no corresponde a maniobras de naturaleza política o a procesos inducidos de socavamiento, obedece a la búsqueda de calidad, de excelencia académica, de continuidad y consistencia del proyecto educativo, los conceptos olvidados en medio de tanta maniobra. Los padres buscan, sencillamente, aunque sea con sacrificio-renunciando a bajos costos o gratuidades- la mejor educación de sus hijos, no hay más, si el sistema no es capaz de satisfacer a esa demanda básica, no hay modo democrático de imponerlo.

Por otra parte, este proyecto contempla Consejos Directivos en las diversas comunas, con participación de representantes de la autoridad municipal y de la intendencia, más la comunidad escolar, con un Director Ejecutivo elegido por el sistema de Alta Dirección Pública, altamente cuestionado, sin que estén aún resueltos asuntos básicos de gestión o financiamiento.

Esta iniciativa se implementará gradualmente en los próximos diez años, sin embargo, desde la partida tiene que tener garantías de poder cumplir con las demandas de la sociedad, no es tolerable que con el propósito de llevar adelante iniciativas consideradas por el Gobierno, políticamente convenientes, se opte por entrar en un sistema de ensayo y error a costo de los niños chilenos, especialmente de aquellos que no tienen otra opción.

Si hay algo que esté absolutamente claro en el modo de proceder de la ciudadanía, es que las familias son irrenunciablemente responsables de la educación de los hijos e influyen poderosamente en la toma de decisiones relativas al destino de sus integrantes, difícilmente la comunidad puede permanecer indiferente a los resultados del debate en el Parlamento sobre el sistema que el Gobierno estima como el mejor para el futuro de los niños y jóvenes de Chile.