El 2014, en un acto republicano en el Congreso de Valparaíso, la Primera Mandataria recibió el informe de la comisión asesora presidencial para la Descentralización y Desarrollo Regional. Más de 70 medidas que incluían mayores competencias, entre ellas, comicios para elegir al intendente regional. En su oportunidad, la Presidenta, en una entrevista con medios regionales, expuso sobre descentralización, describiéndola como una forma de desechar un componente de desigualdad, "porque abre mayores accesos al poder y se participa en el desarrollo en forma directa en lo que tiene que ver con economía, política y lo social. Esta diversidad nos enriquece. Es llevar la política nacional a un escala local".

A mayor abundamiento, destacó a continuación los pilares que conforman la agenda de descentralización y regionalización; "Reforma Constitucional sobre elección de intendentes, más descentralización política", con el propósito de fortalecer de la autonomía de los gobiernos regionales.

La siguiente gran noticia fue el respaldo transversal del proyecto en el Senado, que permitiría la elección democrática de intendentes. La iniciativa volvió a la Comisión de Gobierno del Senado para ser discutida en particular, y de ser aprobada contempla la elección directa, y por mayoría simple, de estas autoridades por cuatro años. Pasarían a llamarse gobernadores regionales, mientras que los actuales gobernadores provinciales se denominarían delegados presidenciales, se supone cada quien con sus atributos claramente diferenciados.

Así, mientras los futuros gobernadores presidirán el Consejo Regional y tendrán a su cargo los organismos públicos descentralizados, los delegados de la Moneda se harán cargo de las labores de gobierno interior; como el orden público, delincuencia y extranjería.

En la medida que pasa el tiempo, parece estarse confirmando lo que en realidad es una regla de oro del político; "decirle al pueblo, lo que el pueblo quiere oír". Lo cierto es que las regiones querían oír ese mensaje, fuerte y claro, pero faltó explicar que debía ser también sincero y consecuente.

No es difícil comprender las renuencias, desde una parte de la clase política que ve en la descentralización una amenaza para la unidad nacional, al elegir caciques omnímodos, que visualizan conflictos potenciales de incalculable magnitud, advirtiendo que se trata de cambiar la estructura de la administración pública. Es decir, viendo un peligro en el objeto mismo de esta iniciativa.

En el ámbito más pragmático, para los parlamentarios, esta autoridad elegida es una amenaza clara para el modo contemporáneo de hacer política, que se basa, en gran parte, en la intermediación mediante mutua transacción, para impulsar propuestas de individuos o grupos, construyendo así su base electoral.

No tenemos demasiadas opciones; por una parte, una clase política renuente y, por otra, parlamentarios regionales a los cuales la descentralización pudiera desfavorecerles. Queda entonces el resto de las fuerzas vivas, el mundo académico, los empresarios, los gremios y asociaciones y medios regionales, los que deben actuar para que esta indispensable herramienta de desarrollo no se transforme en un nuevo espejismo.