Por un motivo u otro está en el centro del escenario una polémica antigua, que ha tenido oportunidad de contrastar sus efectos a lo largo de los siglos; la esfera de influencia del Estado, representado por el Gobierno en la vida común de las personas. Hasta dónde el Estado tiene que hacerse cargo, y por otra parte, cuál es el ámbito de las iniciativas privadas, individuales y colectivas. Un conflicto que se ha resumido en la disyuntiva entre un Estado Subsidiario y un Estado Benefactor, el primero dejando mucho del área social en manos privadas, educación y salud, a modo de ejemplo y este último haciéndose cargo de bastante más.

Es muy importante, sin embargo, hacer una clara distinción entre ambos conceptos. Estado es un organismo que representa la máxima forma de organización jurídica de los individuos que integran una sociedad, y para conformarlo, cada integrante cede una parte de su libertad y que se subdivide en poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para garantizar un orden social y regular tanto a gobernantes como gobernados.

Por su parte, el Gobierno es el órgano colegiado formado por un presidente y ministros al cual la Constitución atribuye el poder ejecutivo. A diferencia de la estructura anterior, es transitorio y al ser sus miembros elegidos, refleja tendencias políticas predominantes y ejerce su poder en ese contexto sobre la sociedad. A pesar de eso, es simplemente un colectivo de equipos de realización, ejecución y administración de tareas para el bien común, usando para ello la suma de todos los recursos que pertenecen a todos y a cada uno de los chilenos.

A mayor abundamiento, todas las ventas del cobre, todo el beneficio que se obtenga del comercio exterior, directamente si los productos son de empresas estatales e indirectamente si corresponde a la empresa privada, todos los impuestos y contribuciones, que en su conjunto conforman los recursos del Estado, son en realidad dineros y bienes de todos los chilenos, administrados por el Gobierno en ejercicio, que es responsable de utilizarlos criteriosamente.

Es por eso que hay en ese aspecto buenos y malos gobiernos, los que hacen de esos bienes y recursos un uso juicioso, que favorece a los ciudadanos, y el mal gobierno, que administrándolos mal empobrece a sus ciudadanos. El costo de cada error, las malas prácticas, lo paga cada habitante de Chile. No es dinero anónimo, que no pertenece a nadie, como parece ser la idea predominante. Cuando se le pide al Gobierno financiamiento de algún proyecto, éste tiene que ser justificado como para que, solidariamente, se le entregue parte de ese fondo común.

El concepto no es nuevo, el mural encargado a Ambrogio Lorenzetti en 1337, por el Gobierno de la ciudad de Siena, se denomina El Buen y el Mal Gobierno, ilustra las buenas consecuencias de la buena administración sobre la ciudad y sus habitantes, así como las malas, cuando no es así.

Los políticos de todas las tiendas están a cargo del mural virtual que, en diferentes medios, se está ejecutando en la actualidad, se ilustra cómo el gobierno administra los bienes comunes, si las leyes y procesos los favorecen o dilapidan, si se usan responsablemente, si se da debida rendición de cuentas, si los colores son opacos o luminosos. Con o sin encuestas.