Si se observa la estrecha proximidad de CONICYT y CORFO con la política del Ejecutivo, resulta evidente que la gran mayoría de quienes conforman el Directorio pueden estar estrechamente ligados a esas políticas, con evidente riesgo de perder credibilidad en cuanto a la autonomía de las actuaciones.

 

Desplazada bajo el clamor de los aspectos financieros de la gratuidad de la educación superior, se encuentra la necesidad de asegurar su calidad, ya que la gratuidad es una moneda de fácil aceptación- los obsequios son siempre bienvenidos- en cambio, la calidad pasa, inexorablemente, por el esfuerzo. Para acentuar la demanda de esta condición; por el esfuerzo de todos, sostenidamente, por muchos años, una propuesta que por razones obvias no tiene el atractivo inmediato del regalo de la oportunidad de educarse. 

Se esperaba con impaciencia, tras muchas postergaciones, el mensaje de la Presidenta de la República, para dar inicio al proyecto de Ley de Educación Superior, lo que finalmente ocurre el 4 del presente mes, el que incluye la propuesta de creación de un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

A la primera lectura, se entiende por qué el texto completo había estado en situación de resumen ejecutivo, ya que queda en evidencia la voluntad de poner ese Sistema bajo el control del Gobierno de turno, cuando se requiere, en cambio, un organismo independiente y transversal, con continuidad de criterio para asegurar calidad, su principal cometido, en forma autónoma de los gobiernos que se suceden.

Se comprende la dinámica de someter a juicio la actual Comisión de Acreditación (CNA), descrita en comentarios a los medios por la Ministra de Educación, como una organización de representatividad asimétrica, donde colisionan intereses corporativos, unos con más peso que otros, que debía ser remplazada por otra con académicos prestigiosos, se supone que sin esos conflictos de interés.

En consecuencia, se propone en el proyecto un Directorio del Consejo para la Calidad, según el artículo 29, el cual estaría integrado por once miembros denominados "directores", presidido por un profesional de reconocido prestigio y amplia trayectoria en materias relacionadas con educación superior, con a lo menos diez años de ejercicio profesional, quien será designado por la Presidenta de la República.

El Directorio estaría conformado por otras diez personas; cuatro académicos universitarios de reconocido prestigio y amplia trayectoria en gestión institucional, docencia de pregrado y formación de postgrado y cuatro docentes de reconocida trayectoria en centros de formación técnica o institutos profesionales, todos designados por la Presidenta desde ternas propuestas para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública.

Los otros dos miembros del directorio corresponden a un académico universitario de amplia trayectoria en investigación científica o tecnológica designado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) o su sucesor, y un docente o profesional con reconocido prestigio en el área de la innovación, designado por la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), ambos a partir de una terna propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública

Si se observa la estrecha proximidad de CONICYT y CORFO con la política del Ejecutivo, resulta evidente que la gran mayoría de quienes conforman el Directorio pueden estar estrechamente ligados a esas políticas, con evidente riesgo de perder credibilidad en cuanto a la autonomía de las actuaciones de un organismo que resulta crítico para asegurar la educación de excelencia para los jóvenes chilenos.