El lunes 27 de junio entró en vigencia la ley 20. 606, a cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial, el 6 de junio del año 2012, que se refiere a la composición nutricional de alimentos y su publicidad. Ahora, con el nuevo reglamento de Etiquetado de Alimentos, los envases de los alimentos destinados al consumo humano deben indicar los ingredientes que contienen, incluyendo todos sus aditivos, declarando sus proporciones e información nutricional. Además, se deberá informar los contenidos de energía, azúcares, sodio y grasas saturadas y otros que solicite el Ministerio de Salud.

No es necesario abundar demasiado en los fundados argumentos que respaldan la aplicación de esta ley, particularmente referida a los niños, al recordar que nuestro país se encuentra en el 6° lugar mundial en obesidad infantil y en el primer puesto o en América Latina, según un estudio reciente del Inta, en el cual se advierte, además, que en Chile el 70% de los niños va a ser obeso en el corto plazo, un problema con graves impactos en los índices salud de la población, además de desmejorar significativamente la calidad de vida de cada uno de los afectados.

Para hacer efectivos los propósitos de la ley, se implementarán varias medidas, desde inmediatas y simples, a otras con mayor grado de incerteza en cuanto al resultado en el futuro inmediato, por ejemplo; la prohibición la venta de comida chatarra, con listas de artículos como los aludidos por el coordinador regional de la Unidad de Seguridad Alimentaria del Bío Bío; sopaipillas, chaparritas, completos y queques, en una posiblemente larga relación de productos alimenticios, por socializar. Se suma a estas iniciativas al control de incentivos en la publicidad orientada a menores de 14 años y el etiquetado frontal en los productos que sobrepasen los límites nutricionales establecidos por el Ministerio de Salud. 

No es la primera vez que se emprenden dinámicas de esta naturaleza, la Ley no hace otra cosa que imponerlas, sin embargo, ésta no puede hacerse cargo de otras circunstancias que de no ser adecuadamente consideradas ponen en riesgo el éxito de esta legislación en cuanto a los cambios esperados, otros factores además de las prohibiciones o controles, que determinan el modo en cómo se alimentan los niños chilenos.

Esos elementos sí son detallados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), al explicitar los conceptos básicos de la seguridad alimentaria, es decir, la disponibilidad de alimentos, el acceso de las personas a ellos y el aprovechamiento biológico de los mismos, allí se abordan limitantes dignas de consideración, como la disponibilidad física de los alimentos, o la situación socioeconómica que puede impedir o hacer insuficiente el acceso a los alimentos.

Hay otros requisitos para que puedan cumplirse los objetivos de seguridad alimentaria, como la utilización de los alimentos, su preparación, para aprovecharlos en forma óptima, como así mismo la regularidad de su consumo y el apoyo familiar. Enfocado de ese modo, la ley toca solo un componente, deja todos los otros por resolver; cultura, compromiso, economía, como factores operantes en cada familia, con situaciones independientes. 

Las políticas de Estado en esta situación deben ser obligadamente más comprehensivas y no darse por satisfechas con una ley de efecto por probar.