Con sorpresa y no poca indignación, el presidente de la agrupación de universidades públicas no estatales, conocido como G9, se ha enterado, por vez primera, del deliberadamente oculto proyecto de reforma educacional y que en éste se afecta desfavorablemente, para estas entidades, el Aporte Fiscal Directo (AFD), una de las formas básicas de su financiamiento.

Por lo tanto, estas instituciones resultan ser, en la apreciación de este rector, "las grandes perjudicadas en el proyecto", una muy poco promisoria antesala para el envío, contra viento y marea, del proyecto de Reforma Educacional, haciendo caso omiso a un estado de general de desacuerdos, dudas y sospechas. Lanzado entonces a la discusión en el legislativo, anticipando, con muy poco elogiable lucidez, que será probablemente un debate complicado. Una profecía con casi absoluta certeza de cumplimiento.

Retirada la cortina de ocultamiento, evidentemente estratégica, se revela que todas las frases apaciguadoras, emitidas retóricamente en conversaciones con los rectores interesados en avaluar estas delicadas materias, no han sido más que ruidos de distracción, oblicuidades para evitar la presentación de los contenidos del documento con transparencia, posiblemente porque el precio de la verdad en su momento pareció políticamente excesivo.

Es preciso señalar que el Estado, bajo la administración de Sebastián Piñera, se comprometió a otorgar un aumento real de los dineros entregados vía AFD a cada una de las 25 universidades tradicionales del Consejo de Rectores, como fondos de libre disposición de los planteles. Este acuerdo del año 2011, que establecía un aumento de 5% real anual a través de la Ley de Presupuesto, ha dejado de cumplirse.

Al incumplirse los términos de este acuerdo, se introduce una profunda contradicción, ya que el mensaje del Programa de Gobierno había sido favorecer tanto a las regiones, como la ideas fuerza de la equidad y de la igualdad de oportunidades. Se borra con el codo lo que la mano había escrito, desconociendo así el papel de las universidades públicas no estatales en el desarrollo de las regiones y el país. Aquí se ha ignorado que 8 de las 9 universidades del G9 son regionales, y cuatro de ellas están en el ranking de las 50 mejores universidades latinoamericanas.

Desfavorecerlas es incongruente con el declarado interés del Gobierno en impulsar la descentralización, lo que obviamente no se logra si se dificulta el funcionamiento de sus agentes más relevantes en investigación, innovación y formación de recurso humano altamente calificado.

El debate está abierto y por fin el Gobierno ha puesto sus cartas sobre la mesa. Estamos ciertos de que aparecerán otras con mucho mejor argumentación.

Es ahora cuando se espera la voz decidida de nuestros representantes regionales, de nuestros legisladores y autoridades, de nuestros diputados y senadores. Nuevamente es deseable una acción que sea capaz de situarse por encima de los intereses partidarios o conveniencias de coyuntura, instancias donde se pruebe el temple y compromiso con sus electores.