Propuesta normativa busca bajar entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación sectorial de proyectos e inversiones, sin decaer en los estándares medioambientales. Las expectativas del Ministerio de Economía son que iniciativa, que está en la Comisión de Economía del Senado, se apruebe pronto.
Los avances del proyecto de ley denominado de “permisología”, que impulsa el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y que se tramita actualmente en la Comisión de Economía del Senado, está en días claves para cumplir con las expectativas ministeriales de ser aprobado prontamente y así lograr acelerar proyectos de inversión ya identificados para la región del Biobío.
De acuerdo con el titular de la cartera de Economía, Nicolás Grau, la iniciativa busca disminuir entre un 30% y un 70% el tiempo de tramitación de los permisos para los proyectos de inversión sin que esto implique decaer en los estándares medioambientales de las propuestas y, además, reactive la economía y se creen empleos.
“En el último foro estratégico, se presentaron antecedentes en distintas dimensiones relevantes. Una, es agilizar los proyectos de inversión, es un trabajo muy importante. Nosotros tenemos identificados cuáles son los permisos sectoriales que se están demorando para cada uno de estos proyectos de inversión que están cerca de poder ser materializados y es un foco muy valioso del trabajo que estamos haciendo”, puntualizó Grau en relación al trabajo que se ejecuta en la Región como parte del Plan de Fortalecimiento de la Industria Regional y el Gabinete Procrecimiento, recientemente celebrado en la zona.
Cabe recordar, también, que Carolina Parada, secretaria ejecutiva del Plan de Fortalecimiento Industrial adelantó a este medio en diciembre de 2024 la vinculación directa entre el plan regional con el Plan Más Movilidad, para impulsar una cartera de 29 proyectos de infraestructura de transporte, cuya inversión total supera los 2 mil millones de dólares (MM$2.692.104). Este Plan de inversión es el más importante que ha tenido la región en el último tiempo. Es 7 veces más grande en términos de monto de inversión que el último gran plan de inversión en la región “BioVías” que nos cambió la cara como región elevando el estándar de conectividad”.
Así también, la secretaria ejecutiva del plan detalló que tienen priorizados 48 proyectos privados que suman más de 7 mil millones de dólares de distintos rubros. Lo interesante es que podremos hacer un match entre los titulares de esos proyectos y la OGP, que es la Oficina de Grandes Proyectos del Ministerio de Economía, que tiene un equipo de personas disponibles para poder atender y hacer seguimiento a todos los trámites que están en la ruta de los permisos, tanto del Servicio de Evaluación Ambiental como de los permisos sectoriales y esperamos con eso, se pueda ayudar a agilizar estas inversiones que repercuten en más empleo para la Región”.
Por su parte, Javier Sepúlveda, seremi de Economía, Fomento y Turismo de Biobío, actualizó los alcances y avances del proyecto de permisología en el Congreso Nacional. “El proyecto de ley que ingresó nuestro Gobierno a través del Ministerio de Economía, a inicios del 2024 a la Cámara de Diputados, y que tuvo un alto nivel de aprobación en el pleno de esta instancia, contempla la creación de un sistema marco de autorizaciones sectoriales”. Agregó que “actualmente, se encuentra en la Comisión de Economía del Senado con urgencia de discusión inmediata donde se avanza en su discusión y en que, semanalmente, el ministro (Grau) tiene que acudir a esta Comisión de la Cámara Alta junto a un equipo de esta misma cartera, para poder ir avanzando en la discusión, esperando que se apruebe al igual como ocurrió con la Cámara de Diputados”.
Concretamente, lo que será, una vez en régimen, según explicó el jefe de la cartera de Economía en la zona es reducir los tiempos de tramitación de permisos sectoriales, es decir, aquellos permisos que no corresponden a la evaluación ambiental, en un 30% a 70%, dependiendo del tipo de inversión o el rubro y tamaño de la inversión.
“Entonces, creará un sistema que hoy día no existe que se entiende como un conjunto de políticas e instituciones, normas y principios, para que se realice la correcta tramitación de las autorizaciones sectoriales con varios elementos muy relevantes”, dijo.
Por ejemplo, indicó Javier Sepúlveda, se organizarán las autorizaciones sectoriales en tipologías de proyectos o inversión “promoviendo siempre que la regulación sea fundada a partir del riesgo, por lo tanto, dependiendo del riesgo de la inversión, se clasificará en su tipología”.
También, agregó, permitirá la entrega de declaraciones juradas, cuando el riesgo de la inversión es mínimo, lo que no implica, aseguró, reducir los estándares ni las exigencias medioambientales. “Porque, de todas formas, después, hay un proceso de fiscalización que corrobore que se haya cumplido con lo que se establece en la declaración jurada”, dijo.
Otro de los aspectos explicados por el Seremi de Economía de Biobío es que, al mismo tiempo, este proyecto de ley, una vez en régimen, “incorporará formularios de ingreso y de admisibilidad, que deben ser utilizados en cada uno de los servicios y ministerios que entregan permisos, para que existan un límite a la discrecionalidad o arbitrariedad, por lo tanto, se pondrán límites a las esperas de los informes que evalúan o emiten otros organismos de la administración del Estado y, con plazos y reglas claras para el ejercicio del silencio administrativo, lo que hoy no se puede hacer”.
En otras palabras, una vez en régimen, las empresas y los inversionistas podrán tener reglas claras. Los demás servicios con los cuales deban tramitar sus permisos conocerán cuál es el proceso completo que están llevando a cabo la inversión, habrá límites a la arbitrariedad y, de esa forma, lo que se hace es velar por tener procesos transparentes en Chile para los trámites sectoriales que hacen las inversiones.
Al mismo tiempo, uno de los elementos nuevos que trae el proyecto de ley según el Ministerio de economía, es que se creará una Oficina de Autorizaciones Sectoriales de Inversión (OASI) que será una institucionalidad que velará por el correcto funcionamiento de este sistema. “Lo principal, es que será una herramienta de ventanilla única, una plataforma online, que ya existe, que se llama Super, que será para administrar y operativizar estos permisos sectoriales en plena coordinación con el resto de los organismos sectoriales, de manera de que, el inversionista pueda ver, en tiempo real, el panorama completo sobre dónde está su proyecto, cuáles son los servicios públicos que están teniendo un nudo crítico y, al mismo tiempo, los servicios públicos podrán ver en qué otros servicios del Estado el proyecto o inversión está también siguiendo la tramitación”.
De acuerdo con el representante del Ministerio de Economía en la Región, hoy día, por ejemplo, si se lleva un proyecto de inversión a un servicio determinado y ese servicio público no sabe que el mismo titular, con el mismo proyecto de inversión, está tramitando, también, otros permisos sectoriales en otros ministerios, esos son ciegos, porque cada uno se ocupa de lo que le compete en su parcela, “lo que implica retrasos y tiempos excesivos, entre otros”.
Entonces, con esta plataforma llamada “Super”, dijo Sepúlveda, tendremos una ventanilla única digital “para que los titulares puedan ingresar sus solicitudes y, al mismo tiempo, los servicios públicos estarán obligados, mandatados por esta ley, para modernizar sus sistemas de gestión internos, y si es requerido, que se transformen hacia la digitalización para que vayan incorporando sus procesos a esta plataforma Super. Eso, a modo de ejemplo, son algunos de los aspectos que incluye este proyecto de ley y que, por supuesto, va a beneficiar a todos los proyectos de inversión que tienen que tramitar algún permiso sectorial en algún ministerio o servicio público y, en el caso del Plan de Fortalecimiento Industrial, son todos los proyectos que, en sus distintas etapas del ciclo de vida, tienen que enfrentarse a este problema de excesivos tiempos, porque tienen que estar solicitando autorizaciones sectoriales en distintos servicios y esto incluye, no solo proyectos de inversión privada, sino que también a los públicos, que el Estado hace como, por ejemplo, proyectos del MOP o el MINVU”, concluyó.
