Mientras Ferepa dice que incremento propuesto de un 40% a un 43% para el sector artesanal resulta insuficiente, desde Pescadores Industriales de Biobío expresan que la Región pierde competitividad, valor agregado y vocación alimentaria.
El proyecto de ley de fraccionamiento, que busca establecer una nueva distribución de las cuotas de pesca entre el sector artesanal e industrial, acaba de ser aprobado en la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado y ahora pasará a la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta para que pueda llegar eventualmente a una comisión mixta.
Se trata de una iniciativa que no ha sido bien recibida por parte de gremios de la pesca del ámbito artesanal e industrial de la Región, quienes expresaron su descontento con el reciente avance de la propuesta de normativa.
Hay que recordar que por mayoría, la Comisión de Intereses Marítimos aprobó en general el texto legal que involucra a 19 pesquerías a lo largo del país.
Al respecto, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, señaló que “el proyecto de Fraccionamiento sigue avanzando. Despachamos el proyecto de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado y ahora vamos a pasar a la Comisión de Hacienda. Es importante, porque este fraccionamiento lo que hace es cambiar el corazón de la distribución de la actual Ley de Pesca, y esperamos poder tener este proyecto completamente tramitado en marzo de este año”.
Según publicó Subpesca en su sitio web, respecto a la pesquería del jurel, lo que se hizo fue fijar los porcentajes en tres zonas, sin rangos, algo que también fue solicitado durante la discusión del proyecto por parte de distintas organizaciones. De esta manera la distribución de cuota quedaría en el caso de Valparaíso a Los Ríos: 25% artesanal y 75% industrial; Los Lagos: 15% artesanal y 85% industrial; y las regiones de Atacama y Coquimbo quedarían con 25% artesanal y 75% industrial.
Por otra parte, la distribución entre Arica y Parinacota y Antofagasta del recurso jurel quedaría con rango entre 10%/20% artesanal y 90%/80% industrial. Este mecanismo implica que, si la industria no cumple con la captura efectiva de su asignación del año anterior, el fraccionamiento inicial planteado para el sector pesquero artesanal podrá aumentar un 5% anual cada vez, teniendo como techo el límite superior del rango y dejando explícito que el sector no tendrá menos que el piso que se plantea para cada área.
Cristián Arancibia, presidente de la Federación Regional de Pescadores Artesanales, Ferepa Biobío, en relación a la recién aprobado en el Senado, expresó que ven con preocupación que las recientes decisiones pues “han reducido significativamente los porcentajes asignados a la pesca artesanal en los recursos de merluza común y jibia. Aunque entendemos que, en el caso de la merluza común, la cuota aprobada por la Cámara de Diputados podría ser considerada excesiva, es claro que el incremento propuesto por los senadores de un 40% a un 43% para el sector artesanal resulta insuficiente. Esto no solo afecta directamente a los pescadores artesanales, sino que además pone en riesgo la sostenibilidad de este recurso en los próximos años”.
Sobre lo que viene, Cristián Arancibia manifestó que esperan que en la sala del Senado “se puedan corregir estos retrocesos que perjudican a la pesca artesanal y que, posteriormente, en la Comisión Mixta, se logre un acuerdo que permita garantizar tanto la preservación de las especies como la continuidad de una actividad fundamental para miles de familias. La sostenibilidad de los recursos pesqueros debe ir de la mano con la justicia social y el reconocimiento del valor de quienes trabajan en el sector artesanal”.
Por su parte, Macarena Cepeda, presidenta de Pescadores Industriales de Biobío, apuntó que “hoy la región del Biobío, capital pesquera de Chile, pierde competitividad, valor agregado y vocación alimentaria producto del fraccionamiento aprobado para el Jurel en la Comisión de Pesca del Senado”.
También, fue crítica con el Ejecutivo al indicar que “la persistencia del Gobierno en el tema de las subastas, y la imposibilidad de la comisión de hacer indicaciones en esta materia, pese a que esa era su voluntad, muestra poca consideración por el Estado de Derecho y las normas que protegen las inversiones en esta industria. Como lo han señalado importantes abogados de la plaza, la imposición de dicho mecanismo es expropiatorio e inconstitucional”.
Cepeda añadió que “como si fuera poco, los atisbos de licitación efectuados en Chile en el pasado han tenido un resultado nefasto, contrario a lo que se pretendía buscar, promoviendo finalmente la mayor concentración en menos actores, desalentando la competencia y los incentivos para invertir. En ninguna parte del mundo con industrias pesqueras relevantes se utiliza este mecanismo. De aprobarse esto, Chile pasará a ser una rareza de la industria pesquera mundial, con resultados y consecuencias irreversibles, y cuyo daño será irreparable”, concluyó.