Mientras voces locales critican el anteproyecto, Hacienda defiende el proceso y destaca su potencial para guiar políticas económicas sostenibles con el medio ambiente.
Por Eduardo Bascuñán
Clasificar cuáles son las actividades económicas que tiene Chile, que sean sostenibles y cuiden el medio ambiente, es el objetivo del anteproyecto presentado por Hacienda, cuyo formulario en línea para participar con observaciones estará disponible hasta el próximo 31 de enero.
La idea genera división entre diferentes actores sociales en el Biobío. Con solo 30 días de consulta, podría definirse un futuro proyecto de ley que crearía una clasificación de las inversiones en todo el territorio nacional.
Ante esto, agrupaciones medioambientales, economistas y autoridades analizan las implicancias del proceso.
En 2019, durante el gobierno de Sebastián Piñera, se iniciaron gestiones para establecer un Acuerdo Verde, idea que más tarde derivó en la Hoja de Ruta para una Taxonomía en Chile.
En 2022, el Comité Preparatorio del proyecto, compuesto por el Ministerio de Medio Ambiente, el Banco Central de Chile y la Comisión para el Mercado Financiero, diseñó la Estructura del Sistema de Clasificación o Taxonomía de Actividades Económicas Medioambientalmente Sostenibles para Chile. Este documento quedó listo en agosto de 2023.
Desde el 31 de diciembre de 2024 hasta el 31 de enero de 2025, está habilitado el proceso de participación ciudadana. Mediante un formulario en línea, se busca recoger opiniones de la comunidad empresarial, organizaciones sociales y académicas para confeccionar una clasificación de inversiones o actividades económicas acorde a la realidad chilena y sus normativas medioambientales.
Particularmente, se pretende conocer inquietudes respecto a los criterios técnicos de selección de actividades elegibles para tal clasificación.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, declaró a un medio nacional que “la lógica es reducir costos de transacción. La demanda por productos, inversiones e instrumentos financieros sostenibles medioambientalmente es creciente, lo que representa un beneficio tanto para quienes desarrollan esa actividad como para quienes puedan obtener también un premio por realizarla de esa manera”.
Asimismo, el seremi de la misma materia en el Biobío, Sebastián Rivera, aclaró que este futuro proyecto de Ley, “establece criterios comunes para definir qué actividades económicas son medioambientalmente sostenibles. Esto no es un conjunto de requisitos obligatorios respecto del rendimiento medioambiental de empresa o producto, y tampoco es una regulación, aunque puede servir de referencia para un marco regulador”.
Respecto de los objetivos verdes que tiene Hacienda, Rivera, afirmó que “la taxonomía tiene objetivos de mitigar el cambio climático, ser parte de la adaptación al cambio climático, usos sostenibles de recursos hídricos y marinos, transición hacia una economía circular, prevención y control de la contaminación y conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad”, aseveró.
Por lo que entonces, cualquier actividad económica que esté acorde con estos objetivos, permite una definición clara de que la actividad económica que se está ejerciendo es medioambientalmente sostenible, tanto para sectores productivos como para los sectores financieros.
En ese sentido, las empresas que se puedan clasificar dentro de la taxonomía estipulada, “fomentará la eficiencia en los mercados mediante un lenguaje común y que además, tiene una base científica. (…) Actualmente no existe una clasificación de este tipo, de modo que nos servirá para identificar qué proyectos de inversión son sostenibles medioambientalmente y también permite al sector productivo que está haciendo inversiones en sostenibilidad acceder al financiamiento y oportunidades que vayan orientada hacia una inversión verde”, agregó el representante de Hacienda en el Biobío.
En relación con el proceso de participación ciudadana, organizaciones medioambientales critican la falta de información y poca divulgación del anteproyecto. Asimismo, observan que el ente estatal, relativo a medioambiente debiese pronunciarse más en profundidad al respecto.
De esa forma, Martín Sanzana, integrante de la Articulación de Organizaciones Socio ambientales del Biobío, aseveró que “actualmente, los ministerios del área económica están siendo muy activos en asumir políticas medioambientales o instrumentos medioambientales”; situación que según su postura, no necesariamente debería ser así.
“Observemos por ejemplo, la situación del Plan de Fortalecimiento Industrial (PFI) del Biobío. Es una iniciativa del Ministerio de Economía, pero no es posible que un ente de esa categoría, defina qué es sustentabilidad medioambiental”, comentó.
Para Sanzana, “la herramienta podría ser una herramienta útil, pero también podría ser una puerta para saltarse las evaluaciones y definir de antemano por secretaría, la sostenibilidad de actividades que no corresponden, por ejemplo la agricultura, la horticultura, que si bien, puede ser sostenible, pero si es muy intensiva y usa mucho químico o introduce variedades transgénicas, entonces no es sostenible. Son muchos los matices que hay que observar en el avance de este tipo de proyectos”.
El medioambientalista identificó tres puntos clave para la consulta: la participación más activa del Ministerio de Medio Ambiente, el aporte de información científica desde la academia y la garantía de que las opiniones ciudadanas sean consideradas.
En una línea similar, Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), afirmó que la poca divulgación de información junto al acotado plazo para ingresar observaciones es un punto de crítica del proceso.
“Con la cantidad de desinformación que hay, en realidad no debiera ser una consulta que legitime nada, porque se convoca sobre la marcha. El Ministerio de Hacienda sacó un comunicado convocando a esto el 2 de enero, pero en ese momento ya está corriendo el plazo de la consulta. Por lo tanto, desde que la gente se informa, sabe de qué estamos hablando, lee la documentación generada y las posibilidades de ejercer una participación sustantiva en estos procesos, realmente es dudoso”, agregó el director de OLCA.
Además, también observa como problemático que entidades estatales, meramente financieras, adhieran a temáticas medioambientales. “Todos estos proyectos, tenemos que ponerlos en el contexto en el que se está buscando desregular la normativa ambiental, con este discurso de la ‘permisología’. A la fecha, hay dos proyectos de ley que están tratando de desregular el sistema normativo de la institucionalidad ambiental y que aparezcan este tipo de propuestas es para debilitar aún más la institucionalidad ambiental, la cual ya está bastante fragilizada”, concluyó Cuenca.
Aun así, este tipo de herramientas tiene buena llegada con la academia, sobre todo, económica. Desde donde proyectan desafíos a la futura moción.
Desde la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FACEA) de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), el docente, Dr. Cristian Guzmán, aseveró que “más que tener una taxonomía para la región del Biobío, ya que la propuesta es tener una definición nacional, lo relevante es mirar en qué actividades económicas de la Región es más relevante. Y en ello vemos que están el sector de la manufactura, pesca y acuicultura, como también los suministros de agua y electricidad”.
“El ordenamiento debe ser en reunión de la relevancia de estas actividades en la generación del Producto Interno Bruto (PIB) de la Región, el nivel de empleo que tiene, como también, los encadenamientos productivos que tenemos.
Esta información se puede cruzar con el Plan de Fortalecimiento Industrial que ya define potenciar el sector manufacturero, pesca, hidrógeno, industria agroalimentaria. Lo relevante es que la taxonomía sea una herramienta para las decisiones y no una decisión más”, aclaró el docente.
La iniciativa, según el Dr. Guzmán, es una buena herramienta ya que estandariza la información sobre cómo desarrollar inversiones sostenibles y además, genera más información para los procesos de decisión de inversión.
Dentro de una lógica similar, el profesor miembro del Departamento de Administración de la FACEA de la Universidad de Concepción, Dr. Ariel Yévenes, aseveró que “sistema de clasificación que ayude a clarificar y clasificar qué inversiones y actividades económicas son sostenibles resulta interesante y útil en contextos que requieren clarificación de inversiones”.
No obstante, el académico UdeC, consideró que “la problemática que se puede generar al respecto es la necesidad de establecer paralelamente un sistema que normalice el proceso de actualización permanente. Ello, toda vez que en la actualidad la economía y los mercados son ámbitos sociales esencialmente dinámicos y muy cambiantes, incluso en periodos de corto plazo, donde se emergen nuevas actividades que no necesariamente serían potencialmente consideradas en la clasificación inicial”, expresó Yévenes.
Dicho lo anterior, el economista explicó que “una forma de poder atender a lo anterior es generar una clasificación lo suficientemente flexible y amplia, para no generar información muy parcial, excluyente o incompleta respecto de las innovaciones que emergen”.
“Sin embargo, con mucha amplitud inicial, el objetivo de generar información específica lo suficientemente íntegra y estratégica respecto de inversiones concretas y coyunturales, puede perderse en su efecto clarificador que se busca”, concluyó.