En el décimo mes se registraron 4.902 contratos que involucraron a 7.106 trabajadores mientras que el acumulado 2018-2024 llegó a 10.511. Evidenciaría eficiencia de la Ley de Inclusión (21.690) y sus modificaciones de agosto.
Un avance significativo de casi un 50%, según datos de la Dirección del Trabajo, tuvo el registro de contratos de personas con discapacidad en Biobío en el mes de octubre del presente año, así lo confirmó la seremi del Trabajo y Previsión Social de Biobío, Sandra Quintana.
Así, en el décimo mes de este año, se registraron 4.902 contratos que involucraron a 7.106 trabajadores, mientras que el acumulado 2018-2024 llegó a 10.511 lo que evidenciaría la eficiencia de la Ley de Inclusión (21.690) y sus modificaciones, realizadas en agosto del presente año en la visión del Ministerio del Trabajo en la zona.
“La cantidad de empresas que reportan en Biobío, es decir, que tienen una casa matriz en la Región, son 270. Estas firmas tienen una cantidad de 2.496 contratos registrados (personas contratadas) en 2024. Los contratos de personas con discapacidad (capacidades diferentes) o asignatarios de pensión de invalidez, registrados en la Región, son 10.511 acumulados desde que entró en vigor la ley en 2018 a la fecha (2024), que involucraron a 7.993 trabajadores”, dijo Sandra Quintana.
“Aquí es relevante señalar que solo en octubre de este año tuvimos registrados 4.902 contratos que involucraron a 7.106 trabajadores (con capacidades diferentes), esto es, casi un 50% más de los contratos registrados acumulados desde el 2018 a la fecha, lo que significa que la ley y sus modificaciones han servido para empujar más cupos de empleo para personas discapacitadas” afirmó la misma jefa de la cartera de Trabajo y Previsión Social en la zona.
Respecto de quiénes utilizan la posibilidad de desviar el 1% establecido en la norma para cumplir con la ley a través de empresas contratistas o mediante la Ley de Donaciones, “en el año 2024 tenemos 2.914 empresas de las 3.694 que no requieren ningún tipo de medida alternativa, es decir, contrataron en forma directa a trabajadores y hay más de 580 firmas que usan la Ley de Donaciones, donde las restantes tercerizan a través de empresas contratistas. Todas las empresas declaran que tienen gestor de inclusión registrado” detalló la seremi del Trabajo.
Desde el Ejecutivo se explicó que los cambios de la Ley de Inclusión, en cuanto a sus obligaciones, tienen que ver con la cuota de contratación, en que empresas de 100 o más trabajadores deben contratar, al menos, el 2% de personas con discapacidad, lo otro, es que las sanciones de las multas de 20 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) para las medianas y 30 UTM para las grandes empresas, éstas serán aplicadas en el mes que exista la infracción.
Además, mencionaron que, en la distribución de la donación de aquellas empresas que estén obligadas, no podrán destinar más del 50% de esos recursos que deben aportar, a una misma organización. “Antes era el 100% a una sola organización, que debe estar en un registro de donatarios del Ministerio de Desarrollo Social. Y lo último, es que la descentralización de las donaciones, en que estos recursos no tendrán que ir solamente a la región Metropolitana y abre la puerta para que sean otros proyectos los beneficiados con montos y que no tengan estar necesariamente en la Metropolitana”, dijo la seremi del Trabajo. Cabe señalar que a partir de 2025 sube la cuota de contratación de personas con capacidades diferentes a un 2% y que los objetivos de las modificaciones de la normativa son superar barreras, promover la igualdad de oportunidades, generar ambientes laborales diversos, entre otros.
En cuanto a los sueldos de las personas con contrato registrado en la DT, la mandamás del Ministerio del Trabajo en la zona se confirmó que la remuneración imponible de los contratos registrados bajo esta ley en la Región, a octubre de 2024, en hombres, fue de $ 626 mil y, para las mujeres, de $ 598 mil donde el promedio fue de $616 mil, por sobre el salario mínimo.
Sobre las denuncias por incumplimiento de la ley en el país hubo solo 24 denuncias y en la región cero este año y las fiscalizaciones a nivel nacional fueron 69 este año según indicaron desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Aurora Valencia Varela, cumplirá el próximo año 20 años de labores como administrativo de la Oficina de Partes en la empresa Essbio y contó que fue la primera en llegar a la firma. Al momento de entrar en vigencia la Ley de Inclusión (2018), era única que poseía su carné de discapacidad, pero, actualmente, ya son más de 10 las personas con discapacidad las que han ingresado a trabajar.
En su experiencia, Valencia Varela dijo que “hasta el momento la Ley de Inclusión ha funcionado bien porque a mí me ha favorecido, ya que se hicieron una serie de modificaciones que me ayudan a realizar mi trabajo desde acceso a los baños hasta un mejor trato de mis compañeros de labores donde llevo casi 20 años trabajando acá y después que salió la ley, ya no soy la única, hay como 10 personas más que ingresaron que también tienen discapacidad”.
En tanto, Silvia Vargas, artista visual e integrante de la Asociación Renacer de Ciegos de San Pedro de la Paz en cuyo municipio trabajó durante unos años, expresó respecto de la Ley de Inclusión que “todavía falta mucho por difundir y aplicar, principalmente, desde el mismo Gobierno y Estado desde el punto de vista de la accesibilidad ya al entrar a las páginas web del Gobierno, no son muy accesibles que digamos, entonces, en el ámbito de la accesibilidad, primero se le exige a los privados, pero no al Estado, y ahí, creo que existen una falencia bastante grande”.
En cuanto a si ha percibido una mayor contratación de personas con discapacidad, Silvia Vargas manifestó que “paradójicamente, la empresa privada tiene más interés en contratar a personas con discapacidad bajo la ley de inclusión laboral, el tema es, y lo digo con mucha responsabilidad, que los gestores de inclusión que intermedian la colocación con las empresas, penosamente, no sé si estarán realizando un trabajo efectivo. Lo comento, porque muchas fundaciones buscan la colocación laboral, pero también buscan el aporte económico de las compañías si no pueden concretar la colocación laboral. No digo que todas las fundaciones lo hagan, pero es una brecha en la que hay que trabajar fuerte también”, concluyó.