Empresas contaminantes no podrán reducir sus pagos tributarios por emisiones de Co2. Ejecutivo valoró aprobación de indicaciones en proyecto que amplía beneficio frente a alza de la electricidad.
Por Eduardo Bascuñán
La discusión parlamentaria para ampliar el subsidio eléctrico avanzó de manera significativa esta semana. Es que en la Comisión de Minería y Energía se aprobó una sobretasa provisoria del impuesto verde que deben pagar algunas empresas a raíz de sus emisiones de CO₂ en territorio nacional.
Con esta moción, se establece un pilar fundamental para el financiamiento y posterior ampliación del aporte estatal, el cual, a raíz de las alzas programadas en las cuentas de la luz, busca disminuir el impacto al 40% más vulnerable. Hasta el momento, son más de 2 millones de familias beneficiadas.
Esto ha causado dificultades para continuar con los demás pilares de financiamiento, dado que el 50% del total de personas que podrían postular, no han realizado el proceso.
En ese contexto, el seremi de Energía (s) del Biobío, Pablo Pinto, aseveró que “esto permite viabilizar recursos del orden de los US$70 millones anuales por tres años. En órdenes de magnitud, esto es equivalente a cerca de 1 millón de subsidios adicionales, o en el caso de que procedamos con la modalidad de los techos solares, del orden de los 50.000 hogares por año, particularmente dirigidos a la clase media”.
En específico, la sobretasa provisoria del impuesto verde forma parte de los Cargos de Fondo de Estabilización de Tarifas (Cargos FET) y, según dispone la indicación, desde 2025 al 2027, las empresas que generen electricidad con una capacidad mayor a 200 mega watts tendrán que pagar un cargo extra por cada kilovatio hora (kWh) de electricidad que venden a otras empresas distribuidoras o clientes finales.
Profundizando un poco más, el nuevo cargo expresa que durante 2025 el aumento será de 1 peso por kWh; en 2026 este disminuirá a 0,8 pesos por kWh, para terminar en 2027 con un cargo extra de 0,6 pesos por kWh.
Ahora bien, se ha establecido que históricamente el sector Energía ha sido el principal emisor de CO₂ en el Biobío. En este ítem se considera la quema de combustibles para transporte terrestre, ferroviario, marítimo, aéreo, generación eléctrica para industrias y edificaciones comerciales, públicas y residenciales. Tan solo en 2020 este sector produjo cerca del 80% de las emisiones.
Ante ello, una serie de resoluciones medioambientales han fijado incluso nuevas entidades técnicas de fiscalización ambiental para el 2024. Para ello, se contó con un presupuesto total de $119 millones para concretar 10 investigaciones en todo el territorio nacional.
Este instrumento tributario busca reducir las emisiones atmosféricas contaminantes por parte de las industrias. Vale decir que este impuesto comenzó a implementarse el 2018 como un método de hacer pagar a las empresas por las contaminaciones que realizan en los territorios.
En definitiva, lo que produjo esta reforma tributaria y medioambiental, es que las empresas hayan tenido que actualizar sus tecnologías y mejorar sus procesos industriales para no tener que pagar tanto.
Según el Ministerio de Energía, en la Región del Biobío se aportaron 5,9 millones de dólares, o sea cerca de $5.723 millones, de recaudación por impuesto verde durante la Operación Renta 2024 por las emisiones correspondientes a su operación en 2023.
En detalle, Energía entregó los nombres de empresas y cifras respecto de las centrales gravadas por impuesto verde.
Colbún, Central Santa María pagó 5,5 millones de dólares; Colbún, Central Los Pinos aportó con 279 mil dólares; la empresa SAGESA, Central Coronel pagó impuestos verdes por 106 mil dólares; la firma Los Guindos por su parte con la Central Los Guindos, pagó 43 mil dólares y finalmente, la empresa Generadora Metropolitana, Central Santa Lidia, ubicada en Cabrero, pagó 39 mil dólares por el gravamen medioambiental.
Esta sobretasa transitoria no será considerada como parte de la tasa impositiva a las emisiones de CO₂ establecido por dicha ley para efectos de cualquier indexación asociada a dicho concepto. Los contribuyentes no podrán utilizar las compensaciones de emisiones a través de proyectos de reducción de estas para reducir ni total ni parcialmente el pago de la sobretasa transitoria establecida.
“Es importante destacar que el monitoreo, reporte y verificación de las emisiones de CO₂ están a cargo de la Superintendencia de Medio Ambiente”, se aseveró desde el Ministerio de Energía.
En definitiva, este impuesto extra es independiente y no admite mecanismos usuales de reducción o ajustes. Esto quiere decir que no será parte del impuesto regular por emisiones de CO₂, lo que significa que no incluirá en cómo se calculan los ajustes o indexaciones que dependan de aquel impuesto.
También, es importante recalcar que los contribuyentes (empresas) no podrán usar proyectos de compensación de emisiones, como plantar árboles o invertir en energía renovable, para reducir o eliminar el pago de esta sobretasa. Según la indicación aprobada por la Comisión, estas firmas tendrán que pagar la sobretasa en su totalidad, sin descuentos por acciones compensatorias. Esto, durante el tiempo que dure.
El seremi de Medio Ambiente del Biobío, Pablo Pinto, agregó que “existen dos planes de descontaminación en el Biobío, uno particularmente para el estudio de la calidad del aire Metropolitano de Concepción, el cual comprende 10 comunas de la Provincia de Concepción, y además un plan que está activo en Los Ángeles”.
“Hay medidas que restringen ciertos procesos productivos que tienen algunas industrias que tienen mayor nivel de emisión, y eso está todo medido y fiscalizado a través de la superintendencia ambiental, son quienes fiscalizan que esas medidas se consideran. Entonces, se realiza un seguimiento permanente también a las emisiones que realizan las distintas industrias y se van también estacionando en el caso de que haya incumplimiento a propósito de los planes de descontaminación”, concluyó el seremi de Medio Ambiente.
De hecho, otra de las indicaciones aprobadas versa particularmente respecto de la inversión para empresas que inviertan en paneles solares. Esto, a raíz, de la propuesta parlamentaria al ministro Pardow para ingresar a los paneles fotovoltaicos como una alternativa para utilizar los dineros recaudados y que no se utilicen en la entrega de subsidios eléctricos.
Se trata de créditos fiscales para las empresas de energía solar. El mencionado artículo establece un crédito tributario, o bien dicho, un beneficio fiscal para aquellas empresas que inviertan en paneles solares para producir su propia electricidad. Este anticipo fiscal será de un 25% de la inversión realizada, pero, aun así, tiene ciertos requisitos para acceder.
Primero, la empresa debe estar registrada y cumplir con algunos requisitos fiscales; además, el crédito no puede ser superior a mil unidades de fomento (UF), además, el anticipo fiscal solo se aplicará si la empresa utiliza la electricidad producida para sus propias actividades económicas.