La deuda previsional de la región del Biobío bordeó los $ 2 mil millones de pesos a diciembre del año pasado según indicó el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, de visita a la Región, en el marco de las actividades conmemorativas del centenario de la institución.

Tras participar de una serie de actividades conmemorativas que incluyó una charla en la Universidad de Concepción, el subsecretario de Previsión Social, de amplia trayectoria en el servicio público, adelantó, además, la presentación de un proyecto de ley para la presente semana que busca modificar la calificación de enfermedades profesionales.

Se trataría de una norma largamente esperada por el mundo del trabajo. Así mismo, explicó la estrategia para disminuir la deuda previsional en que la reforma de pensiones sería clave y detalló avances y desafíos en materia previsional, salud y seguridad en el trabajo, entre otros.

-¿Cuáles son las cifras de deudas previsionales en la región y el país?

-En las deudas previsionales no hay que olvidar que los empleadores tienen la facultad de declarar lo que son las cotizaciones de sus trabajadores, pero no pagarlas, sino que tienen un plazo de 180 días, de 6 meses, para efectuarlo. Lo que hace hoy día el sistema es que a los trabajadores se les descuenta el 10%, que corresponde a las cotizaciones previsionales y es el empleador el que las entera o las paga en la respectiva administradora de fondos de pensiones (AFP). Lo que ocurre es que, finalmente, a veces, eso se olvida o ,simplemente, no se hace y es eso lo que pasa a constituir las deudas previsionales. Hoy día tenemos una cantidad cercana a los 18 mil millones de pesos (MM$ 17.874.803) a nivel país y en la región del Biobío son alrededor de 2 mil millones de pesos (1.926.143 millones) en que Biobío representa el 10,8% del stock a nivel nacional a diciembre de 2023.

Hay que decir que esta deuda previsional en su gran mayoría corresponde a una situación de larga data donde solo el 5% de esta deuda tiene menos de 5 años lo que es un factor a considerar porque es una deuda de más dificultad para su recuperación. También, hay que mencionar que esta es una deuda en que hemos tenido una serie de conversaciones con empresas de distintos tamaños para ver cómo resolverla, en que el Estado está proponiendo un cambio en la tasa de interés que aplica sobre esta deuda porque la que se aplica es una que equivale a la más alta convencional, es decir, la más alta del mercado, pero además lleva un 50% de recargo, entonces, de la deuda que estamos hablando, menos del 15% corresponde al capital y todo lo demás son reajustes y recargos, intereses y multas. Pero, tratándose de una deuda que no es común, sino que es dinero que le fue descontado a los trabajadores, esa plata no pertenece al Estado ni a los empleadores, por lo tanto, no se puede condonar ni existir un perdonazo respecto de esa deuda.

Lo que el Estado puede hacer y que proponemos en el proyecto de reforma previsional, es cambiar el régimen de intereses y de multas, con una tasa de interés mucho más de mercado, por así decirlo, no el máximo, ni con una recarga y poder condonar las multas.

-¿Qué beneficios concretos propone el proyecto de ley de pensiones?

– Por una parte, hay una propuesta nuestra y creo que hay consenso. Quizás, hay un poco de diferencia en los temas de financiamiento, que es incrementar la pensión garantizada universal a $ 250 mil, cuando hoy día está en $214.296 ( alza de $ 35.704) que en enero próximo (2025) va a reajustarse por el IPC, pero la propuesta es que llegue a $ 250 mil, que es un valor que supera la línea de la pobreza, que es una medición efectuada por organismos académicos y estadísticos que hoy está situada en torno a los $ 230 mil.

-¿Cuál es el universo proyectado que se vería beneficiado con una eventual alza?

-Será una ayuda para más de 2,2 millones de personas. Hoy, son quienes reciben la pensión garantizada y está todavía por resolverse si esto será totalmente universal, es decir, que llegue al 100% de las personas o se mantenga en el valor que está hoy día que es del 90% de la población.

-¿Cuáles son los principales avances y desafíos de la seguridad en el trabajo en estos 100 años?

-Chile ha hecho de la seguridad social una política que se refleja en varias acciones en que particularmente este año hemos dados varios pasos en esa dirección. En 2012 tuvimos una primera Política Nacional de Seguridad Social en que a raíz del accidente de la Mina San José, se ratificó el convenio con la OIT que fue construir la primera política en la que participé y que abarcó desde 2016 al 2020 y se dieron pasos muy importantes en materia de accidentes del trabajo con la reducción de fatalidades, pero todavía esta política necesitaba ciertos ajustes y, en este momento, ya se aprobó la segunda versión de la política nacional que regirá desde 2024 al 2028 y que pone metas más exigentes en materia de accidentes y enfermedades profesionales.

En accidentes estamos previendo o queriendo bajar de 2,7% de accidentes en 2023 a un 2,3% en 2028 que puede parecer poco pero la verdad es que no lo es.

Lo que enfatiza la política nacional es la cultura de la prevención, por ejemplo, uno de los accidentes que ha costado bajar son los de trayecto donde hemos estado pegados en torno al 1% por años y queremos llegar a 0,8%.

-¿Y en el caso de las enfermedades profesionales?

-La próxima semana ingresaremos un proyecto de ley de accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales y, particularmente, en la metodología de calificación de enfermedades profesionales. Ahí, históricamente ha habido una suerte de disputa respecto al origen de la enfermedad, si es laboral o común. La ley en su artículo 7 es enfática en decir que debe existir una relación directa y en algún tipo de enfermedades esto no es tan fácil, particularmente, en las de carácter mental, que son hoy el 65% de las enfermedades profesionales. Para resolver esto que históricamente se le ha llamado el problema de juez y parte, estamos proponiendo un proyecto de ley que modifica el sistema de calificación creando una instancia técnica autónoma con profesionales que no dependerían del organismo administrador, es decir, de las mutuales, que si bien son financiados con cargo al seguro, serían contratados por la Superintendencia de Seguridad Social para efectuar la calificación de estas enfermedades profesionales. Junto con ello, se crea un organismo de reclamaciones en que la Superintendencia no sería la instancia de reclamación sino que, este otro organismo autónomo, compuesto por médicos especialistas en materia de salud laboral seleccionados mediante concursos.

Este cambio, que es a mi juicio largamente esperado por trabajadores y trabajadoras, debiera modificar de alguna forma los mecanismos de calificación de enfermedades profesionales que es donde tenemos el problema, no lo tenemos en los accidentes porque son mucho más claros en su origen, como dije la gran mayoría son enfermedades de carácter mental seguidas por las enfermedades músculo esqueléticas y, en tercer lugar, las respiratorias.

-¿Cómo aplica la ley Karin en el caso de los trabajadores forestales?

-Hemos estado conversando mucho con empresarios forestales, porque a veces hay razones de seguridad pública, en que no pedimos que las empresas se hagan cargo de la seguridad pública, sino que cuenten con protocolos para cómo reaccionar ex post, después de ocurrido el hecho y poder apoyar el impacto psicológico que esos trabajadores reciben en una situación como esta.

-¿Cómo es el libro conmemorativo de los 100 años de previsión social?

-Tenemos un tiraje de 1.800 ejemplares que lo pensamos en su momento sabiendo que venía el centenario donde no fue solo el libro sino que varias actividades como un sello postal que lanzamos la semana pasada. También lanzamos un concurso de tesis de pregrado de la carrera de Derecho en su último grado dirijan sus tesis a temas de la seguridad y los estamos premiando alrededor de una veintena de tesis.

El libro es bastante detallado en una serie de temas que se van olvidando contenido en alrededor de 120 páginas divido en capítulos bien ilustrados que se distribuyen a través de las seremías del Trabajo de cada Región.