Mientras que la iniciativa avanza en el Congreso, dirigentes locales manifiestan su natural preocupación sobre las propuestas para la captura de la merluza común.
Por Josefa Martin Salas
La Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados aprobó con unanimidad el proyecto de ley que fija un nuevo fraccionamiento entre el sector pesquero artesanal e industrial, reduciendo en un 50% la cuota de participación del sector industrial en la captura de la merluza común, del 60% al 30%.
El proyecto busca generar una equidad entre el sector industrial y el artesanal. Además, se busca proteger a la merluza de la situación de sobreexplotación en la que se encuentra, quitando participación al sector industrial.
Sin embargo, es necesario considerar el impacto que la medida tendría en la actividad pesquera de la región del Biobío. Ricardo Flores, presidente del Sindicato de Tripulantes de Naves de Arrastre, aseguró que la disminución del 30% de la cuota de participación reduciría en un 30% el sueldo de los trabajadores de la merluza, ya que los barcos de pesca industrial no operarían durante todo el año.
El dirigente sindical expresa su preocupación por el proyecto, afirmando que “la empresa tendrá que ver si para ellos es rentable capturar sólo el 30%, y si ellos deciden que no es rentable, van a cerrar la empresa, vamos a quedar todos nosotros cesantes y no vamos a tener dónde trabajar”.
Además, Ricardo Flores expresó su preocupación por el empleo del sector, ya que “por las condiciones climáticas en la octava región, los artesanales no siempre pueden salir a pescar, por lo tanto el abastecimiento de las plantas no está asegurado como sí está asegurado con los barcos de la empresa que son grandes, entonces va a haber fechas donde no va a haber pescado. ¿Cómo le va a pagar la empresa a la gente que trabaja en el proceso del pescado?”.
El presidente del Sindicato de Tripulantes de Naves de Arrastre concluyó que “estamos muy desesperados con este tema, porque vemos que nadie nos escucha y sabemos lo que viene, porque ya lo hemos vivido”, refiriéndose a la situación vivida anteriormente con la jibia.
Juan Carlos González, presidente del Sindicato de Capitanes de Pesca, asegura que la región del Biobío recibiría sólo un 23% del fraccionamiento de entre todas las regiones.
El presidente del Sindicato de Capitanes de Pesca explica que “hay un tema de desconocimiento profundo de quienes hoy en día están legislando, de la realidad de una región que ha sufrido fuertes golpes como la paralización de actividades de la siderúrgica Huachipato y una fuerte baja en la empleabilidad, lo que hace aumentar la tasa de desempleo”.
También dijo estar decepcionado ante el trabajo del congreso, diciendo que “eso es lo que más duele, que parlamentarios de la región, que se supone que tienen que defender los intereses de la región, no conozcan el tema en profundidad y se lo tomen tan a la ligera y lo ideologicen. Es sencillamente decepcionante”.
“Yo creo que van a haber movilizaciones, y es triste que sea así, porque se supone que estas cosas se deben solucionar conversando. Pero vamos a tener que nuevamente salir a la calle”, concluye el dirigente.
De promulgarse la ley, se estima que más de 2 mil 500 personas verían afectados sus empleos, similar a como pasó con la ley de la jibia.
Es que según Flores, esto responde a quienes realizan labores a bordo, plantas de proceso, contratistas, descarga, operadores de grúa, etc, a nivel regional.
La merluza es una de las especies que cada año pasa septiembre en veda. Durante su duración este año, el Servicio Nacional de Pesca y Agricultura (Sernapesca) fiscalizó a nivel nacional 191 toneladas de merluza común con su acreditación legal. Además, incautó un total de 3,89 toneladas que no contaban con ella.
Sernapesca detalló que “durante la aplicación de la veda de la merluza se realizaron 41 operativos de fiscalización, de los cuales en el 63% se contó con la participación de instituciones integrantes de la Red Sustenta como Armada, Carabineros, SII y Salud”, en el país.
A propósito de la jibia, tras la moción presentada por los senadores Gastón Saavedra, Sebastián Keitel y Enrique Van Rysselberghe, que buscaba restablecer la pesca industrial del producto en el Biobío, ésta fue declarada inadmisible por el Senado.
La propuesta de modificación contemplaba permitir la captura con arrastre y cerco en la Región, y además buscaba transformar los permisos de pesca de la jibia en Licencias Transables de Pesca.
Ante esta decisión, el senador Saavedra (PS), se refirió al rechazo del proyecto que buscaba permitir la captura del molusco por arrastre de media agua y cerco, destacando su compromiso con la presentación de una nueva iniciativa legislativa que aborde las cuestiones inconstitucionales señaladas.
“Presentaremos un nuevo proyecto en donde efectivamente salvemos la cuestión inconstitucional que tiene que ver con las patentes por extraer la jibia. Nosotros no podemos levantar iniciativas que tengan que ver con el gasto del erario nacional o los ingresos públicos, por lo tanto, eso lo mejoraremos en el proyecto y lo incorporaremos,” afirmó el senador Gastón Saavedra.
Asimismo, señaló que la distribución de la pesca no se está alterando con la nueva propuesta. “Advertir además que nosotros no estamos cambiando la distribución de la pesca; el 80% en el caso del recurso jibia es para el sector artesanal y el 20% es para el sector industrial y eso no ha cambiado,” agregó.