Se trata de los registros desde 2022 hasta julio de este año, de acuerdo a la Policía de Investigaciones. “Falta contención respecto a personas que han sido víctimas de una estafa o fraude bancario”, plantean desde la Fojucc.
Por Josefa Martin Salas
Las estafas telefónicas son un delito cada vez más presente, y que ha ido en aumento durante los últimos 2 años en el país, con un total de 9 mil 421 denuncias a nivel nacional.
De estas 927 corresponden a la Región del Biobío, desde 2022 hasta julio de este año, sin que existan detenidos al respecto, de acuerdo a lo confirmado por la Policía de Investigaciones (PDI).
Las estafas de este tipo más comunes, según la página web del Gobierno de Chile, son el SIM Swapping, el Smishing o Phishing y el “Cuento del Tío” o estafa telefónica por voz.
El modus operandi de estos delitos varía desde llamadas hasta mensajes de WhatsApp y de teléfono. Es común que los responsables detrás de estos actos se hagan pasar por entidades como bancos, y que envíen enlaces de páginas web similares a las originales, pidiendo en algún punto datos personales como los de tarjetas de débito, llegando a lo que se conoce como fraude bancario.
Por llamadas de teléfono, existen estafas como la reciente “Agrégame a WhatsApp”, que reproduce la grabación de una mujer que pide que la sumen a la lista de contactos porque tiene que contar algo, o la de sujetos haciéndose pasar por ejecutivos del banco para engañar a la persona y hacerla aceptar un cambio de clave de la cuenta para quedarse con sus datos.
Ante las estafas y fraudes telefónicos, los más afectados y vulnerables son los adultos mayores, quienes cuentan con escasa alfabetización digital y manejo de los dispositivos móviles. Sin embargo,estos delitos están dirigidos a toda la población.
Respecto al manejo de la situación por parte de las empresas, Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Asociación de Consumidores y Consumidoras -Fojucc explicó que “falta contención respecto a personas que han sido víctimas de una estafa o fraude bancario, porque lo primero que hace la empresa es poner en duda la palabra del consumidor”.
Además, indicó que “creemos que las campañas de concientización quizás son muy generales, cuando deberían ser más específicas. Son cosas que si bien se dicen, creemos que no llegan a toda la población, y por eso siguen ocurriendo”.
El director de la asociación sumó que “hoy son muchas las formas en las cuales las personas, a través de los dispositivos móviles, son víctimas de estafas y de fraude, y creo que los sistemas de prevención, de alerta y de respuesta, no son los más eficientes, y así se ha demostrado”.
El proyecto de ley que restringe llamadas y mensajes publicitarios pasó a segundo trámite constitucional este 24 de septiembre, y busca, entre otras cosas, regular la publicidad ofrecida por llamadas y mensajes de texto desde empresas sin el consentimiento de los destinatarios.
De aprobarse la ley, las empresas deberán conseguir el consentimiento explícito de las personas previo a las llamadas, y no podrán pedirlo durante la misma. La falta a esta ley implicaría una multa de hasta 1.000 UTM ($66.362.000)
El presidente de Fojucc opina que lo que se debe reforzar en esta ley es “que no sea al arbitrio de cada proveedor entregar a la persona cierta información”.
Si bien esta nueva ley no controlará llamadas de fraude o estafa, pretende disminuir la cantidad de llamadas spam recibidas por los ciudadanos, lo que mejoraría la situación.
Uno de los espacios donde más se genera el contacto de terceros con fines de estafa es la cárcel.
El fenómeno ampliamente conocido por la población es abordado por Gendarmería de Chile a propósito de los operativos y diligencias de intercepción de teléfonos celulares.
La directora regional de Gendarmería, coronel Angelica Briones, explicó que “a diario extremamos medidas para evitar el ingreso de equipos, aplicando un criterio de tolerancia cero frente a malas prácticas que vulneran la seguridad. Hemos adquirido tecnología de última generación capaz de detectar elementos prohibidos sin necesidad de auscultar a las personas, lo que eleva nuestro estándar y efectividad operativa”.
Según antecedentes de la Unidad Operativa Regional, en lo que va del año se han pesquisado 593 teléfonos celulares en hallazgos e incautaciones a población penal, cifra que en igual período de 2023 llegó a 922 artefactos.
Ante eso, el o la interna que resulte sorprendida son denunciados por la entidad custodia ante la Fiscalía por la Ley 21.594 que sanciona la tenencia de tecnología que permita el contacto con personas fuera de la cárcel, como también el ingreso de los dispositivos a los recintos penales. En el caso del Biobío, hay registro de 56 casos a la fecha.