Entrevista a Directora Nacional del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán, quien realizó una charla en la Facultad de Ciencias Ambientales de la UdeC.
Por Eduardo Bascuñán
En el marco de su visita a la Región del Biobío, donde vino a dictar la charla “Evaluación de Impacto Ambiental: confianzas, Escazú y cambio climático” en la Facultad de Ciencias Ambientales de la UdeC, la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, observó la manera en la que avanzan distintos proyectos de ley que buscan reformar y acelerar los tiempos de respuesta ante las evaluaciones ampliamente cuestionadas por gremios a nivel nacional.
Actualmente se están llevando a cabo discusiones y debates respecto del proyecto de Ley que trata sobre un sistema inteligente de permisos. Liderado por el ministro de Economía, Nicolás Grau busca, adelantar los tiempos de tramitación sectorial desde un 30 al 70%. La iniciativa propone una mejor regulación en ese sentido y un nuevo régimen de autorizaciones.
Al mismo tiempo, un proyecto liderado por la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, busca generar una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Conocido coloquialmente como, ‘evaluación ambiental 2.0’, propone una transformación del SEA en línea con las recomendaciones que realizó la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para así, reforzar el carácter técnico de las evaluaciones.
Todo esto ocurre en un contexto en el que algunos gremios regionales incluso catalogan como crisis en el Biobío y que además, impulsó, debido al cierre de la Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH) un movimiento que tuvo como culminación la creación del Plan de Reactivación Industrial por parte de diversas instituciones incluido el Gobierno Central.
Al respecto, la directora nacional del Sea, Valentina Durán afirmó que “es la primera vez que un gobierno se está ocupando del desafío de cómo agilizar la obtención de los distintos tipos de permisos que requieren los proyectos de inversión, manteniendo y sin descuidar la necesaria protección del medio ambiente a la que estamos comprometidos en el consiste internacional como país”.
El tiempo de demora en las tramitaciones, punto central del mencionado proyecto de Ley, y que además, generó gran controversia en prensa a nivel nacional fue también uno de los puntos a los que se refirió la titular del SEA. “Las eventuales demoras se deben al tiempo que requieren los titulares de proyectos para contestar las preguntas que reciben. Y en ese sentido también pudimos desmitificar algunos datos incorrectos e imprecisos que se han difundido en la región”, afirmó.
“Desconocemos las fórmulas que se han utilizado para hacer estos cálculos, pero lo cierto es que el promedio regional, si excluimos el proyecto de GNL con el que se ordenó retrotraer, entonces, produjo una situación anómala. Si excluimos ese proyecto, el promedio nacional está en 395 días de tramitación de los proyectos y el promedio regional está en 361 días. Con lo cual la región del Biobío está 34 días por debajo del promedio nacional”, explicó Durán.
Cabe mencionar que en la Región del Biobío hay 29 proyectos en evaluación, más 3 que están en fase de admisibilidad. En total, estos proyectos suman un monto de inversión de US$2.800 millones.
Uno de estos proyectos que están en calificación es un tema que también se observa con desconfianza desde autoridades y vecinos del sector, es el proyecto minero Tierras Raras en Penco.
La iniciativa se encuentra en la mirada del Grupo CAP. Según Durán “es un proyecto que sigue su evaluación normal como cualquier otro”.
“El titular nos ha informado en reuniones de lobby cómo han reformulado ese proyecto, cómo han hecho procesos de participación ciudadana temprana que luego se han reportado para su nuevo ingreso”, aclaró. Asimismo, la titular del SEA aseveró que el pasado 24 de septiembre se dio fin a las actividades de participación ciudadana.
Sobre el proyecto que lidera el ministro Grau y versa sobre una Ley marco de autorizaciones sectoriales postula que “una regulación adecuada debe procurar el justo equilibrio entre una eficaz protección de los intereses públicos y el interés de particulares de proyectos o actividades”, un planteamiento complejo de llevar a cabo según la directora.
Cabe decir que en la página web del SEA, dedicada al registro de audiencias en torno a la Ley del Lobby, recientemente se realizó una reunión entre el representante del grupo CAP y la directora subrogante del SEA Biobío, Marcela Núñez. En la instancia se abordaron temáticas sobre el interés de la firma en biolantánidos y también inversiones futuras.
Dentro del apartado de la Especificación de la Materia Tratada versa lo siguiente: “En la reunión se comentó el rol de CAP en el proyecto tierras raras, indicando que tienen un 20% de participación, y el interés que vio CAP en biolantánidos fue la posibilidad de construir magnetos permanentes, siendo una posibilidad de diversificación de CAP. A su vez se comentó intenciones futuras de proyectos para la producción de acero, basada en hidrógeno, para con ello eliminar el uso de coke, y llegar a una producción verde de acero”.
Al respecto, Durán comentó que no observan este tipo de instancias como una agresión o presión de consolidar sus proyectos, más bien, “lo vemos como el ejercicio de un derecho, no tenemos ningún problema en recibirlos, tanto a nivel nacional como a nivel regional”.
Durante la última semana ha sido tema la salida del director regional del SEA en Antofagasta, Ramón Guajardo. La situación se dio en el contexto del término anticipado del proyecto de Colbún, ligado estrechamente a la familia Matte, que pretendía instalar una central de almacenamiento de energía, evaluada en US$1.400 millones de inversión. La solicitud de renuncia fue tomada por la directora ejecutiva del mismo organismo.
Al respecto, Durán comentó que “estos cargos regionales son seleccionados a través del sistema de Alta Dirección Pública, (…) y finalmente son designados por los directores ejecutivos. Entonces, están sujetos a que eventualmente se les pueda pedir no renovar o pedir la renuncia en el caso de pérdida de confianza, que es la causa legal”.
Además, la directora explicó que tienen como misión “asegurar una evaluación de impacto ambiental técnica y de excelencia”, explicó.