Por Josefa Martin

La ley de delitos económicos y medioambientales empezó a regir en su totalidad este 1 de septiembre, ahora incluyendo a personas jurídicas. Esta tiene como principal objetivo combatir la impunidad económica, ampliando los delitos establecidos y agravando sus sanciones.

Dicha ley exige a las empresas contar con “Modelos de prevención de delitos” para prevenirlos, detectarlos y actuar frente a ellos. Estos protocolos deben ser comunicados a todos los trabajadores, e incluirse en los contratos de trabajo y prestación de servicios, incluyendo a los máximos ejecutivos de la entidad. Sin embargo, deben ser personalizados para cada una, lo que apunta a un desafío adicional.

Humberto Miguel Cerda, presidente de la Asociación gremial de empresas del Biobío (ASEM) explicó que “si bien apoyamos esta ley que sistematiza los delitos económicos, ambientales y sociales, creemos que a la Pyme se le viene en mal momento”. Factores como el alza del sueldo mínimo, la ley de 40 horas y la ley Karin son parte del alza del costo del mantenimiento de una Pyme últimamente.

Esto se refleja en que, a pesar de que hubo un tiempo diferido de 13 meses desde la promulgación de la ley para la aplicación de la misma sobre personas jurídicas, las Pymes que actualmente cumplen con un modelo de prevención de delitos no llegan al 7%, según ASEM.

Esto se debe a los altos costos para la implementación del modelo, que, pese a que tiene que regir para todas las personas jurídicas del país, dependerá de cada empresa en particular, alcanzando un costo aproximado de entre 6 y 10 millones de pesos para las Pymes.

Entre las razones de esta cifra se encuentra que “hay que contratar expertos, auditores, abogados para que hagan la implementación, porque hay que hacer todo un análisis de confeccionar primero una matriz de riesgo, y cada empresa tiene sus riesgos de acuerdo a la actividad que realizan”, explica el presidente del gremio.

Los modelos de prevención del delito deben su importancia a que, con la implementación de esta ley, se convierten en la única atenuante en caso de cualquier acusación. Además, permitirán reducir el riesgo de delitos económicos y medioambientales.

“El desafío está en la capacidad de adaptación”, explicó Ariel Yévenes, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción, quien afirma que las Pymes están en desventaja a comparación de las grandes empresas, que tienen muchos más recursos para adaptarse a este tipo de leyes.

El profesional asegura que “en general las grandes empresas siempre tienen mejores condiciones para adaptarse a legislaciones que son de orden general, mientras que las empresas más pequeñas tienen mayores dificultades financieras para implementar equipos nuevos y para generar un ordenamiento nuevo al interior de ella”.

ASEM ha buscado la adaptación a esta nueva legislación mediante la realización de asesorías y jornadas de capacitación dedicadas a sus socios, cosa que otras asociaciones, como la Asociación de exportadores e importadores (Asexma), también han adoptado.

El presidente del gremio afirma que “hay un escenario económico en la región que no es favorable para la Pyme, entonces no podemos ni debemos agregarle más costos, más responsabilidad. La Pyme genera el 45% de empleo en la región, por lo tanto, es importante, hay que cuidarla”.

La ley añade los delitos contra el medioambiente dentro de los delitos económicos, agregándolo a los delitos de receptación, lavado y blanqueo de activos.