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Desde la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu aseveran que la indagatoria debería enfocarse. En la disminución del caudal y no ante el aumento.
Por Eduardo Bascuñán
En el contexto de la primera sesión constitutiva que desarrolló la Comisión Especial Investigadora (CEI 58) de la Cámara de Diputadas y Diputados, para la concesión de aumentos de caudal a asociaciones de canalistas en el río Laja, se concluyó que quien presidirá la instancia será el diputado Frank Sauerbaum (RN).
Asimismo, posterior a la decisión, el presidente de la Comisión de Obras Públicas y precursor de la instancia, el diputado Felipe Camaño, aseveró que en base a la solicitud que realizaron grupos de agricultores perjudicados “por los aumentos irregulares de caudal de la Dirección General de Aguas (DGA) a canalistas específicos sobre el río laja, es que por acuerdo de la comisión presentamos esta solicitud de comisión especial investigadora la cual se constituye oficialmente”.
“Es importante que todos los sectores políticos podamos abogar porque este tema se esclarezca, tanto por el daño que esto puede ocasionar a la cuenca del río laja, como por los más de 1800 agricultores que ven con malos ojos este tipo de prácticas injustificables por parte de la Dga”, afirmó Camaño.
Es que en torno a la investigación de antecedentes sobre los criterios que se aplicaron para conceder aumentos de caudal a asociaciones de canalistas con derechos de aprovechamiento de aguas en el río Laja, hay mucho que contar.
Entre los archivos que se barajan, existe una querella que fue admitida por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, contra de autoridades de la DGA que se les acusa del delito prevaricación administrativa y del delito económico de segunda categoría de la Ley 21.595.
Asimismo, existe un Recurso de Reclamación en la Corte de Apelaciones de Santiago, que data desde el 2023 en contra de la DGA, por parte de la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu (ACCZ), quienes estipulan que la decisión resolutoria (2021) de la Dirección de reducir el caudal de 45 metros cúbicos por segundo a 22 metros cúbicos por segundo, y que posteriormente fue aumentado, en 2023, a 33 metros cúbicos por segundo bajo una nueva resolución. Cabe mencionar que esta reclamación está pendiente de fallo hasta la fecha.
Vale recordar que según el Decreto Supremo N°1922 de 1952, la ACCZ quedó habilitada por Ley para “extraer aguas de los ríos Laja e Itata y demás corrientes matrices en que tiene derechos de agua el antiguo canal de Colicheu, hoy ‘Canal Zañartu’. (…)los derechos de aguas del río Laja, que totalizaban, como se indica, cinco mil regadores, fueron reducidos por Decreto Nº 1913, de catorce de julio de 1930, a cuarenta y cinco metros cúbicos, o sea, tres mil regadores”, según estipula el documento.
Actualmente no están definidas las citaciones, pero la comisión acordó que los lunes a las 19:00 horas llevarán a cabo un espacio para escuchar a todos los involucrados y que en un plazo de 60 días el organismo investigador tendrá una evaluación del hecho y por ende, sus conclusiones.
En este contexto, Pablo Jaeger, abogado de la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu (ACCZ), adelantó que “vamos a concurrir a la Cámara de Diputados y les vamos a hacer presente a los diputados que lo que debieran investigar es, en definitiva, por qué se les baja de 45 a 22 metros cúbicos”.
“Los 45 metros cúbicos por segundo corresponden al total de los derechos de aprovechamiento de aguas que se captan en la Bocatoma del Canal Zañartu, pero los 45 metros cúbicos por segundo no pertenecen a la Asociación Canal Zañartu, sino que a los cientos de particulares o agricultores o titulares de derechos de aprovechamiento que captan sus derechos de agua y los conducen por el Canal Zañartu”, aseveró.
Es que según la estimación del abogado, son 500 agricultores que califican como socios de la firma. De ellos “el 85% de ellos dueños de parcelas de menos de 40 hectáreas, por lo tanto, califican como pequeños agricultores”, sostuvo Jaeger.
“El total de vinculados al canal son del orden de 10 mil personas. El Canal Zañartu no solamente es un canal que provee de agua para riego, sino que, además, en estos 400 kilómetros de largo del canal, se entrega agua para el abastecimiento del agua potable rural, se abastecen lagunas, el agua que se usa, además, vuelve a las fuentes naturales a través de derrames para que otras personas las usen”, sostiene.
Cabe mencionar que desde 2022 se modificó el Código de Aguas y contrario a como ocurría antes, los derechos de agua si se podían extinguir y este corresponde al orden de los cinco años sin operar.
“La resolución N° 439 de la DGA, dice expresamente que el derecho de agua del canal Zañartu está plenamente vigente, inscrito en el Consejo de Bienes Raíces y protegido por el derecho de propiedad. Y este derecho no ha sido caducado, ni ha sido extinguido, ni ha sido expropiado, que son las únicas formas que eventualmente podría extinguirse el derecho de aprovechamiento”, afirmó Jaeger.