El Consejo para la Transparencia, órgano que garantiza el derecho de la ciudadanía a acceder a información pública en nuestro país, reveló las principales conclusiones de una nueva fiscalización.
En esta oportunidad, se desarrolló una indagatoria al aporte que los casinos de juegos han entregado a municipalidades y gobernaciones regionales los años 2019 y 2022, determinando el nivel de transparencia y rendición de cuentas respecto a dichos fondos y pesquisando si su uso se ha destinado efectivamente a proyectos de desarrollo local como establece la Ley sobre Casinos de Juego.
Dentro de sus hallazgos, se constató que en el 2022 los municipios que más recaudaron dineros por impuesto específico al juego fueron las comunas de Mostazal, con $7.929 millones; Viña del Mar, con $4.777 millones y Talcahuano, con $3.605 millones. Por el contrario, los que menos recaudaron fueron Castro, con $354 millones; Ovalle, con $424 millones y Coyhaique, con $439 millones de pesos.
En cuanto al gasto ejecutado, es decir, aquel posibilitado por los fondos que los casinos pagaron a las municipalidades por concepto de impuesto y que fueron efectivamente destinados a obras de desarrollo, en 2022 se informó una ejecución de un total de 15.893 millones de pesos, cerca de mil más que en 2019 (14.217 millones). En 2022, las comunas que informaron una mayor inversión fueron Temuco con $2.444 millones; Antofagasta, con $2.336 millones; Viña del Mar, con $1988 millones y Rinconada, con $1949 millones. En cuanto a los que informaron un menor gasto en obras de desarrollo figuran Coyhaique, con $166 millones; Punta Arenas, con $ 176 millones y Talcahuano, con $ 187 millones.
Otra de las conclusiones que dejó la fiscalización del CPLT fue el destino que los municipios dieron a los recursos provenientes de casinos en 2022. En primer lugar, con cerca de $8 mil millones fue obras públicas (construcción, reparación, mantenimiento y mejora de infraestructura pública); en segundo lugar, habilitación y mantención de áreas verdes; y en tercer y cuarto lugar, respectivamente, financiamiento de eventos culturales y seguridad pública.
El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, relevó esta investigación del CPLT y entregó más antecedentes: “A partir de los datos obtenidos tras esta fiscalización, se observa que hay fondos provenientes de los impuestos de los casinos utilizados por las municipalidades en transferencia de recursos a otras entidades, contratación de personal a honorarios, celebraciones o conmemoraciones, estudios y asesorías, cobranzas judiciales, entre otros, lo que se escaparía del concepto de obras de desarrollo que deben satisfacer de modo “directo e inmediato” necesidades locales, como lo estipula la ley y ha interpretado la Contraloría General de la República, a través de sus dictámenes”.
Por su parte, en 2022, los mayores aportes de casinos a gobernaciones regionales se concentran en Valparaíso y O’Higgins, con cerca de 9 mil millones de pesos cada uno. En general, los recursos que entregan los casinos a los gobiernos regionales se integran al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y significan un importante porcentaje de la inversión regional total, llegando, por ejemplo, en el caso de O’Higgins el 2022, a casi la mitad.
Es importante destacar que, para la indagatoria, el CPLT consideró la totalidad de municipios y gobiernos regionales en cuyos territorios administrados operan casinos regidos por la Ley sobre Casinos de Juego. Además, se incluyeron aquellos municipios donde existen casinos municipales, que no se rigen por dicha ley. En total, se trata de 25 municipios y 14 gobiernos regionales.
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