Con 13 congresistas funcionará Comisión por permisos de extracción de agua en Laja

Cuáles fueron los criterios para otorgar aumentos de caudal en el Canal Zañartu, será el foco de la comisión especial de investigación.

Por Eduardo Bascuñán G.

Mediante el Oficio N°19.797, durante este miércoles, se dieron a conocer los 13 nombres de diputados y diputadas que conformarán la Comisión Especial Investigadora (CEI 58) encargada de reunir antecedentes sobre determinados actos del Gobierno.

Esto, respecto de los criterios aplicados para conceder aumentos de caudal a asociaciones de canalistas con derechos de aprovechamiento de aguas en Ñuble y Biobío.

Quienes conformarán esta comisión especial serán, la diputada comunista María Candelaria Acevedo; el diputado independiente Jaime Araya Guerrero; el diputado UDI Gustavo Benavente Vergara; el diputado Independiente Felipe Camaño Cárdenas; la diputada PSC, Sara Concha Smith; el diputado UDI, Henry Leal Bizama; el diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno Bascur; la diputada del partido Demócratas Chile, Joanna Pérez Olea; así también el diputado Independiente Leonidas Romero Sáez; la diputada del Frente Amplio, Clara Sagardia Cabeza; también el diputado de RN, Frank Sauerbaum Muñoz y la diputada Independiente, Consuelo Veloso.

Respecto del reciente nombramiento, la diputada comunista, María Candelaria Acevedo afirmó que “espero que se pueda, en primer lugar, reunir antecedentes sobre los criterios que se han adoptado para conceder aumentos de caudal a asociaciones de canalistas con derechos de aprovechamiento de aguas”.

La existencia de dudas sobre los criterios de concesión de aguas, hizo que la misma diputada se presente en la Comisión. “Es una posibilidad toda vez que los antecedentes que se nos presente puedan hacer presumir la comisión de algún tipo de delito. Eso lo analizaré con la información que sea entregada por las distintas entidades y personas que sean citadas a la comisión, por lo que no descarto que se pueda llegar a la presentación de alguna acción judicial a futuro”, explicó la diputada PC.

Vale recordar que el 22 de julio fue realizada la petición, que con la firma de 62 diputados y diputadas, solicitaron la creación de una Comisión Especial Investigadora, la cual tendrá el objetivo de “recopilar antecedentes sobre determinados actos del Gobierno, en especial, del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Aguas”, afirma el documento de la solicitud.

La problemática

Asociaciones de regantes y gremios agrícolas del Biobío han realizado denuncias y hasta una querella criminal en contra de funcionarios públicos de la Dirección General de Aguas por el otorgamiento indebido de aumentos de caudal en pro de la histórica Asociación Canal Zañartu. Acusan que de 22,6 m3/s se les entregó un aumento de caudal de 33 m3/s, lo cual afirman contraviene fallos judiciales anteriores.

El diputado por el Ñuble, Felipe Camaño, actual presidente de la Comisión de Obras Públicas, aseveró que “recibimos denuncias de parte de canalistas de Ñuble y Biobío por un supuesto favorecimiento ilícito de derechos de agua desde la DGA hacia la Asociación de Canalistas Zañartu en la región de Ñuble, una decisión con poco sustento técnico y que enciende muchas alarmas respecto a la forma en que se entregan los aumentos de caudal en la región”.

Posterior al nombramiento, se tiene un plazo de 10 días para iniciar operaciones y un total de 60 días para redactar un informe a la sala, el cual será votado en la Cámara. Ésta no sería la primera comisión que ha puesto sus observaciones respecto del tema, tanto como Agricultura y Obras Públicas, han participado.

Esto se da en un contexto particular, dado que se admitió una querella criminal, donde ya se remitieron los antecedentes al Ministerio Público, el cual tendrá que comenzar las diligencias en torno al caso.

La querella

El día 24 de julio fue admitida la querella por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Por lo que ya fue notificado el Ministerio Público para comenzar las diligencias investigativas.

En detalle, la querella estipula que la Junta de Vigilancia del Río Diguillín y sus Afluentes, la Asociación de Canalistas del Laja, la Sociedad Agrícola del Biobío, la Cámara de Turismo, Comercio y Servicios Saltos del Laja y Aproleche BíoBío, han interpuesto una querella criminal en contra de Rodrigo Sanhueza Bravo, actual director general de Aguas, también en contra de Nicolás Ureta (jefe departamento de Organizaciones de Usuarios de la Dirección General de Aguas) y de Pamela Garay (jefa de la unidad de Supervigilancia del Departamento de Organizaciones de Usuarios de la Dirección General de Aguas).

Según el documento, se les acusa del delito de prevaricación administrativa y del delito económico de segunda categoría de la Ley Nº 21.595.

En tanto a las exigencias de la investigación, se le solicitó al Ministerio Público despachar una orden de investigar a la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana (Briacmet) de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). “(…) a fin que proceda a recopilar todos los antecedentes, documentales y testimoniales, sobre el hecho punible y su autoría; y en especial, para que concurran a las oficinas de la Dirección General de Aguas, ubicadas en calle Morandé Nº 59, 8° piso, Santiago, a objeto de solicitar la entrega voluntaria de todos los antecedentes que digan relación con la misma, y de los computadores y correos electrónicos de las personas que intervinieron en la dictación de ella”, estipula el documento.

Otra petición que emana desde el documento del Poder Judicial, es que se oficie a la DGA y a la Subsecretaría de Obras Públicas con el fin de que se informen sobre las reuniones que han mantenido directivos de la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu.

En este sentido, Carlos Ciappa, abogado de la Asociación de Canalistas del Laja, aseveró que “es la primera vez que estamos en una Comisión Investigadora que investiga a la Dirección General de Aguas por irregularidades”.

“Producto de la gravedad de los hechos denunciados, la Cámara toma la decisión de iniciar este proceso. Ahora, esta no es la primera vez que se denuncia en el Congreso”, aseveró Ciappa.

Al respecto, José Miguel Stegmeier, presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío (Socabío), aseveró que “sería catastrófico extraer del río Laja la cantidad de agua que pretende el Zañartu. No se condice con lo que históricamente ese canal ha extraído. Más aún considerando el caudal que el río estadísticamente tiene en el período estival”.

“Las problemáticas de fondo para intentar resolver esta grave situación, están en manos de los Tribunales de Justicia y es nuestra esperanza como agricultores, que definitivamente esto se solucione, de lo contrario el colapso productivo y de los servicios asociados que tienen que ver con el correcto uso de estos recursos hídricos, sería enorme”, aseveró quien también es uno de los querellantes en el caso.