Esto tras el anuncio gubernamental sobre un plan regional, frente al cese de operaciones de la histórica usina de Talcahuano.
Distintos gremios productivos de la Región del Biobío siguen de cerca el anuncio hecho por el Gobierno sobre un plan de acción para hacer frente a las consecuencias laborales que debería arrastrar el cierre de la Compañía Siderúrgica Huachipato.
Es que en una de las reuniones sostenidas por el ministro de Economía, Nicolás Grau, con los sindicatos acereros una vez conocida la confirmación del cese paulatino, el propio secretario de Estado afirmó que “en pocos días, como gobierno vamos a anunciar un plan que se haga cargo económicamente de esta Región, que se preocupe y tenga como horizonte la generación de empleo, ojalá de manufacturero y de calidad, que le den un horizonte laboral a las personas que trabajaban en Huachipato, más allá de las eventuales salidas que ellos puedan tener o los acuerdos que ellos puedan tener con la empresa, en el proceso en el cual también los vamos a apoyar”.
Requerida sobre mayores detalles del plan mencionado por el titular de la cartera de Economía, la delegada presidencial, Daniela Dresdner, tras salir de una reunión con la Mesa por la Defensa del Empleo y la industria indicó que “hasta que no tengamos el plan completo y que dependen de conversaciones, no adelantaremos las aristas del plan, porque no es un plan que levantaremos solo desde del Gobierno, es uno que estamos levantando y levantaremos en conjunto con los gremios empresariales, con los trabajadores y trabajadoras”.
En este contexto, gremios manufactureros de la Región entregaron su visión respecto de qué debería considerar este plan que está pronto a ser detallado por el Gobierno y que tiene por objetivo dinamizar la economía de Biobío junto con crear más empleos.
Así, Alfredo Meneses, gerente general de la Asociación de Exportadores de Manufacturas de Biobío (Asexma), expresó que “cuando se habla de un plan regional, creo que lo primero que habría que hacer es preguntar al gobernador regional o a la gobernación, qué pasa con la estrategia de desarrollo regional. Es decir, se ha invertido una cantidad importante de recursos en los distintos periodos de intendencias y hoy de gobernador, en estrategia, tras estrategia y entiendo que hoy existe una, entonces no entiendo que hoy día se esté pensando un plan regional, en circunstancias que se supone que hay una estrategia regional de desarrollo”.
“Lo segundo es, sin lugar a dudas, que cualquier estrategia (o plan regional) requiere efectivamente de recursos, tanto públicos como privados, y, usualmente, los recursos públicos lo que hacen es incentivar la inversión privada. Por lo tanto, creo que acá, además de tener una estrategia o un plan regional, lo que se requiere es la conjunción ordenada de todos los servicios públicos que de una u otra manera tendrán que sostener este plan o estrategia en la Región”, agregó.
Otros puntos relevantes para Meneses es que existen sectores como el pesquero “que se mueven en la incertidumbre por una ley que finalmente no se termina de discutir y el sector forestal, tan relevante para la Región, también está viviendo procesos de incertidumbre. Creo que aquí también hay que demostrar que este plan abarque todos los sectores y no solo algunos donde además, debe hacerse cargo del tema de la tramitología”.
Requerido acerca de qué debe considerar el plan de dinamización de economía regional para mejorar el actual escenario de las exportaciones de manufacturas, Meneses dijo que “se requieren incentivos profundos en la pequeña y mediana empresa forestal, producto de que en su mayoría no cuentan con incentivos ni estímulos y por eso muchas han dejado de exportar (…) al no haber hoy día incentivos, por ejemplo, a las plantaciones, ese sector ha decaído notablemente y corre el riesgo de salir del mercado y el sector exportador en específico, requiere de una actualización de la logística regional”.
En línea con lo anterior, planteó que “las inversiones del Ministerio de Obras Públicas han sido a goteras y usualmente decididas desde el nivel central y con muy poca participación de los actores locales. Diría que tenemos un retraso en el sector logístico del comercio exterior de, a lo menos, más de 20 años, por lo tanto, hay que imaginarse el desarrollo que debe tener la zona para, efectivamente, potenciar el sector exportador en los diversos ámbitos. Sin lugar a dudas, Carriel Sur debe ser una plataforma de transferencia de cargas al mercado internacional”.
Por su parte, Michell Esquerré, presidente de la Pymemad, confirmó el duro escenario por el que atraviesan las pymes del sector forestal en la zona. “Una forma de crear empleo (en el sector forestal) es fomentar las plantaciones de los pequeños y medianos propietarios donde se necesita abastecimiento. Además, si no modificamos el sistema de clasificación de las pymes no entenderemos bien las dinámicas de estas empresas. En el corto plazo para dinamizar la economía regional, hay que combatir la informalidad y fomentar el desarrollo de las pymes forestales desconcentrando el mercado a través del incentivo a las plantaciones”.
Más en concreto, Michell Esquerré planteó que “lo que debe hacer el Estado es volver al fomento de antes donde se entregaba $1 millón por hectárea para que los pequeños y medianos propietarios planten, eso genera empleo, genera viveros y tiene que ser directo, predio propietario, sin pasar por intermediarios, sin pasar por la banca, parecido al decreto 701 pero más ordenado en sentido que no plante en cualquier parte, sino que en suelos preferentemente forestales y se focalice en el desarrollo territorial en Santa Juana o Coelemu, o en las comunas más pobres”.
“Por cada millón invertido por el Estado, que podría endeudarse en el Banco Interamericano de Desarrollo, a los 15 o 20 años, a través del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Renta, el Estado recupera el doble de lo que invirtió, por lo que es un buen negocio para Estado hacer este fomento a los pequeños y medianos propietarios”, agregó Esquerré.
Álvaro Ananías, presidente de CPC Biobío, reforzó que el plan anunciado por el ministro de Economía, Nicolás Grau debe considerar “reactivar el sector forestal, que está bastante en crisis y que explica el 70% de las exportaciones de la Región y generar sobre 100 mil empleos en Biobío, que están relacionados con todo el sector forestal, pero en estos momentos no se están replantando bosques porque no hay instrumentos de fomento que ayudan a los pequeños y medianos propietarios a reforestar”.
“No olvidemos que en la última década se han cerrado más de 200 aserraderos con pérdidas relevantes de empleo”, sumó Ananías.
El líder gremial de CPC Biobío agregó que “el sector pesquero también es importante desde dos perspectivas. La primera tiene que ver con frenar proyectos de ley que afectan el empleo y la cultura industrial de la región del Biobío. En esa línea debemos tener mucho cuidado con la nueva ley de pesca porque ha frenado las inversiones en el sector pesquero. Lo segundo, tenemos a la mano algunas medidas que pueden activar el empleo regional relacionado con la pesca que es volver a activar la pesca industrial de la jibia. La ley de la jibia hizo que la pesca bajara a más de un 50% y cerraran muchas industrias y plantas de proceso, perdiéndose sobre 1.000 puestos de trabajo”, concluyó.