Mientras el Gobernador Regional solicitó al Gobierno rápidas respuestas sobre el impulso a un nuevo y robusto plan de inversiones, la Mesa por la Defensa del Empleo y la Industria regional ve una posible alternativa en compra del Estado de la siderúrgica y el ingreso de Codelco, en el proyecto de tierras raras.
Ante un inminente cierre definitivo de la Compañía Siderúrgica Huachipato, tras el anuncio de la suspensión indefinida de las operaciones de la firma y la solicitud de retiro de las salvaguardias provisorias otorgadas por la Comisión Antidistorsiones, han surgido una serie de propuestas tendientes a mitigar el eventual desempleo de más de 20 mil trabajadores con empleos directos, indirectos e inducidos, que quedarían tras el cierre de la usina.
Una de las propuestas es la impulsada por el gobernador regional Rodrigo Díaz quien señaló que “lo que importa acá es qué pasará con la vida de las 20 mil personas (eventualmente despedidas), hay aproximadamente 2.500 trabajadores directos de Huachipato que son sindicalizados y que deberán realizar las negociaciones colectivas de su vida. Espero que el Grupo CAP. S.A. recapacite sobre su forma de relacionamiento con las personas y sea todo lo generoso que se necesita con esas personas para que tenga una buena salida”.
La autoridad regional explicó también que hay otro grupo cercano a las 2.500 de trabajadores de empresas contratistas permanentes de Huachipato quienes, de acuerdo con Díaz, también deben tener una salida y el Grupo CAP no puede no considerarlos y remitirse solo a lo que dice la ley. “Además, hay otro grupo de unas 15 mil personas que son trabajadores indirectos quienes probablemente no tengan indemnizaciones y aquí lo que se requiere es un plan de inversión del Gobierno que active el trabajo. No es una solución que pueda dar el Ministerio del Trabajo, tiene que hacerlo el Ministerio de Economía, tener un plan de inversión especial en Obras Públicas en carreteras, analizar el soterramiento de cables de alta tensión, hay que echar a volar la imaginación y actuar rápido”, explicó.
Por eso, sugirió al Ejecutivo un plan Marshall de inversión que les permita tener puestos de trabajo para la gente que se va a quedar sin sus ingresos. “La medida de Huachipato va a impactar rápido en contratistas primero y luego en trabajadores directos. Probablemente hacia fines de septiembre las desvinculaciones van a estar cursadas”, destacó.
Cabe recordar que el Plan Marshall fue el programa de Estados Unidos para ayudar a reconstruir Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial.
Asimismo, Díaz argumentó que la pérdida de puestos laborales puede seguir aumentando. “Necesitamos que se frene el ímpetu legislativo que está afectando tanto a la industria forestal como pesquera. No queremos que esto siga aumentando, necesitamos mantener nuestra esencia de Región industrial porque la industria es la que paga mejores salarios a los trabajadores”. dijo.
En línea con lo anterior, el gobernador regional planteó que junto con la posibilidad de pérdida de puestos de trabajo ligados a Huachipato existen otros empleos regionales en riesgo. “Hay otros dos grandes grupos amenazados con las pérdidas de puestos de trabajo lo que he venido diciendo hace más de un año que es toda la gente de la industria forestal y pesquera donde hago un llamado al Gobierno a detener esos proyectos de ley”.
Iván Montes, dirigente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de ENAP Petrox y vocero de la Mesa por la Defensa del Empleo y la Industria Regional, planteó otros tipos de inversiones estatales que podrían aplicarse. Pero, señala que lo primero es que debe existir una coordinación y organización de los dirigentes de Huachipato y de otras entidades sindicales, junto al mundo político y autoridades regionales del Biobío. Esto, “para diseñar una estrategia que permitiera por ejemplo empezar a discutir la posibilidad de que el estado se hiciera cargo de la Compañía Siderúrgica Huachipato, esto es posible según primeras conversaciones con algunas autoridades políticas a partir de un proyecto (de ley) que pueda enviar el Ejecutivo con suma urgencia y que cuente con el apoyo transversal de todas las bancadas donde el Estado pueda hacerse cargo por 5 o 10 años de la empresas para estabilizarla y luego, con el compromiso de a lo mejor, incluso, devolverla a manos privadas”, afirmó.
Una segunda opción, para el vocero de la Mesa por la Defensa del Empleo y la Industria Regional, la representa la posibilidad de que Codelco ingrese al proyecto de Tierras Raras. “Se informó hace unos meses que el Grupo CAP S.A. había invertido una cantidad de acciones y participación del negocio. Hoy día si uno mira ve que el proyecto ha tenido varios traspiés en el proceso, por lo que veo esta opción como bien lejana. No obstante, podría existir otra alternativa si es que otras empresas ingresan subiendo el estándar de la propuesta y acorde con las demandas ciudadanas respecto de este proyecto, por ejemplo, podría darse que Codelco ingrese el proyecto de tierras raras, lo que podría dar un giro en el posicionamiento de este proyecto que podría resultar muy importante para la Región”.
Foto: Raphael Sierra P.
Freddy Martínez, presidente de la Federación de Camioneros Centro Sur, explicó respecto del número de camiones (que pueden ser afectados por cierre de Huachipato), que hay efectos directos e indirectos. “Hay movimientos internos de carga en la planta donde, por ejemplo, está el abastecimiento del carbón coke y de la piedra caliza y todo lo que es el producto terminado que sale directamente donde también hay un movimiento de faenas que es el acarreo de lo que es la base de Cementos Biobío que está frente que es la escoria que sale del Alto Horno. En general son números aproximados en que se mueven entre 100 y 150 camiones diarios que al multiplicar por 30 (4.500 camiones), hablamos de una cantidad de trabajo importante”.
Otros puntos, relevados por el líder gremial del transporte, son, por ejemplo, el problema de dos meses en el primer semestre del año en el Puerto Coronel, en que todavía, afirma Martínez, le están solicitando recursos al Gobierno. “Eso generó un efecto dominó en términos de financiamiento porque hay gastos que no paran como leasing y los pagos y las remuneraciones no tienen que ver con paros (Puerto Coronel), ni con cierres (de Huachipato)”. Así también indicó que se reunieron presencialmente (jueves 8) con el seremi de Transportes de Biobío “para ver cómo logramos insertar y tener un poco de claridad sobre lo que será de Huachipato, donde hay varias teorías. Se hablar que habrá unos movimientos en el puerto en la bahía San Vicente, para ver cómo hacemos que este cierre (de Huachipato) sea lo menos incidente en el movimiento del trabajo (del transporte de camiones), lo que nos tiene muy apenados por todo lo que significa la siderúrgica”.
Requerido acerca de qué tipo de ayuda podría recibir su sector de parte del Ministerio de Transportes, el presidente del gremio dijo que si hay algún tipo de movimiento industrial en ese recinto (Huachipato) relacionado a faenas mineras, “también queremos ver con la gente de la zona hacer un levantamiento de cuánta gente quedará sin trabajo, poder ver cómo los logramos reinsertar previo a ver qué tipo de movimientos habrán y qué tipo de camiones se pueden ocupar y si cuentan con la tipificación de transporte en concordancia con los nuevos proyectos que se están pensando”, dijo.
En cuanto a las repercusiones locales del cierre de la usina, Freddy Martínez expresó que el primer efecto será en los camiones de la zona que trabajan en la planta, moviendo cargamento a las perfilerías. Pero, explicó que hay otros vinculados con la misma siderúrgica y que tienen que ver, por ejemplo, con la producción de cemento, la cual también un peso muy importante en el transporte de carga en el Biobío.
Para Daniel Meza, presidente de la Asociación de Transportistas Industriales de Talcahuano, el eventual cierre definitivo de la siderúrgica no reviste de un impacto relevante para los camioneros de su asociación. “No nos va a afectar mucho porque Huachipato hace muchos años que tomó la decisión de no trabajar con los transportistas de Talcahuano. Lamentablemente, ellos como política no tenían la consciencia social de trabajar con el entorno, no son una empresa amigable” indicó.
Según el dirigente de los transportistas, “hay un asociado que trabaja con la siderúrgica relacionado con las tierras raras, junto a otros productos, pero no se verá afectado con el cierre de la compañía”. La asociación, de acuerdo con su presidente, atiende la demanda de los tres puertos de Talcahuano y cuenta con cerca de 40 integrantes con el movimiento aproximado de 1.500 camiones.