El sistema nacional de recaudación de impuestos podría verse involucrado en una de las reformas más esperadas para el Gobierno. Representantes de empresas esperan reunirse con el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
Por Eduardo Bascuñán
De manera positiva se recibió el anuncio del acuerdo entre la Comisión de Hacienda y el gobierno respecto de lo que se denomina, el ‘corazón’ de la reforma tributaria. En el Biobío asociaciones gremiales sienten tranquilidad pero llaman al ministro del ramo, Mario Marcel, a reunirse con las Mipymes a discutir las particularidades de la actividad económica regional.
Es que la Comisión de Hacienda del Senado aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley de Cumplimiento Tributario, después de haber logrado un Protocolo de Acuerdo con el Gobierno. Ahora bien, del acuerdo logrado se espera que pronto se apruebe en la Sala del Senado para a posterior, ser analizado por una mesa técnica que complementará el trabajo de la Comisión para que finalmente sea aprobado en particular.
El mencionado proyecto posee tres pilares: combate la evasión, la informalidad y la elusión de impuestos y plantea la modernización de la administración tributaria y el fortalecimiento de la Defensoría del Contribuyente. También, busca generar mayores recursos para el Estado, con un 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Asimismo, pretende comprometer aquellos recursos adicionales para el financiamiento de la Reforma Previsional, considerando en el mismo apartado los compromisos en materia de seguridad ciudadana, por lo que se prevé un aumento de US$1.500 millones en la materia.
Sebastián Rivera, seremi de Hacienda del Biobío, aseveró que “al contar con un protocolo de acuerdo, genera la confianza entre todas las sensibilidades de las partes que intervienen al tener claro los ámbitos de acción y compromiso, para que al final se dé luz verde y apruebe con una amplia mayoría y consenso en el Congreso para el bien del país”.
“En la región se verían fortalecidos los Servicios de Impuestos Internos, Aduanas, Tesorería y la Defensoría del Contribuyente en ámbitos de mayor atribuciones en contra del combate de la ilusión, evasión y la informalidad, y además generando una mayor asistencia a los contribuyentes”, afirmó Rivera.
“De la misma forma, la región se vería beneficiada con la distribución del 1,5% del PIB estimado de recaudación en el financiamiento de la reforma de pensiones, aumentando la pensión de los adultos mayores y compromisos en materia de seguridad ciudadana”, confirmó el seremi del Biobío.
Asociaciones Gremiales del Biobío
Álvaro Ananías, presidente de la Cámara de la Producción y el Comercio (CPC) Biobío, aseveró que “valoramos el hecho de que se haya firmado un acuerdo para avanzar en la aprobación de un proyecto de ley de antievasión. Nos parece en una primera instancia un buen primer paso en esta línea”.
“Resulta mucho mejor para fomentar el ahorro y las inversiones el retomar el cobro de impuestos al retiro de utilidades y no castigar la reinversión. Esto iría en directo beneficio de incentivar la empleabilidad, la formalidad y entregar más estabilidad económica que es lo que hoy en día necesitan las empresas y el país”, puntualizó.
Por su parte, Humberto Cerda, presidente de Asociación Gremial de Empresas del Biobío (Asem Biobío) aseveró que “compartimos el hecho que las medidas de la reforma se centren principalmente en reducir las exenciones o la exención de los jubilados, o eliminar los requisitos que permiten la elusión, en disminuir la elusión de impuestos de gente que no es capaz de cumplir sus compromisos, por otro lado también facilitar a los buenos contribuyentes, pero en ese sentido yo creo que ahí sí compartimos que tiene que haber una reforma y que tiene que haber nuevas normas que realmente la gente pague lo que corresponde”.
Para el representante de Asem Biobío, es necesaria la descentralización en la toma de decisiones, por lo que buscan mediante el seremi de Hacienda, que el ministro Mario Marcel se acerque a la región a conversar con las micro, pequeñas y medianas empresas.
“Lo peor que se puede hacer es que para variar, todas las decisiones que tomes en Santiago, con un centralismo alarmante, y que no se considere la apreciación y la opinión de las empresas de las regiones. (…) Queremos que la PYME sea considerada y tener la posibilidad de conversar con él y darle nuestra opinión referente a estos proyectos de Ley”, aseveró Cerda.
Desde una perspectiva similar, Miguel Pezoa, presidente de la Unión de Gremios Pymes afirmó que “lo importante es que se van a mantener todos los parámetros de la actual Ley de Renta y eso también da una gota de mucha tranquilidad porque nos permite actuar sobre algo que conocemos y no sobre una incertidumbre de leyes que pudieran haber llegado (…) Hace un buen tiempo que no teníamos una noticia que nos diera un poco de tranquilidad”.
Desde el Colegio de Contadores de Chile, el presidente regional de la asociación gremial, Cristian Maldonado, aseveró que “lo mejor de esto, que tiene como base, es que es transversal y sin duda afecta a la región o donde sea, es que para avanzar en el cumplimiento tributario basado en la recaudación tiene como base, como se ha solicitado siempre, que esté basado en la proinversión, en el crecimiento económico y mejora del gasto público, algo que antes solo se basaba en una mayor recaudación”.
“Si se llega a generar un beneficio a la inversión, habrá mayor consumo y al haber más consumo son las pequeñas, medianas empresas las que podrán tener un mayor mercado. (…) Esto no será fácil de implementar, se están buscando erradicar cosas que han estado presentes en los últimos 20 o 30 años, así que será todo un desafío”, puntualizó Maldonado.
A modo general, el Protocolo de Acuerdo sobre el “Proyecto de Cumplimiento Tributario”, busca avanzar en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, considerando la justicia hacia los contribuyentes, la igualdad de condiciones para competir y el desafío de mayor recaudación. Supone en sus objetivos que, se trataría de un cambio en la búsqueda de una agenda pro-inversión, de crecimiento económico y mejor gasto público.
En detalle, el mencionado documento da luces sobre lo que se podría reformar en materias de evasión tributaria, combate de la informalidad y fortalecimiento, así como la modernización, del catálogo de delitos tributarios, el cual será revisado por un grupo de panelistas expertos. La cooperación eficaz en la implementación de normas, así como el perfeccionamiento de algunas reglas del Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA), también forman parte del acuerdo.
Así también, se busca modernizar orgánicamente al SII. De manera que se llegó al consenso de que éste organismo técnico posea independencia del gobierno de turno y de los intereses particulares. Además, se establecerá una entidad colegiada externa que evalúe las estrategias de fiscalización y sus miembros tendrán que garantizar su capacidad técnica e independencia.
El Servicio Nacional de Aduanas y la Tesorería General de la República también podrían verse reformadas en este sentido.
En cuanto a materias que requerirán una revisión en profundidad, se destaca la figura del denunciante anónimo cuando se trate de delitos tributarios y asociados al crimen organizado; así como también, se planea avanzar en materia del secreto bancario para que pueda ser utilizado como un proceso judicial que funcione de manera más expedita que la actual norma.
Respecto de las Finanzas Públicas, se precisó que el destino prioritario de los recursos, donde se mencionó el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), inversión en seguridad ciudadana, apoyo emocional a niños, niñas y adolescentes con un especial foco en la prevención de delitos en los establecimientos educacionales.
Un punto de gran interés, es en relación al ahorro anual de recursos fiscales, el cual, se estimó según informe de la OCDE, que podría ser de un 0,2% del PIB.
Por último, el acuerdo compromete una evaluación externa sobre la recaudación, su impacto económico y el cumplimiento de los compromisos en materias de gastos. El organismo técnico externo tendrá que evaluar la normativa y sus compromisos y realizará un informe al cabo de tres años luego de su entrada en vigor.