Por Eduardo Bascuñán

Se ha planteado que los principales desafíos para el mundo empresarial, respecto de la Ley Karin, que entra en vigencia en agosto, van de la mano del gasto operacional extra al incorporar protocolos de prevención. Así como también con la dificultad de realizar un cambio cultural en el ordenamiento interno de las micro, pequeñas y medianas empresas. Cambio que ven con buenos ojos, pero con un alto cargo hacia empleadores.

Es que, en menos de un mes, la Ley 21.643 comenzará a regir y supondrá cambios estructurales en el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso sexual, violencia en el trabajo y en el acoso laboral.

Asimismo, supondrá un reordenamiento de la cultural y organizacional de pequeñas, medianas y grandes empresas, así también en el mundo público. Aunque el reglamento aún no se da a conocer, durante la semana pasada la Contraloría General de la República tomó razón del documento que entrará en rigor este próximo primero de agosto.

Según el mencionado reglamento, los actos de hostigamiento no necesariamente tendrán que ser repetitivos y, además, el empleador tendrá que tomar medidas inmediatas una vez hecha la denuncia. Pero para aplicar este reglamento, la Ley Karin establece que todas las empresas tendrán que contar con medidas de prevención y/o documentos que propicien protocolos en estas medidas y que, en el caso de privados, tendrá que ser la Dirección del Trabajo el ente fiscalizador.

Según la seremi de Economía y el archivo de Estadísticas de Empresas del Servicio de Impuestos Internos, hasta el 2022 se contabilizaron más de 300 mil 523 trabajadores dependientes de Micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme) en la Región del Biobío.

Entendiendo lo anterior, Humberto Cerda, presidente de Asociación Gremial de Empresas del Biobío (Asem Biobío) afirmó que “comprendemos como gremio la necesidad de contar con protocolos para prevenir el acoso laboral y sexual en las empresas; lo que nos preocupa hoy es que implementar sistemas de capacitación, además de protocolos seguros es el valor de éstos. (…) La pyme no está preparada para recibir tanto gasto y lo que suponemos, es que si no hay apoyo, vamos a empezar a ver cómo empiezan a cerrar las empresas”.

Según el líder gremial, las nuevas normativas que están prontas a entrar en acción afectarán directamente a las pymes de la Región del Biobío. “Hoy en día un modelo de prevención de delitos económicos vale cerca de $6 millones y un plan de protocolos de prevención, con capacitaciones a trabajadores y empleadores rondan los $2 millones”, aseveró Cerda.
Desde una línea similar, pero con una visión más propositiva, Beatriz Seguel, directora y presidenta del Comité de Género y Liderazgo de CPC Biobío, aseveró que “los principales desafíos radican en la necesidad de crear una cultura organizacional que promueva el respeto y la seguridad en el trabajo”. Es que una transformación cultural no sólo pasa por reglamentos internos.

“Son costos de gestión, horas de capacitación de las personas, ya que es clave mirar esto con un enfoque en la conciliación de la vida laboral y familiar, por lo que se deben crear ambientes laborales seguros y libres de actos discriminatorios dentro de los ecosistemas de trabajo debe siempre primar el bienestar de los colaboradores”, sumó Seguel.

En este sentido, Sandra Quintana, seremi del Trabajo y Previsión Social, aseveró que “respecto a cómo lo empleadores llegan a conocer el contenido de la Ley para aplicar óptimamente en sus espacios laborales, aparte de la información ya dispuesta en los sitios y cuentas de redes sociales oficiales del Ministerio, en cada región del país través de nosotros las y los seremis del Trabajo, junto con directores/as del Trabajo, hemos desarrollado un trabajo de difusión en los distintos rubros productivos de la zona, así como también a las y los trabajadores, instancias en dónde nos han contado sus casos particulares, han resuelto dudas y hemos explicado detalladamente cada parte de esta normativa”.

Aun así, la página de la Subsecretaría de Previsión Social, no se especifica que el mencionado proyecto vaya a generar un costo extra a los empleadores, pero sí estableció que “los protocolos de prevención obligatorios deberán ser provistos para ser puestos a disposición de las y los trabajadores a través de los organismos administradores de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales”.

Por su parte, Paola Zúñiga, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) provincial de Concepción, aseveró que “lo importante de la Ley Karin es que las empresas que están hoy en día, cumplan con ella y utilicen todos los protocolos y las medidas necesarias para que esto se cumpla a cabalidad; y las empresas que vendrán en el futuro van a tener una visión y misión enfocadas en que los trabajadores y trabajadoras deben ser protegidos y no vulnerados, pero esto debe ser un trabajo en conjunto entre los empleadores”.