Mientras el Gobierno asegura que existen los plazos y la voluntad de incorporar indicaciones, el sector artesanal pide más restricción en la asignación de cuotas. Pescadores industriales afirman que el Estado no puede subastar lo que no le es propio.
Tras el retorno de la discusión del proyecto de Ley de Pesca al Congreso a partir de esta semana, los principales nudos de la iniciativa que impulsa el Ejecutivo se centran en materias como cuotas, subastas, fraccionamiento y licitaciones por parte de gremios regionales de artesanales e industriales.
En este contexto, Javier Sepúlveda, seremi de Economía, Fomento y Turismo, explicó en detalle, los puntos más relevantes de la propuesta que es analizada en el parlamento y dejó claro que existe plazo y voluntad del Gobierno para incorporar las indicaciones que permitan armonizar una normativa en la que se recogieron previamente las visiones de los actores involucrados.
“Existe un fraccionamiento, que quiere decir que la cantidad de recursos disponibles para extracción que existen en el mar, se van distribuyendo porcentualmente de forma diferenciada entre distintos actores y esa distribución cambia por tipo de recurso. Por ejemplo, hoy día lo que ocurre es que del 100% que hay de un recurso se resta un 4% para dejarlo para imprevistos, para las plantas de procesos pymes y para hacer investigación pesquera. Por lo tanto, queda el 96% restante de eso a distribuir entre el mundo industrial y el mundo artesanal”, partió explicando el jefe de la cartera de Economía en la zona.
En línea con lo anterior, respecto a la distribución, esta cambia según el tipo de recurso. “En el caso de sardina y anchoveta, actualmente el 78% es para los artesanales y el 22% es para los industriales. El proyecto de ley plantea que ese porcentaje cambie y que sea un 88% para artesanales y un 12% para industriales. En el caso del jurel, actualmente el 10% es asignado a los artesanales y el 90% a los industriales. Y el proyecto de ley plantea que el 15% sea para artesanales y el 85% para industriales. Y en el caso de merluza, que es otro de los recursos fuertes para la región del Biobío, actualmente el 40% es para los artesanales y el 60% para industriales. Y el proyecto de ley plantea que el 43% sea para artesanales y el 57% sea para industriales. Pero el proyecto de ley plantea también que ese 4% que se le quita al 100% original, ese 4% el proyecto de ley lo sube a un 8%, de manera de que haya más recursos para las plantas de procesos pymes”, afirmó el seremi de Economía.
Ligado a lo anterior, la autoridad económica regional mencionó que el proyecto de ley lo haría, en caso de aprobarse, es dejar el 96% que hoy día se distribuye entre artesanales e industriales, en un 92%. “Ese último porcentaje se distribuiría de acuerdo con lo que se plantea, y que ya mencioné anteriormente, en donde en el caso sardina y anchoveta, el artesanal sube del 78 al 88%, en el caso del jurel, el artesanal sube del 10 al 15% y en el caso de merluza, el artesanal sube de 40 a 43%. En cada uno de esos recursos, que son los recursos más importantes para la pesca de la región del Biobío, en todos esos recursos, sube la distribución que se asigna para los artesanales”, dijo.
A renglón seguido, indicó que “y respecto de las licitaciones, el proyecto de ley plantea que lo que es para la industria, la mitad sea asignado de acuerdo con la historia, a asignaciones históricas que tiene la industria en las últimas décadas y la otra mitad sea para el mecanismo de licitación. Es decir, que los distintos actores de la industria que están hoy día operando y nuevos actores privados que quieran participar de este mercado, vayan a una especie de subasta a presentar el mejor valor para poder adjudicarse las cuotas que son asignadas para el sector industrial”.
En tanto, el presidente de Ferepa Biobío, Cristian Arancibia, hizo llegar un documento en el que el gremio expresa su postura respecto de los aspectos positivos y negativos del proyecto de ley de pesca. Así, se plantea que el artículo 126, que incorpora un programa de incentivo a las cotizaciones, sería lo más positivo, ya que “otorga un 75 % de aporte para el pago de imposiciones, lo que le permitirá tener cobertura social de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 128.” Del mismo modo, se indica que ven como un avance el reconocimiento de las organizaciones de la pesca artesanal que históricamente se han reunido en distintos tipos de organizaciones y la implementación de los Consejos Regionales de pesca junto con la nueva disposición de los Consejos Macrozonales.
En cuanto a lo negativo, de acuerdo con la Ferepa, se debe considerar, según ellos, el traspaso de cuotas en la pesca artesanal con una visión más restringida que impida que actores que no realicen la actividad vendan la cuota sin compartir esos ingresos con sus tripulaciones o equipos de apoyo. “Si no hay un interés real por efectuar la actividad que ese porcentaje quede sin captura en donde solo se autorice los traspasos de cuotas por motivos de fuerza mayor que impide a ese armador hacer el esfuerzo por el recurso susceptible de ser traspasado, con el propósito de reducir el esfuerzo pesquero que tiene al borde del colapso varias pesquerías”, dijo Arancibia.
Además, desde el sector de la pesca artesanal señalan que “en el énfasis que se da al consumo humano en este proyecto, solo se enfoca en el manejo de cuotas para este efecto, dejando absolutamente de lado acciones distintas de las cuotas que propicien el interés de los actores de la pesca en dar un impulso real al tratamiento de recursos para consumo humano, ya sea para armadores, plantas de procesos o pescadores artesanales que tengan el foco de agregar valor y destinar sus capturas al consumo humano propiamente tal”.
Macarena Cepeda, presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, afirmó que el problema que ellos analizan en el proyecto que presentó el Gobierno “tiene que ver con su idea fundante y que contiene errores graves y percepciones equivocadas. Como está planteada, la ley significa un retroceso para el sector pesquero industrial, cuyo aporte no reconoce. No plantea nada relacionado a la seguridad alimentaria, clave para la región. No hay incentivo a la inversión y significaría una destrucción de todo el desarrollo que ha tenido la pesca industrial en todo este tiempo, sobre todo en la elaboración de alimentos sostenibles. Los aspectos que nos preocupan son, en especial, la vulneración a los derechos en uso y vigentes, que sostienen a la actividad. Además, la reducción del plazo de duración de las licencias transables de pesca, de 20 a 10 años; los cambios en el fraccionamiento de la cuota global de captura, además del aumento de las subastas del 50% de la cuota industrial, más cuando el Estado no puede subastar lo que no le es propio”.
La presidenta de Pescadores Industriales del Biobío enfatizó que “estos errores técnicos provocarían una crisis igual o peor a lo que vimos con Huachipato. El subsecretario de Pesca y la comisión (de Pesca de la Cámara de Diputados) han sido testigos de una demanda reiterada por todas las regiones: en la tramitación ha faltado diálogo y voluntad para recoger propuestas”.
Por su parte, el gerente general de PacificBlu, Marcel Moenne Muñoz, en una presentación ante la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara, en el marco de la discusión de la propuesta que se encuentra en su primer trámite constitucional apuntó a que “la subasta de derechos en uso es una medida económica errada y su fracaso está debidamente documentado y estudiado en países que lo intentaron como es el caso de Estonia, Islas Faroe y Rusia. La experiencia internacional muestra con toda claridad que en los países de la OCDE las cuotas de pesca son asignadas por las capturas históricas de cada empresa previo al cierre de la pesquería y que las cuotas son indefinidas o renovables. La Industria pesquera necesita certeza jurídica y un marco regulatorio de largo plazo para ser competitiva a nivel mundial, mantener las actuales condiciones laborales, seguir desarrollando inversiones e innovar en nuevos productos”.
En tanto, la diputada María Candelaria Acevedo, integrante de la Comisión de Pesca de la Cámara Baja, dijo ser consciente que hay temas que generaran complicaciones, puntos de vista muy encontrados, “sobre todo en materia de fraccionamiento en donde los tiras y aflojas seguramente van a ser un tema de larga discusión, pese a que el proyecto y las propuestas que allí están contenidas se basan en criterios técnicos-científicos. También la propuesta sobre las subastas de cuotas es algo que será un punto para discutir en profundidad, recordando que este ítem es el que permitirá financiar la plataforma social tan anhelada por los pescadores artesanales. No está demás decir que creo que el resguardo a la pesca y por ende a los recursos marítimos es algo fundamental para nosotros, y si se logra dicho propósito, también estaremos resguardando los cerca de 80 mil empleos directos que la actividad pesquera genera en todo el país, concluyó.