Este miércoles 27 de marzo el ministro de Economía, Nicolás Grau, arribará a la Región del Biobío para concretar la esperada reunión con la Compañía Siderúrgica Huachipato y sus sindicatos. Esta será la primera instancia de encuentro entre el titular de economía y los trabajadores de la empresa tras conocerse el anuncio del cese de operaciones en los próximos tres meses.

Héctor Medina, presidente del Sindicato N°1 de Huachipato, se refirió a la reunión programada para el miércoles con Grau y aseguró que la postura de los trabajadores es clara para resolver la crisis de la siderúrgica.

“Nosotros lo que le vamos a decir es que lo que necesitamos es un 25% de sobretasa para la barra y un 33% para las bolas de molienda. Otra cosa no nos soluciona el problema”, declaró el líder sindical.

Asimismo, el presidente del Sindicato N°1 de la compañía aseveró que “se demostró que hay dumping, se dejó una sobretasa como promedio de un 15,3%, por lo tanto eso a nosotros no nos permite continuar el giro porque con ese porcentaje la empresa cierra”.

Ahora, desde los sindicatos están enfocados en revertir la decisión de la Comisión Antidistorsiones. Esto con el argumento de que el decreto aún no ha sido publicado en el Diario Oficial. “La situación que tenemos hoy es que no ha salido en el Diario Oficial el decreto que tienen que firmar el Presidente de la República en donde viene el 15,3% de sobretasa”, indicó Medina.

En específico, en su visita a la Región el ministro Grau tiene planificadas reuniones con los trabajadores de empresa, representados a través de sus sindicatos, y también con la Mesa por la Defensa del Empleo y la Industria.

“Nuestra posición, y que la hemos manifestado hace varios días a todas las autoridades, es que necesitamos una ratificación de que el arancel tiene que ser un 25% para las barras de acero y de un 33% para las bolas para la molienda de la minería. Ese es el piso”, precisó Iván Montes, presidente del Sindicato Enap Petrox y vocero de la Mesa por la Defensa del Empleo y la Industria Regional.

A su vez, Montes hizo hincapié en que “lo principal es asegurar que no cierre la compañía. Hoy lo que nosotros hemos visto es una transversalidad en la política regional en que todos están de acuerdo en que la compañía no puede cerrar, por lo tanto hay un piso político interesante para que el Gobierno tome la decisión correcta”.

Proceso de cierre

De la misma forma, al ser consultado por los detalles de cómo será el cierre indefinido de la planta ubicada en Talcahuano, programado para los próximos tres meses, el presidente del Sindicato N°1 señaló que aún no han recibido mayor información del procedimiento.

“Eso se está todavía analizando, porque no es tan simple ya que nadie quiere cerrar la empresa, de hecho hay muchas inversiones que se han hecho. Vamos a tener una reunión dentro de estos días, es seguro que la vamos a tener”, cerró Hector Medina.

Bajo el mismo contexto, la seremi del Trabajo y Previsión Social en la Región, Sandra Quintana, puntualizó que “no tenemos información respecto de eso (…) en esta oportunidad no hemos tenido acercamiento con la empresa, porque todo eso está en proceso y la situación está en manos del Ministerio de Economía porque estamos viendo la posibilidad de que el cierre no ocurra”.

Propuestas parlamentarias

Tras conocerse el anuncio de la detención de actividades de la siderúrgica, la diputada del Distrito 21 del Biobío, Joanna Perez, junto a un grupo de congresistas, presentó un proyecto de reforma constitucional para aplicar un arancel con un 50% a cualquier producto de acero proveniente de China. La iniciativa con el pasar de los días ha sumado apoyos.

No obstante, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, al ser consultado por el tema, comunicó su rechazo al proyecto de reforma debido a los acuerdos y tratados comerciales de carácter internacional que posee el país.

“El reformar la Constitución para hacer el quite a esa restricción nos parece muy inadecuado y, por último, lo que debemos tener claro es que la aplicación de salvaguardias y de tasas arancelarias en Chile está inscrita dentro de un marco que va más allá de la legislación chilena y tiene que ver con los acuerdos internacionales en materia de tarifas y toda la red de acuerdos bilaterales”, explicó Marcel, agregando que “tenemos que ser respetuosos de ese entorno, porque los costos de abandonarlos son muy grandes para la economía”.

Junto con la propuesta de reforma constitucional también ha surgido, entre diputados y senadores locales, la idea de que el Estado tenga participación dentro de la compañía siderúrgica, ya que se considera como empresa estratégica para Chile.

En específico, el senador Gastón Saavedra enfatizó que la propuesta es que el Estado adquiera una participación mayoritaria en la propiedad de Huachipato, proponiendo la creación de una nueva entidad en la que el Estado posea al menos el 51% de las acciones.

“Es el tiempo de la participación del Estado en la producción del acero. Esto significa que el Estado debe hacerse parte de una nueva empresa de carácter mixta en donde es el 51% propietario de las acciones”, detalló el senador del Biobío.

Según explicó el congresista, la iniciativa apunta a “un proceso de desarrollo con innovación tecnológica, con una apuesta por el Hidrógeno Verde y por el Acero Verde. Eso nos va a permitir que tengamos más estabilidad financiera y productiva”.

Por su parte, la diputada del Distrito 20, María Candelaria Acevedo, manifestó que “valoro que más actores, como el senador Saavedra, se sumen a algo que he planteado en innumerables ocasiones, y es que el Estado debe tener participación directa en empresas de carácter estratégico como lo es Huachipato (…) reitero que debemos pensar más allá de la crisis del acero, que es una urgencia, y debemos trabajar en un gran acuerdo por la industria nacional, en donde se logre un círculo virtuoso entre las principales empresas del país, apalancando y empujando la economía entre unos y otros”.