La eficiencia del Estado para cuidar el agua en un escenario de crisis hídrica ha mejorado exponencialmente en Biobío según evidencian las últimas cifras de fiscalización entregadas por la Dirección General de Aguas de Biobío.

Así, el director Regional de Aguas (S) de la Región del Biobío Matías Mendoza, dio a conocer estadísticas de gestión desarrolladas por el Servicio Regional en el periodo 2022 a 2023.

Al respecto, el director Regional de Aguas (S) de la Región del Biobío señaló que “con la finalidad de verificar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el Código de Aguas y en el marco de sus atribuciones, la Unidad de Fiscalización, Conservación y Protección de Recursos Hídricos, DGA, Región del Biobío, tramitó el año 2023 un total de 153 expedientes de fiscalización, gestión que se compone por denuncias presentadas por la comunidad ante el Servicio y por Inspecciones de Oficio levantadas por la propia Dirección Regional. Tal cantidad de expedientes, en comparación con los 86 procesos tramitados en el año 2022, representa un incremento del 178%”.

Matías Mendoza explicó también que el incremento en la cantidad de fiscalizaciones resueltas se ve reflejado tanto en la cantidad de multas cursadas, las cuales respecto del año 2022 aumentan en un 243%, como también en el monto total de las multas impartidas.

Luego, agregó que “respecto de esto último y a través de los 86 procesos sancionatorios tramitados en el año 2022, la Unidad de Fiscalización, Conservación y Protección de Recursos Hídricos de la Región del Biobío, logró recaudar a beneficio fiscal un total de 692 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Mientras que, a raíz de las gestiones desarrolladas en el año 2023, a través de los 153 procesos sancionatorios tramitados, el Servicio regional recaudó un total de 6.587 UTM a beneficio fiscal, lo que significa un aumento del 952% del monto total de las multas impartidas por la DGA Región del Biobío en el periodo anterior”.

Finalmente, desde la Dirección Regional indicaron que el fin de dar a conocer estas cifras no es hacer énfasis en el aumento de las multas impartidas en el pasado periodo, sino dar a conocer que, a través de las recientes reformas realizadas al Código de Aguas, la Dirección General Aguas Región del Biobío ha podido mejorar la eficiencia de los procedimientos de fiscalización, desarrollando con mayor fuerza su labor de policía y vigilancia en el territorio regional.

Especialista

El Dr. José Luis Arumí, director del Departamento de Recursos Hídricos de la Universidad de Concepción e investigador principal del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería (CRHIAM), manifestó que la gestión del agua en Chile se basa en el principio de la prorrata, que significa que las aguas se reparten en forma proporcional a la disponibilidad.

“Los Derechos de Aprovechamiento de Agua (DAA) corresponden a una autorización que entrega el Estado de Chile para que un particular extraiga hasta una cierta cantidad de agua desde una fuente superficial (río o lago) o desde una fuente subterráneas (acuífero). Si la autoridad, en este caso la Dirección General de Aguas (DGA) determina que existe escasez de agua, las extracciones se reducen en forma proporcional a los DAA otorgados siguiendo la prorrata. De esta forma se satisfacen todas las demandas de agua en base a un balance de oferta y demanda”, destacó.

Del mismo modo, Arumi dijo que la administración de agua debe ser perfeccionada entregando derechos de agua a usos que antes no tenían, para mantención de ecosistemas, para fines turísticos u otras demandas sociales, por ejemplo, un caudal para el Salto del Laja.

“En ese contexto resulta extremadamente importante que la autoridad realice un control de extracciones ilegales (robo del agua) para impedir que personas, que tienen los medios, abusen de las demás personas y afecten los ecosistemas”, dijo.

Por su parte, José Miguel Stegmeier, presidente de la Sociedad Agrícola Biobío, Socabio, sostuvo que en general sus representados no presentan mayores problemas de robos de agua. Aseguró que sus principales organizaciones de usuarios, que administran los usos de derechos de aprovechamiento correspondientes a cada agricultor, manejan muy eficientemente el agua para riego.

En todo caso, el presidente del gremio agricultor expresó que “además de las Asociaciones de Regantes o Canalistas de los respectivos ríos, están las Juntas de Vigilancia, las cuales incorporan a otros usuarios, sean de derechos consuntivos o no consuntivo, como son, por ejemplo, las Sanitarias, las hidroeléctricas y diversas industrias”.

Stegmeier explicó que estas organizaciones mantienen estrecha comunicación también con las entidades públicas que tienen que ver con el uso de los recursos hídricos, siendo las principales, la Dirección General de Aguas, (DGA), Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y Comisión Nacional de Riego (CNR), entre otras.

“Por lo tanto, insisto, en lo general, no hay mayores problemas o discrepancias en lo relacionado al normal uso del agua y si eventualmente existieran sustracciones o robos de agua, sea de particulares o del Fisco, nuestra legislación es muy drástica con los infractores, impidiendo un descontrol en esta materia”, concluyó.