Redistribuciones en la cuota de captura, consejos macro-zonales, mecanismos de protección social para pescadores, aumento de las licitaciones para la asignación de recursos, son algunos de los aspectos que busca implementar el proyecto de Nueva Ley de Pesca en la Región y el país.
Redistribuciones en la cuota global de captura, instalación de consejos macro-zonales, implementación de mecanismos de protección social para pescadores, aumento de las licitaciones para la asignación de recursos, entre otros, son los cambios que presenta el texto de la propuesta de Ley de Pesca del Gobierno para Biobío. Cabe destacar que la iniciativa ya fue ingresada al Congreso y comenzó su trámite legislativo.
En detalle, el proyecto cuenta con más de 210 páginas, 375 artículos permanentes y 28 transitorios. Esto además de contar con un informe financiero que sostiene que la iniciativa generaría un costo fiscal por más de $5 mil millones, pero sería compensado completamente por una mayor recaudación, cercana a los $9 mil millones. El texto ya se encuentra en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos.
A lo anterior se suma un hito relevante para las regiones, el que consiste en la instalación de un Consejo Regional de Pesca que tiene por objetivo contribuir a hacer efectiva la participación de los representantes del sector pesquero artesanal. En esa línea, la medida surge como una iniciativa para descentralizar las medidas administrativas que adopte la autoridad y a hacer efectiva la participación de los agentes del sector pesquero a nivel regional.
Dentro de sus funciones consultivas, la propuesta de ley propone que el consejo pueda definir medidas de fomento de pesca artesanal, determinación de vacantes en la pesca artesanal y movilidad de tripulantes.
Otro punto relevante de la conformación del consejo son sus miembros, y es que la instancia estará conformada por un representante del Gobierno Regional; el director regional del Servicio Nacional de pesca; un representante de Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, un representante del Instituto de Fomento pesquero; el gobernador marítimo de la Región; el seremi de Economía, Fomento y Turismo; dos representantes de universidades o institutos profesionales reconocidos por el Estado; un representante de todas las entidades jurídicas sin fines de lucro que en sus estatutos tengan como objeto fundamental, conjunta o separadamente, la defensa del medio ambiente o la preservación de los recursos naturales o la investigación; seis representantes de las organizaciones gremiales legalmente constituidas del sector pesquero artesanal; un representante de armadores industriales; un representante de los tripulantes industriales; y un representante de plantas de proceso.
“Lo que busca es incorporar actores que hoy están invisibilizados en una región y busca, además, recoger las pertinencias regionales. Cuando hablamos de la pesca artesanal, a diferencia de la pesca industrial, se configura de manera distinta en cada territorio. No es lo mismo la pesca artesanal de Coronel que la pesca artesanal de comunas como Tirúa, por ejemplo. Hay características propias del territorio que quedan invisibles cuando tenemos consejos macro-zonales”, sostuvo el seremi de Economía del Biobío, Javier Sepúlveda.
“Cuando hablamos de una ley que realmente considere a todos los que realizan actividad pesquera, hay que recoger todas las visiones en todas las escalas territoriales. Vamos a tener, eventualmente, este consejo regional para la pesca artesanal y, posteriormente, aquellas decisiones van a pasar a la siguiente escala que es el consejo macrozonal”, agregó la autoridad.
Por su parte, Cristian Arancibia, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Biobío, Ferepa Biobío, comentó que la creación de consejos regionales “dan una solución a problemáticas de administración pesquera. Estos consejos serán consultivos principalmente, pero pueden recoger una variedad de opiniones, reacciones y situaciones que vive la pesca artesanal en las caletas. Esto puede generar mociones que puedan atraer a la autoridad a tomar medidas”.
De la misma forma, el presidente de Ferepa se refirió al texto ingresado a la Cámara de Diputadas y Diputado y dijo que “en general es una buena ley para el sector pesquero artesanal, a propósito, también en temas de fraccionamiento”.
El texto contempla tres organismos macro-zonales, denominados Consejos Macro-zonales de Pesca. Uno en la Macrozona Norte, correspondiente a las Regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta, de Atacama y de Coquimbo. Otro en la Macrozona Centro Sur, correspondiente a las Regiones de Valparaíso, del Libertador Bernardo O’Higgins, del Maule e Islas Oceánicas, de Ñuble; del Biobío, de La Araucanía y de Los Ríos.
El último es la Macrozona Sur Austral, correspondiente a la Región de Los Lagos, de Aysén del General Carlos Ibáñez, de Magallanes y de la Antártica Chilena.
En comparación con la antigua Ley de Pesca, la propuesta contempla modificaciones en la distribución en las cuotas globales de captura y el fraccionamiento entre el sector pesquero artesanal e industrial en los recursos.
De acuerdo con el texto, el Ministerio de Economía, mediante decreto dictado bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, podrá fijar cuotas globales de captura para cada unidad de pesquería. En los casos en que dos o más unidades de pesquería comprendan un mismo stock o unidad poblacional de un determinado recurso hidrobiológico, se podrá determinar una sola cuota global de captura.
Asimismo, para la determinación de la cuota global de captura, la Subsecretaría de Pesca fijará el monto dentro del rango determinado por el Comité Científico Técnico respectivo en su informe técnico de conformidad al punto biológico de referencia.
Por ejemplo, respecto del fraccionamiento entre sectores, la Anchoveta en el área marítima comprendida en la Macrozona Centro sur, donde se encuentra la Región del Biobío, se otorga un 88% para el sector pesquero artesanal y 12% para el sector pesquero industrial. En Jurel, por otro lado, en la misma área marítima se establece un 15% para el sector pesquero artesanal y 85% para el sector pesquero industrial. A su vez, para la Merluza Común en el área marítima comprendida en la Macrozona Centro Sur se establece un 43% para el sector pesquero artesanal y 57% para el sector pesquero industrial.
“En esa visión regional vemos que no nos afecta mucho la redistribución, porque nos están extrayendo el 5% de las fracciones industriales, en el caso del jurel, y se lo están tirando al sector artesanal. En el tema de la anchoa se rebaja un 10% lo tiran al sector artesanal. En ese sentido, vemos que no es una tremenda afectación, pero igual afecta porque nuestros sueldos son variables como trabajadores”, aseguró Juan Carlos González, presidente del Sindicato de Capitanes de Pesca de la Región del Biobío y vocero del Frente Regional por la Defensa del Desarrollo Pesquero del Biobío.
Igualmente, el presidente de Ferepa Biobío también se refirió a las cuotas de captura que propone la normativa e indicó que “las cifras que han sido planteadas en el proyecto de ley como fraccionamiento son favorables para la pesca artesanal, en las tres macrozonas que propone el articulado. Tienen beneficios importantes para el sector pesquero artesanal”.
Bajo ese contexto, el seremi de Economía del Biobío explicó que el fraccionamiento que propone el proyecto de ley depende del tipo de pesquería y la zona donde se desarrolla la actividad. “Nos hemos preocupado de afectar en lo menor posible la distribución o fraccionamiento de la Región del Biobío. Lo que sí hemos resguardado es que los actuales niveles de desembarque de la industria del Biobío se puedan mantener en los próximos años, que el nuevo fraccionamiento no afecte al actual desembarque (…) hay que reconocer que el sector artesanal e industrial han trabajado muchos años para poder cuidar los recursos”.
Una de las principales críticas que recibió la actual ley recaía sobre los criterios de asignación de los recursos hidrobiológicos para el sector industrial. La ley vigente consagró que al menos el 85% de cada pesquería se asignase mediante criterios históricos (LTP-A), y solo un 15% mediante subastas públicas (LTP-B).
En la iniciativa presentada, con el propósito de promover la libre competencia y la eficiencia económica, se propone disminuir en al menos un 35% el porcentaje de la fracción industrial que se asigna mediante criterios históricos, y aumentar a un 50% el porcentaje que se asigna mediante licitaciones.
Sobre aquello, el vocero del Frente Regional por la Defensa del Desarrollo Pesquero del Biobío aseveró que “esas variables que nosotros manejamos son las que ponen en riesgo la estabilidad laboral”.