Biobío: 40% de las personas en situación de discapacidad están ocupadas

El último boletín sobre caracterización de Personas en Situación de Discapacidad (PeSD) arrojó una serie de resultados tanto nacionales y locales.

Un escenario particularmente desafiante en la modernización de la Ley de Inclusión Laboral y para la generación de políticas públicas con foco en las brechas de género forman parte central del último boletín sobre caracterización de personas en Situación de Discapacidad (PeSD) del Observatorio Laboral Biobío Sence.

Lo anterior, dado que se indica que la Región del Biobío tiene un 21,9% de personas en esta condición superando a las regiones Metropolitana y de Valparaíso.

Luis Méndez Briones, director del Observatorio Laboral del Sence Biobío y profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Bío-Bío (UBB), señaló que corresponde “a la constatación de la gran cantidad de personas que tenemos en el país y la Región en condiciones de discapacidad, en Biobío alcanzan las casi 300 mil personas que equivale aproximadamente a un 40% de la población ocupada, lo que es un porcentaje bastante elevado porque están incluidos los discapacitados totales, más las personas que poseen un porcentaje de discapacidad”.

“Biobío tiene el mayor porcentaje de personas con discapacidad respecto de su población, tenemos un 21,9%; la Metropolitana tiene un 19% y Valparaíso un 16%, donde lejos, somos la Región con mayores niveles de discapacidad del país”.

Hay que recordar que, en el marco de los indicadores de inclusión laboral arrojados por el reciente e inédito estudio sobre el empleo comunal en la zona, el director del Observatorio Laboral Biobío Sence afirmó que “estamos bajos en el tema de la discapacidad donde hemos procesado encuestas complementarias a estas y nos hemos dado cuenta que en términos de personas que forman parte de la población activa, los niveles de discapacidad son altísimos 14% ya en las mujeres y 11% en los hombres, es decir, estamos llegando a un nivel promedio de discapacidad en la Región de 17%, eso es cerca de 300 mil personas con discapacidad severa o grave que no están incorporados a la actividad económica donde la Ley del 1% que exige la contratación de discapacitados es absolutamente insuficiente con estos datos que tenemos a la vista”.

Otras cifras

De acuerdo con el también profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Biobío (UBB), las personas que presentan algún grado de discapacidad igual se desempeñan laboralmente ya que “el 40% de la población activa (en la zona) presentan algún grado de discapacidad (ver gráficos), el problema está en los discapacitados severos, la ley de inclusión establece que al menos el 1% de la plantilla de los trabajadores de una empresa puedan ser personas con una discapacidad severa y ese porcentaje obviamente que se quedó corto donde al comparar las cifras es muy alto el porcentaje de personas con este problema y que refleja por qué no están incorporados a la fuerza laboral, donde el 56% de los desocupados son discapacitados”, expresó.

En cuanto a las brechas de género vinculadas a este escenario Méndez indicó que “una vez más la mujeres son muy afectadas y el problema con la discapacidad es que aumenta con la edad donde existe mayor porcentaje de discapacidad en personas entre 39 y 45 años y sobre 70 años”.

Principales avances

Sandra Quintana, seremi de Trabajo y Previsión Social de Biobío detalló algunos avances obtenidos en materia de inclusión laboral que parten con la formación de una mesa regional. “Se formó en el segundo semestre de este año con las directivas de las organizaciones de discapacidad que hay en la Región y en cuya inauguración participó la directora nacional del Sence donde existe la posibilidad que la participación se vaya ampliando a otras organizaciones vinculadas al empleo principalmente, donde el foco inicial está en la capacitación y el planteamiento de objetivos que puedan ir cumpliéndose año a año”.

Modificaciones al reglamento

Parte de las modificaciones realizadas al reglamento de la Ley de Inclusión Laboral (20.015) vienen a abordar el problema de control y fiscalización. “No había claridad sobre el cumplimiento de la normativa. Ocurría muchas veces que empresas con varias sucursales indicaban cumplir con las metas, pero cumplían en otras regiones y no en la nuestra, entonces, ahora, el cumplimiento de los 100 trabajadores debe ser en el territorio donde existe la inclusión, así que en eso se avanzó, al igual que el nuevo requisito de informar en enero de año por parte de la empresa quién es la persona que está en situación de discapacidad y que está incluida en la nómina de trabajadores contratados”.

“Esta fiscalización la realiza la Dirección del Trabajo y además la información de las empresas deberá ser registrada en la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) donde tienen un plazo de 30 días para publicar un aviso que puede ser, por ejemplo, que se necesita un reponedor y la BNE verificará que la persona postuló y se encuentra en situación de discapacidad y debe ser contratada”, indicó la representante del Ministerio del Trabajo y Previsión Social en Biobío.

En cuanto a los desafíos, Sandra Quintana apuntó a las brechas de género en materia de inclusión laboral. “La problemática de la discapacidad es doblemente mayor en el caso de las mujeres porque mirando las estadísticas (ver gráficos) el número de mujeres en situación de discapacidad es mayor que el de hombres. Hay que hacer hincapié también que a mayor edad aumentan las personas en situación de discapacidad lo que implica que seguir buscando avanzar en materia de inclusión”.

Gestor Inclusivo

De acuerdo con la jefa de la cartera de Trabajo y Previsión Social en la zona, no es obligación que en el caso de las pymes se contrate un Gestor de Inclusión, ya que esta función puede ser realizada por otra persona perteneciente a la empresa tras una debida capacitación que permita una posterior certificación a través de Chile Valora. “Es muy importante el trabajo del gestor inclusión para abrir los espacios de inclusión al interior de las empresas para evaluar puestos de trabajo de forma que la persona en situación de discapacidad pueda desempeñarse bien y reciba acompañamiento, genere lazos y se sienta acogida en la empresa”, afirmó.

Por su parte, Nicole Lara lleva 7 años ejerciendo como Terapeuta Ocupacional en la Omil de la Municipalidad de Talcahuano y además, pertenece a una mesa de trabajo sobre inclusión laboral. “Uno de los problemas o desafíos de la actual Ley del 1% sobre inclusión laboral, es que existen empresas con filiales a nivel nacional que completan la cuota en territorios fuera de la Región del Biobío como Arica o Iquique a lo que se suma otro fenómeno en qué empresas, por ejemplo del área de la construcción o inmobiliaria, cumplan la cuota incorporando a sus registros personal a través de la subcontratación. Un tercer punto, tiene que ver con que con esta ley las empresas comenzaron a validar o certificar la discapacidad del personal que ya tenían contratado o subcontratado lo que originó que las nuevas contrataciones de personas con discapacidad cayera en la Región desde 2017 a la fecha porque muchas empresas hicieron eso, entonces, una mejora podría ser, lograr que la cuota sea con pertinencia territorial”.