“Como país estamos en la obligación ética y moral de proteger los empleos”, dijo el senador por la zona Gastón Saavedra, quien se reunió con los sindicatos.
Dirigentes sindicales de la Siderúrgica Huachipato esperan que antes de fin de año se aplique la salvaguardia al acero chileno. Esto en base a que, según afirman, sólo falta la presentación de la compañía en la Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercancías Importadas.
“Hay un compromiso de apoyar a la Siderúrgica Huachipato, poniendo una salvaguardia. Naturalmente, una de las condiciones que pone el Gobierno es que hagamos la presentación ante la Comisión de Distorsión de Precios que está radicada en la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Nosotros decimos que sí la empresa lo va a hacer”, sostuvo el presidente del Sindicato 1 de Siderúrgica Huachipato, Hector Medina.
De la misma forma, el dirigente sostuvo que como sindicatos proyectan que “debiera aplicarse de inmediato la salvaguardia, que nos plantea el senador, en 30 o 45 días máximo”.
En la misma línea, el senador Gastón Saavedra, aseguró que ya existe el compromiso de adoptar la medida para resguardar la producción del acero en el país y los miles de puestos de trabajo que dependen de esta. “Va a haber una salvaguardia, porque como país estamos en la obligación ética y moral de proteger los empleos. Estamos en una crisis de los empleos, 9 puntos de desempleo es muchísimo, y, al mismo tiempo, la debilidad que tenemos de la desprotección de todos los que son nuestros aceros”, sostuvo Saavedra.
Asimismo, el parlamentario agregó que “el Gobierno está asumiendo la responsabilidad, a partir de la presentación que tiene que hacer la CAP y Moly Cop porque es una cadena de valor la que hay que proteger, para tomar la decisión, esperamos de oficio en un plazo no más allá de 60 días, de aplicar esta salvaguardia y proteger la industria del acero chileno”.
El senador también hizo énfasis en el impacto económico y laboral que podría generar un eventual cierre de la compañía. “Sabemos que la planilla de Huachipato son US$22 millones mensuales, eso está en el comercio del Gran Concepción (…) el rol de las autoridades de la Región del Biobío por jugársela como corresponde para que esto se aplique y tenga la resolución lo antes posible. Lo mismo que para las pequeñas y medianas empresas dentro de Huachipato, son 120 las que allí trabajan, no es una red pequeña”, cerró.
El presidente del Sindicato 1 de Huachipato se refirió a la decisión de aplicar una salvaguardia. “Lo que le exigimos al Gobierno es que actúe de oficio políticamente, el Tratado de Libre Comercio con China sí lo permite”.
Igualmente, Medina aseguró que la medida “es la solución, porque si se le pone una sobre tasa a los aceros que vienen desde China, con un 40% menos de valor, naturalmente que el mercado lo regula. Ahí tendríamos una competencia justa y leal (…) si no se pone salvaguardia, cierra Huachipato”, complementando que la eventual salvaguardia “tiene que ser mínimo de tres o cuatro años, porque tenemos que darle continuidad a la siderúrgica y recuperarnos de este semestre en que tuvimos pérdidas de US$220 millones”.
Marcelo Rubilar, presidente del Sindicato Moly Cop en Talcahuano, empresa que también se ve perjudicada por la crisis de Huachipato debido a que la compañía siderúrgica es su proveedora, analizó los alcances y la necesidad de aplicar una salvaguardia al acero chileno.
“Nosotros como compañía queremos que esto mejore para todos, esta es una economía circular (…) esto nos afecta directamente. Debido a que como vecinos compramos barras de acero y así se evitan fletes y cabotaje”, indicó Rubilar.
“Como fábrica no queremos cerrar, tenemos una dependencia común con Huachipato. Si cierra Huachipato vamos a tener que empezar a buscar nuevos proveedores con precios que no podemos competir”, cerró el presidente del Sindicato Moly Cop en Talcahuano.
Diario Concepción se comunicó con Siderúrgica Huachipato y desde la compañía decidieron no dar declaraciones al respecto.
Misma situación ocurrió con el Ministerio de Economía, a propósito de las consultas para confirmar o descartar la información entregada por el senador Saavedra.