Se plantea la urgencia de velar por la probidad del gasto público y fortalecer el acceso a la información hacia toda la ciudadanía.
El Observatorio de Corbiobío dio a conocer un informe que contiene 18 propuestas que apuntan a ampliar el acceso a información pública, agilizando la tramitación de la Ley de Transparencia 2.0, ante los diversos casos de connotación de la fe pública.
La iniciativa surge en el contexto del 39 aniversario de Corbiobío, en el marco del ciclo de Gobierno Abierto – Parlamento Abierto.
El informe se expuso ante representantes del sector productivo y universidades regionales, oportunidad en que el economista del Observatorio de Corbiobío, Ariel Yévenes, explicó la importancia de promover la Ley de Transparencia 2.0 para avanzar en la modernización del Estado eficiente y eficaz.
Yévenes recordó que este proyecto de ley ingresó en septiembre de 2018 y tiene urgencia calificada como “simple” y que ahora se busca darle celeridad (suma urgencia) en su tramitación legislativa para aplacar la corrupción a nivel público.
En lo específico, se busca ampliar la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública, haciéndola aplicable al Congreso Nacional, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Servicio Electoral, Tribunal Calificador de Elecciones, Tribunales Electorales Regionales, Contraloría General de la República y Banco Central.
También se hacen aplicables normas de la ley a empresas públicas, corporaciones, fundaciones, asociaciones y empresas municipales, así como a las personas jurídicas sin fines de lucro, que reciban fondos públicos.
Este informe se canalizará ante las comisiones respectivas del Congreso Nacional y el ministerio Secretaría General de la Presidencia, para su pronta consideración.