Subsecretraria de Hacienda, Heidi Berner: “En el Presupuesto 2024 vamos a fortalecer que las transferencias sean a través de concurso público”

La autoridad de la cartera de Hacienda visitó el Biobío y repasó las medidas que están tomando como Gobierno para fiscalizar el traspaso y uso de fondos públicos. Esto en medio de los objetivos que tiene el Ejecutivo en avanzar en materia de descentralización.

La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, visitó la Región del Biobío para entregar los avances, en materia de ejecución y aportes, del Fondo Nacional de la Reconstrucción tras los incendios forestales registrados en febrero de este año.

La autoridad de Hacienda, en conversación con Diario Concepción, también repasó los alcances del nuevo Royalty Minero, la presentación del Nuevo Pacto Fiscal, la discusión del proyecto de ley de “Regiones Más Fuertes” y las medidas que están tomando como ministerio en el ámbito de fortalecer la entrega y correcto uso de fondos públicos. Esto de cara a la Ley de Presupuesto 2024.

– En términos de aportes, ¿cuál es la actualidad del Fondo Nacional de Reconstrucción y cuáles son sus plazos de operación?

El Fondo Reconstrucción opera dos años, desde que se activó en el mes de febrero por el caso de los incendios. Las obras que están hoy en el catastro corresponden a todas aquellas que, desde el sector público, se levantaron como necesidades de reconstruir. Esas obras tienen un plazo de dos años para recibir recursos para su proceso de reconstrucción. Desde un punto de vista de lo público, ya se han levantado todos los proyectos que son importantes.

Hay 92 proyectos catastrados en el fondo, en lo que se refiere a incendios, por un monto total que supera los $400 mil millones en las tres regiones que resultaron afectadas.

– Respecto del recién promulgado Royalty Minero, la presentación del Nuevo Pacto Fiscal y el Caso Convenios, ¿qué acciones están contempladas en materia de probidad y fiscalización del uso de los recursos públicos?

– Dentro del Pacto Fiscal hay 20 medidas de reforma del Estado en distintos ámbitos. En particular, hay una medida de reforma que es generar un proyecto de Ley Marco para la relación entre las distintas instituciones públicas, tanto el gobierno central, como los gobiernos regionales y los municipios, al momento que se realizan transferencias a fundaciones. Esto porque hoy eso se regula a través de glosas de presupuesto.

En la Ley de Presupuesto hay un artículo que señala que todas las transferencias de gastos corrientes tienen que ser a través de concurso. Sin embargo, puede haber glosas que se establecen en presupuestos específicos de algún municipio, pero también de los gobiernos regionales, que permiten que esas transferencias no se realicen a través de concursos. Eso lo estamos corrigiendo para la Ley de Presupuesto 2024, pero, adicionalmente en el marco del Pacto Fiscal está el generar esta Ley Marco para las transferencias de recursos públicos a fundaciones. Por supuesto que en esa Ley en Marco se van a contemplar todos los mecanismos de rendición, como también hoy los contempla la Ley de Presupuesto. Y es que una cosa es el mecanismo de entregar los recursos, si es concurso o una transferencia directa. Nosotros en el Presupuesto 2024 vamos a fortalecer que las transferencias sean a través de concurso público.

Lo segundo es que, una vez que yo entrego la transferencia, ya sea a través de concurso o de forma directa, ¿cómo rindo los proyectos? Esa rendición hoy la rige una circular de la Contraloría General de la República. Posteriormente, con cada una de las instituciones, una vez que reciben los recursos, hay un convenio que establece lo que tienen que hacer y deben rendir los gastos. Que haya una rendición no adecuada significa que ese gasto se rechaza y, por lo tanto, los recursos, con la actual institucionalidad, tienen que devolverse.

– Enfocado hacia la Ley de Presupuesto 2024, ¿ya han trabajado en algún tipo de mecanismo para fortalecer el acceso por concursos públicos?

– Actualmente, hay un artículo de la Ley de Presupuesto que señala que todas las transferencias corrientes tienen que ser entregadas a través de concursos, pero no así respecto a las transferencias de capital. Entonces, por ejemplo, en el caso de los campamentos, es transferencia de capital. ¿Por qué es transferencia de capital? Porque se construyen obras. Por ejemplo, si yo hiciera una transferencia para apoyar el equipamiento de una APR, sería una transferencia de gasto de capital y no de gasto corriente. Entonces, el presupuesto hoy señala que es respecto de las transferencias corrientes que hay que hacer concurso, no lo dice respecto a las transferencias de capital, y eso es algo que vamos a fortalecer en el presupuesto 2024. En paralelo, vamos a trabajar en esta Ley Marco que es parte de este paquete del Pacto Fiscal. En los proyectos de ley que queremos ingresar, que no son sólo temas tributarios, también hay temas de modernización del Estado.

– Refiriéndonos al Nuevo Pacto Fiscal, ¿cómo va a ir en beneficio de las regiones?

– El Pacto Fiscal tiene beneficios para todas las personas que habitan en el país, porque tiene prioridades de gasto. Es un pacto que se construye en base a seis ejes. Uno es en base a los principios de un sistema tributario. Lo segundo son las necesidades de gasto, las que hemos identificado tienen que ver con aquella urgencia y temas que nos plantean desde, en general, todas las encuestas, también cuando uno sale a terreno. En definitiva, son las prioridades que plantean las personas que son en temas de pensiones, en salud, en cuidados y en seguridad ciudadana. Entonces, lo que hicimos fue levantar esas prioridades y dimensionar cuál es el nivel de recursos que necesitamos para hacernos cargo de esas necesidades. Y esas prioridades de gasto involucran un 2,7% del PIB.

Lo que nosotros estamos proponiendo en este Pacto Fiscal es que un 1,5% venga de financiamiento a través del mejoramiento de la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Hoy hay personas que usan resquicios legales para eludir el pago impuesto. Hay otros que definitivamente evaden y eso es un delito.

Hay distintos tipos de medidas que van en esa línea, que nos van a permitir financiar y obtener recursos por el orden de 1,5 % del PIB. Para el resto de los recursos que se requieren para completar el 2,7 %, nosotros estamos proponiendo una reforma al impuesto a la renta, que es sólo al impuesto de las personas que están en el 3% más rico de la población.

– Se conoce que la propuesta tributaria se elaboró tras reuniones con distintos actores económicos y financieros del país. Sobre aquello, ¿qué proyecciones manejan en torno a este pacto?

– Nosotros, para este pacto, tuvimos más de 30 reuniones con organizaciones de la sociedad civil. De hecho, participó Chile Mujeres y Comunidad Mujer, por dar un ejemplo. También nos reunimos con la CPC, que representa a las grandes compañías; con más de 14 gremios que agrupan a las firmas de menor tamaño; y, de la misma forma, con los partidos políticos que se quisieron sumar a escuchar y presentar propuestas. Recibimos ideas de los partidos de la coalición de Gobierno, pero también se sumaron propuestas de Demócratas, de Evópoli y de la Democracia Cristiana.

Lamentablemente no recibimos propuestas ni de Renovación Nacional, ni de la UDI, ni de republicanos.

En este momento nosotros convocamos al Pacto Fiscal que, a partir de esas 30 reuniones y de las propuestas que recibimos, entendiendo que esto no es sólo una reforma tributaria, sino que es un verdadero pacto, porque significa que el Estado, siendo más eficiente, ayuda al financiamiento y a la búsqueda de recursos para generar y poder financiar estas necesidades que han sido priorizadas y que corresponden al 2,7 % del PIB.

El pacto, a partir de todas estas conversaciones, generó todo un ámbito de inversión de productividad y crecimiento que tiene 38 medidas, junto con las acciones que tienen que ver con reformas del Estado para tener una mejor calidad y eficiencia del gasto.

– Hace algunos meses se presentaba la iniciativa de ley de “Regiones Más Fuertes”, en donde se otorgan distintas acciones para entregarles mayores facultades a los gobiernos regionales, ¿en qué está propuesta de ley?, considerando lo ocurrido con el Caso Convenios y la transferencia de recursos en regiones.

– Ese proyecto de ley hoy día está siendo debatido en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados. Efectivamente, esta propuesta busca que las regiones tengan otras fuentes de financiamiento, a través de algunos tipos de patente o impuestos. Por supuesto que en el debate ha surgido la necesidad de que estos mayores recursos generen los mecanismos necesarios de auditoría y rendición. Eso es parte del proyecto de ley. De hecho, se habla de que deben tener auditorías externas, entre otras cosas.

– ¿Están abiertos como Ministerio de Hacienda a recibir indicaciones para los mecanismos de transparencia en el de financiamiento?

– Por supuesto, pero yo quiero también insistir en que el proyecto sí contempla los mecanismos de transparencia. La propuesta lleva mecanismos de evaluación y de auditoría externa a los gobiernos regionales respecto del uso de los recursos. Todo está incorporado en el proyecto pero, adicionalmente, existe una mesa de trabajo con parlamentarios, junto con sus asesores, para ver si es que hay que incorporar indicaciones adicionales en esa línea.

– En base al Royalty Minero, ¿qué importancia tiene esta transferencia de recursos a las regiones?

– En el Royalty Minero se crean tres fondos. Un fondo que va a los gobiernos regionales para el desarrollo productivo. No obstante, este fondo no es de libre disponibilidad de gasto, ya que es para inversiones y actividades productivas. Estos recursos no son para gasto en personal, si uno quisiera ponerlo de esa forma. En base a eso, los mecanismos de distribución tienen que ir a través de un reglamento pero, principalmente, el mecanismo de distribución es el mismo que ocupa hoy el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Después hay otro fondo que es de comunas mineras, que son aquellas que efectivamente tienen minas, pero también las que son parte de la cadena productiva de la minería, donde puede haber relaves, puertos, entre otros.

Por último, está los recursos que van a entregarse a un fondo de municipalidad que tienen una mayor dependencia del Fondo Común Municipal (FCM). Es decir, aquellas que no tienen tantos ingresos propios y por tanto tienen una dependencia por sobre el 80% de los recursos del FCM.

– ¿Puede ser que existan comunas que no reciban recursos por Royalty Minero?

– Efectivamente, y que son las del 20% que tienen mayores ingresos propios. Creo que sería un contrasentido, que si lo que queremos es fortalecer, por un lado, la descentralización, pero, por otro lado, permitir mayor equidad a través de todo nuestro territorio, es que todas las comunas recibieran recursos del Royalty Minero.