Sence ha realizado 130 fiscalizaciones a organismos técnicos en Biobío

La directora nacional del servicio, Romanina Morales, explicó que esto corresponde al seguimiento de recursos entregados a particulares que ejecutan programas de capacitación.

La directora nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), Romanina Morales, llegó hasta el Biobío para ser parte de la constitución del Primer “Consejo Regional de Capacitación”.

La instancia tiene por objetivo un diálogo tripartito entre el sector público, privado y trabajadoras/es, para asesorar a la cartera del Trabajo y Sence en la política regional de capacitación para abordar las realidades productivas, en toda su diversidad, acogiendo las necesidades de capacitación de una forma descentralizada y pertinente a los territorios.

En conversación con Diario Concepción, la directora nacional del Sence explicó los alcances y metas que tiene la iniciativa en el Biobío. De la misma forma, se refirió a las fiscalizaciones que han sostenido en la transferencia de recursos para desarrollar capacitaciones, la reconversión laboral, la brecha de género en los empleos, entre otros temas.

– Han manifestado que como Sence tienen múltiples desafíos. Una de ellos, por ejemplo, es mejorar en el área de capacitaciones y la brecha de género a nivel nacional en materia de empleos, ¿cuál es el análisis y en qué deben avanzar como servicio?

– Las capacitaciones tienen que ser pertinentes y, a su vez, con una realidad territorial. Si tú vas a capacitar acá el manejo en la quinoa con aymaras, lo más probable es que no encuentres empleabilidad. Por eso mismo hay que tener muy claro el diseño de la capacitación para que tengamos un amplio margen de empleabilidad. Ese es un tema bien importante y que es la función principal que van a hacer los consejos regionales, la de poner la aguja más centrada dónde debemos invertir, porque los recursos fiscales son escasos. Entonces, su inversión tiene que ser eficaz y que surta efecto.

Otro tema que es muy preocupante para nosotros, postpandemia no logramos recuperar la empleabilidad femenina. Y es un ámbito altamente complejo, porque hemos retrocedido casi 40 años en las tasas de empleabilidad femenina, y yo creo que tiene que ver también con los cuidados. De ahí la importancia de la ley de conciliación de la vida laboral y personal. En definitiva, el objetivo es que ciertas mujeres tengan derecho al teletrabajo y desarrollar sus labores desde otra esfera, no necesariamente presencial. Y retomando el tema de las capacitaciones, la intermediación, las mujeres son casi el 80% de las que se capacitan y depende del sector. Hay ciertos mitos de que en el sector minero, en el sector informático, en el sector de la construcción no hay mujeres, eso es falso. Podemos desmentir eso con una realidad de dato duro.

– ¿Qué alcances directos va a tener para el Consejo Regional de Capacitación en el Biobío?

-Es un comité tripartito. Es decir, no solamente está la voluntad del Sence. Acá hay una voluntad de los distintos seremis que están en la mesa, también está la voluntad de los trabajadores y trabajadoras, y está la voluntad del empresariado. Por lo tanto, cada una de estas miradas van a tener que coincidir en un punto común y eso nos va a significar un trabajo nuevo; una nueva forma de ver las cosas; y una nueva forma de enfrentar también las decisiones en cuanto a las capacitaciones. Eso es algo muy novedoso y lo otro novedoso es que van a determinar en qué y también qué público objetivo quieren capacitar. Si quieren en la pesca, si quieren en la recolección, si quieren con el tema marítimo, uno va a determinar en qué temas de capacitación. Para eso la exposición del observatorio laboral que escuchamos, que ya tiene más o menos el levantamiento hecho con las encuestas, con las observaciones, con el desarrollo económico, ayuda a apuntar de mejor forma.

– El Caso Convenios ha generado cuestionamientos sobre la entrega de recursos estatales a distintas organizaciones. El Sence, a lo largo de los años, ha transferido financiamiento a instituciones técnicas para realizar capacitaciones, ¿cómo fiscalizan el uso de estos dineros?

– Nosotros tenemos distintos tipos de fiscalización. En primer lugar, fiscalizamos a los Organismos Técnicos de Capacitación (Otec) en cuanto a la capacitación del Fondo Nacional de Capacitación, que es el que tiene cargo al presupuesto de la nación. Fiscalizamos también la franquicia tributaria, que es la utilización del tercer año de los Organismos Técnicos Intermedios para Capacitación (Otic), que no son parte del presupuesto de la nación, sino que son por parte de la generación de los recursos de estos organismos técnicos de intermediación laboral. También tenemos la línea de de aprendices, que es la contratación de jóvenes; la línea de experiencia mayor, que es la contratación de mayores de 55 años; también tenemos el pre y el post contrato. Y también fiscalizamos el Fortalecimiento de las Oficinas Municipales de Información Laboral (Fomil). La Fomil es donde pasamos recursos a las Oficinas de Intermediación Laboral de las Municipalidades (Omil).

Por lo tanto, ese es nuestro plan nacional, que son las distintas líneas de fiscalización. En esta región ya hemos realizado en total 130 fiscalizaciones en 2023. Hay que destacar que no necesariamente fiscalizas a la Otec, sino que también puedes fiscalizar a una Otic o una oficina de intermediación laboral.

– En base a lo que ha podido ver en su visita a la Región de Biobío, ¿qué necesidades ha identificado o qué problemas se deben solucionar en materia de empleo y capacitaciones?

– Creo que hay que trabajar mucho en la certificación, porque hay que mirar la capacitación como una herramienta muy pertinente para el desarrollo económico. Siempre tenemos que estar estudiando, siempre tenemos que estar nivelándonos hacia arriba, más aún con el desarrollo de las tecnologías y de la información.

Yo creo que siempre hay que mejorar. Yo creo que la mejor área que tenemos que mejorar es la calidad. Creo que la calidad, sin duda, tenemos que seguirla mejorando en cuanto a la idónea edad de las capacitaciones, esa es una herramienta que nunca va a estar al margen.

– En los cierres de empresas, ¿qué papel toma el Sence con los trabajadores que son desvinculados de estas compañías?

– El Sence tiene un área que se llama Reconversión que apunta a las transformaciones socioecológicas justas. Esto pasó acá en la Región, con el cierre de Bocamina II en Coronel, cierra la termoeléctrica, pero los trabajadores de la planta van a tener reconversión, porque son profesionales altamente calificados. Entonces, la misma empresa los capacita, les hace la reconversión y pueden terminar en otra área de esa misma compañía.

El problema que nos surge a nosotros es el entorno que rodea la empresa. ¿Por qué?, porque ahí estaba la señora Juanita, que hacía el sándwich para vender; estaba don Pedro, que hacía el transporte; y estaba Josefina, que daba hospedaje. Entonces, al cerrarse esta termoeléctrica con ese recurso humano, el sector que rodea la planta es donde se nos produce el problema de esa estancia. Es ahí donde nosotros tenemos que hacer planes formativos de reconversión, que sea una reconversión socioecológica justa.

Por ejemplo, acá en Bocamina ll hicimos el levantamiento. Capacitamos en licencias de conducir A3, que son licencias profesionales de transporte público. También capacitamos en la licencia A5 que tiene que ver con carga, de manejar un camión de más de 3 mil 500 kilos. Capacitamos también a los pequeños emprendedores en el sentido de mejorar su área de negocio en un marketing digital, en una contabilidad financiera, en publicidad y diseño, para que puedan vender de mejor forma sus productos y servicios.

– ¿Adquiere mayor importancia el entorno económico y laboral de una empresa?

– Sí, porque, en definitiva, el cambio de matriz energética está dentro de los compromisos de las grandes empresas de ir reconvirtiendo también a sus trabajadores.