En una visita a la Región del Biobío, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, escuchó los planteamientos e inquietudes de quienes extraen jibia, reineta, bacalao y albacora, de las mujeres que se dedican a las actividades conexas, de los trabajadores embarcados y de las plantas de proceso. Esto en medio de la elaboración de una propuesta para una nueva Ley de Pesca.

En ese contexto, la autoridad conversó con Diario Concepción sobre los contenidos y alcances que tendrá en la Región la normativa que presentarán en el Congreso.

– Su visita al Biobío se debe a un trabajo territorial sobre esta nueva Ley de Pesca, ¿qué balance le deja su visita a la zona?
– Esta vez tuvimos especial interés en ir a visitar una zona en la que no habíamos llegado antes que es dentro de la provincia de Arauco, Lebu, una caleta muy importante con flota jibiera; reinetera; bacaladera, y además con muchas mujeres que trabajan en las actividades conexas de la pesca artesanal. Tuvimos reunión con todos los grupos organizados de ese territorio, acompañados por el delegado presidencial de la Provincia, Humberto Toro; de algunas autoridades del municipio; y de autoridades parlamentarias. Pudimos ponernos al día de cuáles son los temas que principalmente le interesa y le preocupa al mundo de la pesca artesanal en esa zona.

No es sólo Ley de Pesca sobre lo que venimos a conversar, también vinimos a conversar normas y políticas de administración que tienen que ser respuestas de corto plazo para las problemáticas que se dan en la Región.

– Sobre estas normas de corto plazo que recién señalaba, y también dentro del contexto de una nueva Ley de Pesca, ¿cuáles son las preocupaciones que se han hecho llegar desde el Biobío?

– Lebu tiene una característica y es que la actividad pesquera concentra, probablemente, casi la totalidad de la actividad económica de la comuna o actividades relacionadas a la actividad pesquera, como la fabricación de embarcaciones. Entonces, efectivamente, la incertidumbre es siempre un problema en ese tipo de territorios, porque depende del día a día el abastecimiento cotidiano de recursos para la comunidad con una regulación pesquera que transmita confianza.

En ese sentido, la conversación sobre la Ley de Pesca es central, porque la situación de incertidumbre que significa tener una ley de pesca que es objeto permanente de cuestionamientos de legitimidad, y de cuestionamientos vinculados a su origen, es un problema no sólo para la transparencia del sector pesquero, sino que para la sensación de estabilidad de las reglas del juego. Entonces, ahí hay un punto muy importante a tratar. Nosotros estamos convencidos de que una de las razones para abordar una nueva ley son razones éticas, pero también es una razón pragmática de poder enfrentar un cambio normativo para que se vuelva a establecer la confianza en la regulación del sector.

Tener normas que son objeto de esta sombra de cuestionamiento es un problema para el desarrollo del sector. Nosotros no somos un actor marginal en el mundo de la pesca, somos una de las grandes potencias en el mundo (…) por lo tanto es evidente que tenemos que tener una normativa que sea técnicamente sostenible, científicamente aceptada, pero también que tenga un grado de legitimidad y que sea reconocida por todos los actores.

– ¿Qué contenidos tendrá la propuesta de la nueva ley?

– Lo primero que hay que entender es que estamos hablando de una Nueva Ley de Pesca. Estamos hablando de un análisis que se ha hecho de la normativa pesquera que permite revisar toda su estructura. Esto no es una reforma a la norma. Sin embargo, hay un conjunto de materias muy significativas en las cuales la normativa pesquera está en un nivel de desarrollo satisfactorio. El problema de transparencia no necesariamente se refleja en algunos aspectos de la calidad científico-técnica de algunas normas.

Por lo tanto, esas normas las queremos recoger y perfeccionar los elementos allí planteados. Hay cuestiones como el principio precautorio; el enfoque ecosistémico; y la preeminencia de la opinión de la ciencia para la toma de decisiones de administración. Estos son aspectos que están en la normativa vigente y que nosotros necesitamos que se proyecten y se desarrollen.

También tenemos, a nivel de principios, otras dimensiones que son necesarias de abordar, como la transparencia. La autoridad debe tener normas claras y debe no estar sujeta a la presión de terceros para la definición de sus normas reguladoras. La ciudadanía tiene derecho a saber cuánto, dónde, y cómo se extrae, porque eso también transmite confianza en cómo se está desarrollando la actividad y esa transparencia extractiva es importante abordarla.Otro punto importante es la transparencia científica, porque no basta con tener ciencia, sino que la ciencia tiene que ser entendida por todos. Uno de los temas que uno conversa con pescadores de Lebu, por ejemplo, es dónde están las bases de decisión que tomó un comité científico para definir la administración de una pesquería.

Hay un elemento que me parece muy importante y es que llevamos décadas legislando sobre el sector pesquero y no se ha hecho el reconocimiento de que la pesca artesanal tiene un valor que no es solo económico. La pesca artesanal también tiene la necesidad de un reconocimiento cultural, porque hay una significación en la actividad pesquera y una forma de vida alrededor de ella.

– ¿Cuáles son las diferencias que tiene la nueva propuesta en comparación a la actual normativa?

– Esta nueva Ley de Pesca tiene características distintivas y se va a atrever a abordar dimensiones que no estaban contempladas en normativas anteriores. Antes la regulación pesquera solo veía desde la orilla de la playa hacia mar adentro. Hoy estamos pensando en una ley que sea capaz de ver el componente humano y lo que ocurre desde la línea de playa hasta el consumidor final. Entonces, cuestiones como la comercialización y la trazabilidad alimentaria son elementos relevantes.

También son importantes las condiciones de protección social del mundo de la pesca artesanal, ese es un espacio sobre el que hay una deuda que saldar. La pesca artesanal -y me refiero a los tripulantes, pero también al sector de pequeña escala, a los y las recolectoras de orillas, a quienes desarrollan actividad ventónica- no tienen acceso a salud y seguridad en el trabajo; no tienen seguros de vida eficaces; tampoco mecanismos de acceso previsional.

Estoy totalmente seguro que vamos a tener una innovación muy importante en materia de seguros de vida en la Nueva Ley de Pesca.

– Desde la pesca industrial del Biobío existe incertidumbre sobre eventuales perjuicios a su actividad para privilegiar el sector artesanal, ¿qué se va a establecer en base a esta preocupación?

– Yo creo que es muy importante que entendamos que para seguir siendo la décima potencia pesquera y para poder desarrollar aún más la actividad, necesitamos entender que el mundo artesanal y el mundo industrial no son actividades contradictorias, sino que son actividades que generan sinergias comunes y eso lo vemos en la Región. En esta región somos testigos de cómo el mundo artesanal muchas veces actúa como un proveedor de la industria y esas son colaboraciones que valoramos sustantivamente. Nosotros creemos que lo que debemos realizar en el sector pesquero es la proyección de la actividad para su desarrollo en el largo plazo.

Si tú me preguntas qué esperamos que ocurra con la pesca para el sector industrial, nosotros esperamos que en el sector industrial existan nuevas posibilidades de desarrollo y se robustezca la capacidad de agregar valor, junto con la capacidad de generar relaciones colaborativas con otros actores.

– Hay sectores que señalan que el empleo en el sector podría estar en peligro con la nueva propuesta…

– Quiero señalar un punto muy importante y es sobre los hombres y mujeres que trabajan en las plantas de procesos, que son trabajadores gracias a que existen productos del mar y que en el Biobío son muchos. Yo les quiero transmitir a ellos mucha confianza y tranquilidad en el proyecto de Ley de Pesca, porque si hay algo que tenemos en el norte de nuestro enfoque es que esta es una ley que busca desarrollar una actividad extractiva y, al mismo tiempo, cuidar los empleos y ser capaz de responder a esta necesidad que tienen de un flujo permanente de recursos para tener no solo empleo temporal, sino que empleo durante todo el año.

– En las últimas semanas ha surgido un reclamo desde la Región de Ñuble por el uso del territorio marítimo compartido con el Biobío y las repercusiones que causaría en su actividad pesquera, ¿qué postura y análisis mantienen sobre esta situación?

– Ñuble y Biobío hoy tienen un estatuto legal de zonas contiguas, y no es el único, Arica e Iquique, por ejemplo, también tienen un estatuto similar. Uno puede discutir acerca de si es pertinente o no la existencia de este estatuto, particularmente entre Ñuble y Biobío, pero también hay que tener en consideración en dónde han estado los modelos de desarrollo de los diferentes territorios.

Ñuble es una región que tradicionalmente tuvo un modelo de desarrollo fundamentalmente centrado en la agricultura, mientras que Biobío lo tuvo centrado en la pesca, y probablemente por eso se ha generado esta simetría en el desarrollo de la flota pesquera.

No obstante, comparto el punto de quienes incipientemente desarrollan la actividad pesquera en Ñuble de que también tienen derecho a tener elementos de fomento y capacidad de desarrollarse. Pero hoy no hay una flota pesquera significativa, por ejemplo, para la extracción de pequeños pelágicos en Ñuble, que es la pesquería específica donde se está generando el conflicto.

Es muy importante que aquí no instalemos un conflicto entre autoridades, que no necesariamente es un conflicto entre quienes desarrollan la actividad pesquera. Y quiero decir aquí, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de conocer, a través de la Dirección Zonal, el trabajo que realizan los sindicatos de recolectores de orillas en Ñuble y que están prontos a generar su federación.