Cifra es de carácter parcial y corresponde a las primeras jornadas de catastro. En tanto, las firmas con efectos indirectos se aproximan a las 300 en la Región.
Un total de 105 empresas con afectación directa de los incendios han sido identificadas, hasta ahora en la Región del Biobío.
Esto en base al primer catastro por parte del Gobierno, donde el seremi de Economía, Javier Sepúlveda, confirmó que “de las 105 empresas identificadas, hemos podido aplicar encuesta al 60%, mientras que las afectadas indirectamente llegan a 286”.
Esto también se traduce en la cantidad de trabajadores y trabajadoras que resienten el impacto de la emergencia.
De acuerdo al seremi de Economía, “las empresas afectadas directamente reportan un total de 178 trabajadores contratados, eso es como mínimo, porque aún faltan más de 40 empresas por catastrar”. Además, en cuanto a las firmas afectadas de manera indirecta (como pérdidas en sus ventas), estas llegan a 286.
Sepúlveda aclaró que “esto solo son empresas formales. No considera a todos los pequeños agricultores que perdieron sus cultivos y animales (catastro a cargo de Indap) ni tampoco considera a los emprendedores informales ( a cargo de Fosis)”.
Uno de los aspectos derivados de los incendios que preocupa a los gremios es qué ocurrirá con los despidos en las zonas bajo Estado de Catástrofe, y las correspondientes indemnizaciones.
Eric Campos, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dijo que “sabemos que en el sur de Chile las empresas están desvinculando a las y los trabajadores bajo la causal de “Fuerza Mayor” o “Caso Fortuito” contenido en el artículo 159, número 6 del Código del Trabajo, cuya aplicación no genera para las y los trabajadores el goce de indemnización por años de servicio, lo que implica una notable precariedad”.
En línea con lo anterior, el dirigente gremial hizo un llamado para que la Dirección del Trabajo “establezca un dictamen que determine los requisitos estrictos que justifiquen la aplicación de tal causal”.
Desde Socabio, gremio que agrupa al sector agrícola regional, José Miguel Stegmeier, presidente de la entidad, indicó que “a nivel de la agricultura ya más empresarial, no debieran ocurrir despidos a raíz de la situación de incendios. El gran problema lo han tenido los pequeños agricultores y viñateros de comunas como Nacimiento, Santa Juana y Quillón, entre otros, que en lo general trabajan con su familia”.
Stegmeier añadió que “por supuesto que si se produjeran algunos despidos, se deben pagar todas aquellas obligaciones correspondientes que dictamina la ley y la conciencia humana”.
En este sentido, el líder gremial recalcó la importancia, “sobre todo para la agricultura de subsistencia, abrir líneas de apoyo a las familias que no son Indap o no están recibiendo algún tipo de bonos o subsidios, que les permitan sortear al menos durante este año, sus necesidades básicas”.
En relación a qué ocurre en los casos de despidos en Estado de Catástrofe, Sandra Quintana, seremi del Trabajo del Biobío, explicó “que si los despiden por “Necesidades de la Empresa” (161 del Código del trabajo) deben pagar indemnizaciones que correspondan (mes de aviso, mes por año) y si usan el argumento de “Caso Fortuito” o “Fuerza Mayor”, debe ser con un análisis previo, muy justificado. Si el despido es por esta causal, no corresponde indemnización”.
Para el caso de “Fuerza Mayor” o “Caso fortuito”, la autoridad de Gobierno indicó que deben cumplir los siguientes requisitos: en este contexto, los daños ocurridos en las instalaciones de la empresa deben ser producto de los incendios.La casa empleadora no puede haber contribuido en esos daños (por acción, ni omisión).
Tercero, que el incendio no se haya podido prever dentro de cálculos ordinarios o corrientes y, que el siniestro debe haber tenido efectos irresistibles (nula posibilidad de mantener el trabajo).
De acuerdo a la seremi Quintana, ante la posibilidad de un reclamo, el trabajador o trabajadora puede decir que no está de acuerdo con la causal, pero son los Tribunales quienes tendrían que ver si está bien aplicada o no la norma que aplica para aquellos trabajadores formales.
La representante de la cartera del Trabajo y Previsión Social fue enfática en resaltar la importancia de bajar los actuales niveles de informalidad regional.
Es que de acuerdo al primer boletín 2023, del Observatorio Laboral Biobío-Sence, sobre la informalidad regional, el 25,8% de los ocupados hombres en la Región tiene un empleo informal, mientras que las mujeres alcanzan a un 28,9%; siendo este indicador mayor en 3,1 puntos porcentuales al presentado por los hombres durante el periodo septiembre a noviembre del año 2022.
El documento muestra también que los grupos ocupacionales con mayores tasas de informalidad para la región del Biobío fueron agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros (70,7%) y los oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios (44,7%).
“La mayoría de los trabajadores que laboran en condiciones de informalidad quedan absolutamente desprotegidos, ya que al no contar con un contrato no pueden hacer efectivo ningún reclamo debido a que no existe conocimiento de la relación laboral, por lo que queda a criterio del empleador”, afirmó.
Otro punto relevante es que aquellos que se encuentran en la condición de informalidad, no tendrán acceso al Subsidio de Emergencia por Catástrofe, ya solo cubre a los que cuentan con un contrato.
De hecho, otro de los fenómenos que analiza el boletín del Observatorio es que la actividad económica que tiene la mayor tasa de informalidad, en el Biobío, es la relacionada con los hoteles y restoranes. Cerca de la mitad de los ocupados ( de más de 13 mil 600) cuentan con un empleo informal.
José Luis González es dueño del Centro Turístico Aguas del Monte de Tomé, una de las empresas afectadas directamente por los incendios y que contaba con 40 trabajadores.
Según González, “son 26 los trabajadores de planta y los otros, una parte corresponde a los part- time junto con algunos independientes, como el caso de quienes emiten boletas de honorarios; por ejemplo, las personas que realizaban masajes. En total son 40 personas, aproximadamente”.
“Llevamos tres semanas del incendio del 2 de febrero y ellos (trabajadores y trabajadoras) están sin trabajo, excepto la gente que está en área de mantención y el cuidador (del recinto) que son los únicos que están en el lugar, porque además viven ahí. Entonces, la gente que trabajaba directamente en el complejo ya no lo está haciendo”, comentó el empresario del rubro turístico.
Requerido acerca de las posibilidades de recontratación, José Luis González señaló que están a la espera del resultado del seguro para que se pronuncie con fechas y montos respectivos.