Pasivo con derecho a voto suma más de $78 mil millones, tras la declaración de quiebra. Asimismo, hay empresas de la Región del Biobío, que fueron subcontratadas por la firma, que aseguran no haber sido notificadas de la instancia, la que volverá a ejecutarse en enero de 2023.
La toma de conocimiento sobre que el pasivo total con derecho a voto es de más de $78 mil 260 millones, el consenso sobre la frecuencia de reuniones y la aprobación del cálculo de gastos, fueron los principales temas tratados en la reciente junta de acreedores de Claro Vicuña Valenzuela (CVV). Firma que durante el segundo semestre de este año se declaró en quiebra, desatando un escenario marcado por la polémica que escaló no solo a nivel empresarial, sino que también político.
La mencionada junta se llevó a cabo durante las últimas horas. Ahí se definió, por ejemplo, que las reuniones se realizarán de manera mensual, a las 15:30 horas del tercer miércoles del mes respectivo; vía videoconferencia, por medio de plataforma Zoom u otra equivalente.
Así lo consigna el documento judicial del Noveno Juzgado Civil de Santiago (Rol C-11712-2022).
Según el oficio, tras esta primera instancia, también se fijó la Primera Junta Ordinaria para este próximo miércoles 18 de enero de 2023, en el horario ya mencionado.
Además se ratificó a María Loreto Ried, como liquidadora titular; y a Eduardo Godoy, como liquidador suplente, en forma unánime, y pasaron a tener el carácter de definitivos para todos los efectos legales.
“Antes de comenzar con la lectura de su informe, la Liquidadora hace presente a la Junta que, de acuerdo a lo resuelto por el tribunal el día de ayer respecto a los acreedores con derecho a voto, el pasivo total con derecho a voto disminuyó a la suma de $78.260.070.076”, consigna el documento judicial.
Junto con eso se hizo presente en el tribunal, previa solicitud de la liquidadora y con la aprobación de la Junta de Acreedores, que se autorizó la realización del remate de los bienes por los medios telemáticos, bajo responsabilidad de la Liquidadora y conforme a la normativa vigente al momento de su realización.
Otro tema importante que se trató en el trámite judicial fue la aprobación del cálculo de gastos en los términos expuestos por la Liquidadora, cuestión que se cifró en $128 millones, aproximadamente.
Carlos Iglesias, dueño de la compañía penquista Ingeniería CMX Chile, a la que se le adeudan $950 millones, señaló que, frente al proceso, “ahora dejé todo en manos de un abogado experto en quiebras en construcción. Él nos mantiene constantemente informados de todo lo que está ocurriendo con la liquidación. (…) Fuimos notificados por la cantidad de dinero que se nos adeuda como empresa”.
Sin embargo, también hubo empresas del Biobío que aseguraron que no fueron notificadas.
Es el caso de Lilian Henríquez, representante de la empresa penquista, con el mismo nombre, dedicada al rubro del paisajismo que desempeñó labores en la primera etapa del Par vial Collao-Novoa, y cuya deuda alcanza los $40 millones.
“No hemos participado de esta junta de acreedores, nosotros tuvimos que adoptar asesoría jurídica, pero no nos han notificado de alguna junta que se realice próximamente. En definitiva, no hemos tenido mayor información”, manifestó Henríquez.
“Hemos realizado consultas legales para revisar qué puede pasar con esto, pero es conocido que las acciones jurídicas tienen su costo. Estamos, prácticamente, a brazos cruzados. Por lo que vemos, está bastante difícil que nos paguen esa deuda”, agregó.
Cristián Sacardía, dueño de CBS Hormigones SPA, empresa local que también fue subcontratada por CVV, y que se le adeuda alrededor de $6 millones, pasa por la misma situación.
“No fuimos notificados. De igual forma, hemos decidido desistir de más acciones frente a este tema, porque creemos que cuando empresas como CVV quiebran es el contratista el que menos toca. No sacamos mucho provecho al seguir con acciones judiciales. (…) Llevamos mucho tiempo esperando que se nos pague la factura. En este proceso judicial se gasta mucho dinero”, sostuvo.