Una de las firmas consultadas aseguró a Diario Concepción que lo adeudado asciende a $950 millones. “En todos los contratos (...) la empresa tiene que entregar una garantía de buena ejecución de los trabajos por un período de dos años”, explicaron desde el Serviu.
El inicio del proceso de liquidación voluntaria de la Constructora Claro, Vicuña y Valenzuela (CVV) en el 9º Juzgado Civil de Santiago, ha generado estragos entre las empresas locales que trabajaron a través de subcontratos.
Esto no solo en los proyectos del Puente Bicentenario o del Eje Colón, que se han posicionado como los más mediáticos en los últimos días, sino que en otros previos desarrollados tanto en la zona como en otros puntos del país.
Facturas impagas, deudas e incertidumbre económica. En algunos casos, incluso, la obligación inesperada de finiquitar trabajadores. Ese es el escenario por el que pasan varias de estas compañías.
Un ejemplo es la situación de Lilian Henríquez, representante de la empresa penquista, con el mismo nombre, dedicada al rubro del paisajismo que desempeñó labores en la primera etapa del Par vial Collao-Novoa.
“Nosotros hicimos nuestro trabajo y se generaron las facturas durante junio y julio de este año. Ya se terminó la obra y está invertido todo nuestro capital de trabajo. Es el monto de dinero que nosotros necesitamos para seguir. La obra fue el Par vial Collao-Novoa, en su primera etapa, donde realizamos todas las labores de paisajismo”, explicó la empresaria en conversación con Diario Concepción.
Henríquez agregó que envió carta al Serviu. “No hemos recibido una respuesta formal”, aseguró, señalando que solo ha existido preocupación desde Aseo y Ornato de la Municipalidad de Concepción.
Lilian detalló que CVV le adeuda alrededor de $40 millones. “La primera factura fue el 4 de junio y la segunda se realizó el 4 de julio. Los montos de ambas hacen una suma aproximada de $40 millones en la obra de Mejoramiento Vial Collao-Novoa. Firmamos contratos notariales, hay documentos de por medio. Estamos tomando acciones legales que se han transformado en un duro gasto y no tenemos certezas”, agregó Henríquez.
Desde la firma son categóricos en manifestar la responsabilidad que deberían tomar los estamentos gubernamentales a cargo de los proyectos de construcción. “Cuando una empresa trabaja con subcontratos los que tienen que estar atentos son los ministerios, como el Serviu y el MOP. Ellos tienen que exigir la declaración de los subcontratos (…) Entonces cuando el ministerio va a cancelar su primer estado de pago a la empresa constructora debe verificar que todos los papeles estén en orden”, añadió Henríquez.
Por su parte, Cristián Sacardía, dueño de CBS Hormigones SPA, empresa local que también fue subcontratada por CVV, y que se le adeuda alrededor de $6 millones, comentó que debido a la situación ha tenido que finiquitar personal.
“Tengo 8 trabajadores a los que no les pude pagar su salario por la deuda que existe. Todo esto es una cadena que se va generando (…) Debido a la situación tuve que dejar obras y finiquitar a trabajadores que se desempeñaban en esos trabajos”, dijo Sacardía quien llegó a acuerdo contractual con Claro, Vicuña y Valenzuela por una obra vial en La Araucanía.
Un escenario de alta urgencia es por el que pasa la marca penquista Ingeniería CMX Chile que, según cuenta Carlos Iglesias, dueño de la compañía, el monto que le debe CVV alcanza los $950 millones, tras los trabajos realizados tanto en el Puente Bicentenario de Concepción, como en otros proyectos ejecutados tanto en el Biobío como en otros puntos del país.
“Son $950 millones , pero el monto puede aumentar porque aún faltan cosas por facturar (…) Trabajábamos exclusivamente para ellos y ahora no tenemos clientes inmediatos. El 98% de nuestras operaciones era con ellos. Hemos tenido que desvincular a casi 30 trabajadores y hemos tenido dificultades para pagar sueldos. Eso ha llevado a que se presenten demandas contra nosotros por impagos”, explicó Iglesias.
Desde el Serviu Biobío, a través de su director(s) Marcelo López, sostienen que “en todos los contratos de construcción que son recibidos la empresa tiene que entregar una garantía de buena ejecución de los trabajos por un período de dos años. Cuando hay una situación que merezca una atención la empresa debe resolverlas, y mientras no resuelva todas las observaciones, renovar las garantías, que se le ha efectuado el requerimiento y hasta el momento no se ha formalizado, y si no se hace el cambio o renovación de boletas nosotros tenemos que cobrarlas”.
Asimismo, la diputada por el Distrito 20, Marlene Pérez, manifestó que esta situación ya había sido alertada por las empresas. “Oficié hace dos semanas al MOP porque fui alertada por las empresas pequeñas, empresas contratistas que le prestan servicios a Claro Vicuña. Ellos denunciaron hace meses la difícil situación que venían enfrentando, meses sin recibir el pago de sus servicios”, aseguró la parlamentaria.