Pymes en Biobío dicen saber poco de normas fiscalizadas por UAF

Consultados consideran importante estar debidamente informados y abordar las actuales brechas. Corma destaca su plan de actualizaciones periódicas para los asociados.

De acuerdo con las pymes regionales consultadas existe un bajo nivel de conocimiento de este segmento respecto de las normas que son fiscalizadas por la Unidad de Análisis Financiero, UAF. Además, consideran necesaria una coordinación entre la academia, el sector público y privado para cerrar actuales brechas por desconocimientos normativos.

Cifras del último informe de la entidad fiscalizadora indican que reportes de operaciones sospechosas de lavados de activos marcan un nuevo récord tras crecer 57% en 2021 respecto del año anterior en el ámbito nacional. Adicionalmente, el documento da cuenta que la UAF en 2021 cerró 116 procesos sancionatorios que estaban en curso, esto es un 100% más en relación al año 2020.

Percepción de pymes

Claudia Coronado, distribuidora independiente de productos de bienestar japoneses a través de su tienda virtual Nikken, sostiene que su percepción es que efectivamente existe un amplio desconocimiento de la mayoría de las pymes de la Región respecto de cumplimientos normativos relevantes.

“Sin duda existen muchas brechas porque entiendo que la UAF es obligatoria en rubros como bancos u otras instituciones financieras y ámbitos así, pero a nivel de pymes, si no existe información a través de contadores o abogados no nos llega la información, por lo que considero que existe un absoluto desconocimiento de estas normativas que son importantes de poder conocer”, señala Coronado. La empresaria agrega que “por desconocimiento es posible verse involucrado en situaciones con graves consecuencias por lo que es muy importante estar informados”.

Patricio Ruiz, de Rental Pro SPA, indica que en su apreciación la actividad de la UAF no es algo que sea muy conocido por las pymes. Respecto de información normativa entregada periódicamente por el Servicio de Impuestos Internos, Ruiz reconoce que ha recibido mucha información relevante por parte del SII e incluso ha participado de charlas, pero acusa que “gran parte, hasta diría que un 90% de las pymes adolece de mayor conocimiento y ni siquiera sabe que existe la UAF”.

El caso de Corma

Pablo Mieres, presidente de las pymes de la Corporación de la Madera en Biobío, Corma, sostiene que en su gremio existen 70 pymes de diversos rubros, maderero, forestal y servicios entre otros, pero que han sido proactivos respecto de la gestión de capacitaciones con distintos entes para mantenerse actualizados acerca de la normativa vigente que resulte importante.

En este sentido resalta el trabajo realizado de manera conjunta con el SII a través de charlas periódicas entre otros tipos de actividades del gremio. “En Corma contamos con un convenio de colaboración mutua con el SII en virtud del cual nuestros socios están siendo capacitados por el Servicio de Impuestos Internos en temas tributarios para actualizar conocimientos y despejar dudas”, asegura el timonel de Corma.

Mieres también añade que existe un plan de capacitaciones 2021 y 2022 dedicada a mejorar las brechas relacionadas con todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de las normativas. Sí reconoce que “los pequeños propietarios asociados o no, por lo general están más lejanos a conocer la normativa, pero si esperamos poder ir ampliando conocimientos en otras áreas durante este año”.

Los consultados están de acuerdo en articular entre la academia, el sector público y privado una acción permanente y coordinada para cerrar las actuales brechas que presenta el sector.

Cabe recordar que según la plataforma de la UAF, la institución se creó mediante la Ley N° 19.913, que se publicó en el Diario Oficial el 18 de diciembre de 2003. Su objetivo es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica chilena, para la comisión de los delitos de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT).

Para lo anterior, la UAF realiza inteligencia financiera, emite normativa, fiscaliza su cumplimiento, impone sanciones administrativas, capacita y difunde información de carácter público.