FNE y Municipios expusieron ante Comisión Mixta por gas a precio justo

15 de Diciembre 2021 | Publicado por: Javier Ochoa
Fotografía: Archivo

Continúan las gestiones y reuniones para avanzar a un modelo que les permita a municipalidades vender directamente el energético a sus vecinos, sin intermediarios.

La arremetida municipal por lograr venta de gas a un precio justo sigue su marcha, en un contexto de antesala de elecciones presidenciales, donde el candidato Gabriel Boric dijo apoyar una medida al respecto, asícomo otros insumos, como son los remedios.

En esta ocasión, fue el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, junto al alcalde de Chiguayante y presidente de la “Asociación de Municipios por el Gas a precio justo”, Antonio Rivas, quienes entregaron antecedentes de lo ocurrido en el mercado del gas ante la Comisión mixta de Economía y la de Minería y Energía del Senado.

Los detalles del informe emanado por la Fiscalía Nacional Económica, indican que cada año los consumidores nacionales pagan en total, de manera agregada, US$ 181 millones en exceso por el gas licuado que se consume en Chile.

Y en el mercado del gas licuado, que es utilizado en 80% de las comunas del país, esto se traduce en un sobreprecio de 15% por cada balón, producto de la baja intensidad competitiva entre los actores del mercado, quienes no traspasan completamente sus reducciones de costos a los consumidores.

Para Ricardo Riesco, dijo que “es posible afirmar que la intensidad competitiva del mercado de GLP en Chile es baja y que el riesgo de coordinación entre competidores es alto”, explicitó ante los senadores.

El informe también da cuenta que esta situación permitió a los distribuidores mayoristas, en el 2020, aumentar sus márgenes desde un 34% a un 53% si se compara con el que obtenían a fines del 2014.

Unidad municipal

Ante este complejo escenario, los municipios se unieron, para iniciar un modelo que permita llevar a los hogares gas a precio justo. El presidente de esta recién creada agrupación, el alcalde de Chiguayante Antonio Rivas, explicó a los senadores, la realidad de las familias chilenas, algunas de las cuales han debido optar por ducharse con agua caliente o utilizar el gas solo para cocinar.

“Es imperativo que ustedes, nuestro Senado, se haga carne de este clamor ciudadano y nos apoyen con leyes que permitan que los municipios podamos romper este oligopolio, que sólo ha traído provecho para tres empresas y una gran pérdida para todas las familias” aseguró el líder de los alcaldes.

En su descripción, Rivas explicó que más de un centenar de municipios quieren unirse a la Asociación, en que se buscará que la portabilidad de los balones sea a todo evento, que Huachipato y Asmar puedan fabricar balones de gas, que hayan más centros de llenado de gas en el país (hoy solo existe en San Fernando y Linares), que los municipios puedan ser reconocidos por Enap como pequeños distribuidores y que, finalmente llegue gas a precio justo hasta los hogares de quienes más lo necesitan.

El alcalde Rivas y la Asociación de Municipios quedaron invitados a una nueva sesión de las comisiones, para continuar analizando los proyectos de ley que en esta materia se han ingresado al parlamento.

Antonio Rivas, junto al alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, representando a la Asociación, se reunieron también con la presidenta del Senado, Ximena Rincón, a quién expusieron los avances de este organismo municipalista y la necesidad del apoyo parlamentario.

Cabe recordar que el Congreso prepara una ley basada en las recomendaciones de la FNE: Desintegrar la distribución minorista de la distribución mayorista de GLP. Esto significa prohibir por cualquier vía, ya sea directa o indirecta, la participación de los distribuidores mayoristas en el mercado de distribución minorista de GLP.

También establecer una regulación detallada, sea a nivel legal o reglamentario, de la forma de funcionamiento del acceso abierto a las redes de transporte de GN.

Y derogar el artículo 33 de la Ley de Servicios de Gas y el artículo 12 transitorio de la Ley Nº20.999, junto con agregar una norma, que establezca que el cálculo de rentabilidad considere todo el grupo económico verticalmente integrado.