Se trata de iniciativas con gran impacto en la vida de trabajadores, ya que tocan temas sensibles como la extensión de la jornada y el cierre adelantado del comercio. También se buscan cambios al sistema de gratificaciones y Ley de Inclusión.
Son cinco importantes proyectos de ley en diferentes etapas legislativas que por una u otra razón, no han podido ver la luz en favor de la población, en especial, de trabajadoras y trabajadores.
La idea del Congreso es avanzar y lograr su concreción antes del receso legislativo de febrero, por lo que se prevé un mes de enero muy movido en materia legislativa.
Destaca el proyecto que busca adelantar el cierre del comercio, fijando el cierre a las 19.00 horas.
Ante esto, la Cámara Nacional de Comercio si bien reconoció apoyar ideas que vayan en favor de mejorar la calidad de vida de sus trabajadores, precisaron que tendrá un efecto directo en la contratación de personas, ya que podrían provocar la eliminación de un turno de trabajo para el ajuste de horas, lo que llevaría como consecuencia directa, el despido de uno o más trabajadores dentro de cada empresa.
Además, destaca la reducción de la jornada laboral a 38 y 36 horas semanales respectivamente, ante lo cual detractores esgrimen el argumento de la baja en la productividad.
Existen proyectos que buscan reducir de 45 a 40 las horas laborales a la semana, para llegar, gradualmente, a 36 horas semanales. También, otra propuestareduce de 45 a 40 horas semanales, para luego avanzar en reducirlas a 38.
La discusión esta encendida. Detractores aluden que no es el momento de pensar en reformas en esa línea cuando la preocupación es reactivarse económicamente, y esto, dicen, desincentivará la inversión, y afectará la productividad.
Los impulsores argumentan que al parecer, “nunca es el momento”, recordando que esta intención de reducción de jornada no es nueva.
La Comisión de Trabajo aprobó en general, y por mayoría, las mociones refundidas que buscan compatibilizar seguridad, calidad de vida y reactivación y acordó un plazo para generar una mesa de trabajo que aborde consensuadamente las indicaciones. En la oportunidad, también se dieron a conocer los resultados de la consulta ciudadana sobre la iniciativa con el Congreso Virtual.
Los impulsores recalcan las implicancias positivas de la propuesta en la vida familiar, en la seguridad de los trabajadores y en su vinculación con los hijos, aunque otros ven efectos colaterales no previstos.
A través de una iniciativa que es inédita a nivel mundial, se busca generar un marco regulatorio del funcionamiento de estos servicios digitales respecto al uso de datos, la emisión de contenido prohibido para menores, la libertad de expresión y el derecho al olvido.
En concreto, la moción regula la situación de las plataformas de servicios digitales que redireccionan su contenido a Chile, así como los usuarios de ellas. Se entenderá por éstas “toda infraestructura digital cuyo propósito es crear, organizar y controlar, por medio de algoritmos y personas, un espacio de interacción donde personas naturales o jurídicas puedan intercambiar información, bienes o servicios”.
El proyecto busca cambiar el sistema de gratificaciones. Se trata de una moción presentada en noviembre de 2019 por el diputado PPD Tucapel Jiménez. “La utilidad líquida a repartir se dividirá por partes iguales entre la totalidad de los trabajadores con derecho a ella, con un máximo por trabajador equivalente a la suma de veinte ingresos mínimos mensuales”, propone la iniciativa.
Este proyecto intenta corregir las deficiencias de la participación de los trabajadores en las utilidades. Lo anterior tiene como fin último una mejor distribución de la riqueza en Chile.
En abril se cumplieron 3 años de la implementación de la Ley 21.015, la cual establece la exigencia de contratación de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez en el sector público y privado. En el Artículo 4, se estableció que deberán realizar una evaluación tanto de la implementación como de la aplicación de la reserva legal de contratación.
Se busca fortalecer el sistema de fiscalización y sanción de la implementación de la ley en el sector privado, y la entrega de herramientas a los empleadores para que puedan desarrollar procesos de inclusión laboral exitosos y sostenibles.