Gas a precio justo: cronología de la inédita arremetida de municipio

Mientras la Fiscalía Nacional Económica recomienda introducir más actores en el mercado para mejorar la competencia, economista advierte que esto podría salir más caro, en forma indirecta, a los contribuyentes.

Dos son los gatillantes de la inédita y masiva arremetida de alcaldes de distintas zonas geográficas y afiliaciones políticas que claman por un precio justo del gas licuado: el informe de la Fiscalía Nacional Económica que dio cuenta de signos de oligopolio en el mercado minorista de gas licuado y la iniciativa del sindicato de Enap Refinería Biobío que explicó que era posible que las municipalidades entren a la distribución y comercialización del energético.

El primer paso lo dio el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, quien lidera la ofensiva respaldada por 230 municipalidades a lo largo de Chile, mismas que se reunieron en la llamada Cumbre del Gas llevada a cabo el día 27 de noviembre.

Antes, el 17 de noviembre, se efectuó la inscripción de la Municipalidad de Chiguayante como distribuidora de gas, lo que implica la entrega de documentación legal, completar el registro de clientes autorizados, contar con la condición de operación en instalaciones propias y, finalmente, el distribuidor debe realizar la inversión, para la construcción de las instalaciones, las que deben contar con la certificación de la SEC.

El proyecto chiguayantino implica la suscripción de un contrato de compra de gas licuado de petróleo, puesto en Linares, entre la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) y la Municipalidad de Chiguayante, como distribuidor local minorista.

Tras esto, se produjo una verdadera avalancha de interesados en conocer el modelo, fue cuando rápidamente otros jefes comunales se dieron cuenta de la necesidad de que Enap ampliara sus puntos de envasado, para así hacer viable la idea a municipios, ya que el transporte hacia y desde Linares complicaba la opción.

Fue tal la presión que obligó a la estatal pronunciarse al respecto. El día 24 de noviembre, ésta respondió que “frente a las reiteradas solicitudes que han realizado distintos alcaldes del país, Enap informa que ha recogido dichos planteamientos y anuncia que está en proceso de estudio para ver la factibilidad de la instalación de otros trenes de envasado de gas en el país, que se sumarían a los ya existentes en Linares y San Fernando. Junto con ello, se encuentra dimensionando cuál podría ser la eventual demanda que pudiera existir de GLP”.

Pero todo pareció detenerse el 29 de noviembre cuando Contraloría dijo que bajo la actual normativa, Las Municipalidades no pueden vender gas.

Esto provocó que los alcaldes pidieran una ley corta, dando el pase a la intervención del parlamento.
Sí, porque el jueves 2 de diciembre, se informó que la Comisión de Economía será la encargada de analizar el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales “con el fin de aumentar competencias, eliminar abusos y permitir la distribución por nuevos actores, en el sector del gas. La iniciativa apunta a mitigar el alto costo de las cuentas de estos servicios básicos y que dañen la economía de miles de familias chilenas”. Así lo explicó la senadora, Ximena Rincón, quien afirmó que “la idea es introducir mayor rigidez a los actores que tiendan a la colusión en el mercado del gas, aumentando sistemáticamente los precios a los consumidores finales”.

“La distribución estatal, al final, puede salir más caro”

El economista de la UdeC, Claudio Parés, sostuvo que el problema estaría en la forma de regular el mercado. “En este caso, no hay regulaciones de precio sino de excedentes. La idea es que, en un mercado perfecto, las empresas no deberían obtener ganancias anormales, es decir, la rentabilidad no debería ser muy distinta entre un negocio y otro. De haberla, nuevas empresas entrarían a ese mercado y reducirían las ganancias. Si estas ganancias anormales subsisten, quiere decir que hay barreras de entrada u oligopolios. Entonces, este tipo de regulación debería llevar a las empresas a cobrar lo justo pues, de lo contrario, obtendrían demasiadas ganancias y terminarían multadas. Claramente, el sistema falló y necesitamos discutir algún otro mecanismo para regular este mercado”.

Parés advirtió que mercados como el del gas tienen retornos crecientes a escala por lo que es ineficiente introducir demasiada competencia, aunque sea forzada por el Estado, como proponen los alcaldes. “Necesitamos más y mejor regulación porque lo más probable es que la distribución por parte del Estado termine siendo más cara, tal vez no directamente para los consumidores pero sí indirectamente para los contribuyentes”.