Pese a que la ley del consumidor prohíbe estas conductas, los reclamos van en aumento, por lo que se busca legislar para aumentar las sanciones disuasivas.
La semana pasada Sernac presentó una demanda colectiva por cobranzas extrajudiciales ilegales por parte del banco Ripley, lo que indica que las malas prácticas continuan, pese a que se legisló al respecto.
Cabe recordar que la ley del consumidor regula actualmente la cobranza extrajudicial prohibiéndole a los acreedores realizar comunicaciones que aparenten ser escritos judiciales, efectuar comunicaciones a personas distintas del deudor o ajenos a la deuda, limita los horarios en que se pueden realizar dichas comunicaciones y, en general, prohíbe al acreedor realizar conductas que afecten o puedan afectar la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus integrantes o la situación laboral del deudor.
Pero la realidad dice otra cosa, y se busca legislar para establecer sanciones más disuasivas.
El abogado y socio de CBC Abogados, Rodrigo Cabrera, sostuvo que adicionalmente, con la promulgación de la ley 21.320 (publicada con fecha 20 de abril de 2021), se incorporó la obligación al acreedor de no hacer referencia a escritos judiciales en las comunicaciones ni realizar más de dos comunicaciones por semanas, las que además no pueden ser consecutivas, todo con el objeto de evitar el hostigamiento a los deudores.
“Finalmente, señala que se deberá poner término inmediato a las actuaciones de cobranza extrajudicial una vez notificado el consumidor en un juicio de cobro o iniciado respecto de él un procedimiento concursal”.
Cabrera enfatizó que, actualmente, cualquier persona que se sienta vulnerada en sus derechos como consumidor o se sienta hostigado por alguna empresa de cobranza, puede acudir ante el Servicio Nacional del Consumidor, los Juzgados de Policía Local o los tribunales respectivos, según sea el caso, con el objeto de detener este tipo de prácticas.
El Sernac registró un aumento de reclamos por cobranzas abusivas. Sólo el año pasado se recibieron cerca de 21 mil casos, y en lo que va de este 2021 ya suman alrededor de 12.300, principalmente por hostigamiento, cobrar deudas que no corresponden o acciones que afectan la estabilidad laboral o tranquilidad del deudor como informar la deuda a terceros.
Y la semana pasada, el servicio presentó una demanda colectiva contra CAR S.A., filial encargada de la emisión y operación de la tarjeta de crédito del Banco Ripley, con el objetivo de que compense a todos los consumidores afectados y reciba las más altas multas por parte de la justicia, tras haber infringido la Ley del Consumidor al realizar cobranzas extrajudiciales abusivas.
El Servicio detectó, tras una fiscalización a la industria financiera, que la filial del Banco Ripley realizaba una serie de prácticas abusivas hacia los consumidores morosos, siendo las más graves el acoso y hostigamiento a través de llamados reiterados y amenazas.
Además, se verificó que la empresa no realizaba gestiones útiles de cobranza dentro de los primeros 15 días, tal como lo exige la Ley, además de no informar adecuadamente los consumidores los detalles de la deuda, por ejemplo, la fecha en que debió pagarse el monto adeudado.
Asimismo, el SERNAC detectó que esta entidad financiera aplicaba cobros indebidos por gestiones de cobranzas extrajudiciales, por ejemplo, cargos por acciones realizadas durante los primeros “20 días de atraso”, las que de acuerdo a lo que establece la Ley no corresponden porque son de cargo de la empresa. También aplicaba cobros por gestiones de cobranzas extrajudiciales que no estaban debidamente calculados de acuerdo a los estándares que establece la normativa. Finalmente, el organismo detectó que CAR S.A. del Banco Ripley incluía en el contrato que deben firmar los consumidores, una serie de cláusulas relacionadas con la cobranza extrajudicial que afectaban sus derechos, las que son denunciadas como abusivas por este organismo.
El director nacional del Sernac, Lucas Del Villar, señala que se busca que se reafirme un derecho básico de los consumidores como es el respeto y dignidad, aunque tengan deudas sin pagar. “Ninguna empresa puede hostigar a los consumidores para el cobro de una deuda. Las personas no pierden sus derechos, aunque tengan deudas impagas. Nadie tiene deuda por gusto y el hostigamiento y acoso puede causar una gran angustia y sólo profundizar el problema”.