Desembarque pesquero de la Región del Biobío crece 20% en 7 meses

Es una tendencia que viene de 2020, cuando estuvo la situación más crítica debido a la pandemia. La pesca industrial goza de dinamismo, y destacan el haber mantenido las fuentes laborales todo este tiempo.

Los datos del INE son elocuentes al dar cuenta del positivo desarrollo de la pesca en la Región del Biobío, que pese a la pandemia, ha logrado mantener la actividad con cifras en ascenso.

Así, entre enero y julio de 2021 se desembarcaron 1.030.021 toneladas, acumulado un ascenso de 19,7% en comparación a igual período del año anterior al extraerse 169.754 toneladas más entre artesanales e industriales.

El subsector artesanal acumuló 525.338 toneladas, registrando un aumento de 34,5%, superior en 134.688 toneladas respecto a igual período del año anterior.

En cuanto al desembarque industrial, éste acumuló 504.433 toneladas, anotando un alza de 7,4%, superior en 34.964 toneladas.
Diario Concepción consultó a la presidenta de la Asipes, Macarena Cepeda, sobre el diagnóstico y los desafíos del sector.
Desde el punto de vista operacional, dijo, la pesca industrial de la macrozona centro sur se encuentra funcionando con dinamismo.

“Es un verdadero motor económico y actividad estratégica en esta parte del país que, además, ha logrado proteger los empleos de todos quienes dependen de ella. Esto nos permite señalar que literalmente nuestro sector está sosteniendo la tranquilidad de miles de familias en Talcahuano, Coronel, Tomé y otras colindantes al Gran Concepción”.

No obstante, Macarena Cepeda advirtió de peligros para la actividad.

“Todo esto se ve opacado por los vaivenes legislativos y la incertidumbre regulatoria que afecta a esta actividad. Proyectos parlamentarios que buscan convertir a Talcahuano y Coronel en ‘zonas de sacrificio laboral’, legislando para destruir de a poco una actividad productiva que entrega empleos de calidad, proyección a miles de familias desde hace más de 100 años”, enfatizó la timonel de los industriales pesqueros.

Consultada sobre su balance de la llamada Ley de la Jibia, la presidenta de Asipes fue enfática en decir que “es la peor política pública en la historia pesquera, que lo único que consiguió fue empobrecer a todos los actores que operaban sobre la jibia. Nadie ganó”.

Macarena Cepeda añadió que con la entrada en vigor de esta ley, en la pesca industrial del Biobío se perdieron 1.700 empleos en plantas y barcos, y de las pymes que trabajaban bajo el alero de esa operación, el país dejó de percibir más de US$120 millones de dólares anuales en exportaciones, se perdió la cadena compradora de jibia artesanal en la industria, ante el cierre de las líneas de proceso y una destrucción de valor en mercados y actividades ligadas, sostuvo.

y apuntó que el único barco industrial que se reconvirtió a línea de mano invirtió 2 millones de dólares; sin embargo, solo logró extraer en 2020 13,6 toneladas de jibia, mientras que antes con sus redes de arrastre capturaba entre 70 y 100 toneladas en un zarpe.

50.000 toneladas de pesca ilegal

Al ser consultada por su diagnóstico respecto a la lucha contra la pesca ilegal, Macarena Cepeda reconoció que el Sernapesca ha hecho una focalización de las fiscalizaciones en los recursos prioritarios, destacando a la merluza común como un recurso muy afectado por pesca ilegal, pero lamentó que esos esfuerzos, a la fecha, han sido insuficientes.

“Las incautaciones se centran básicamente en tierra, y estas representan solo alrededor del 2% de lo que verdaderamente se extrae de manera ilegal que alcanza, solo en Maule, a las 50 mil toneladas ilegales (por fuera de la cuota). Por ello, se debe lograr por ley la certificación del 100% de los desembarques de merluza común a nivel nacional. Por supuesto, también dotar de más y mejores recursos técnicos, tecnológicos y humanos al Servicio Nacional de Pesca, y entregarles mayor protección frente a las amenazas y violencia de la que son víctimas sus fiscalizadores por quienes operan estas mafias de pesca ilegal”.