De acuerdo a la voz de profesionales vinculados al mundo del trabajo en la Región, la prórroga no tendría consecuencias negativas, porque la ley contempla la protección al empleador y al empleado.
Tras la llegada de la pandemia, en abril del año pasado, una de las primeras medidas que implementó el Gobierno fue la Ley de Protección al Empleo, iniciativa que permitió la suspensión temporal de contratos de trabajo de parte del empleador producto de actos o declaraciones de autoridad o pactos de suspensión.
Debido a la situación económica que vive el país el Ejecutivo decidió extender la medida por un mes más, es decir, hasta comienzos de octubre próximo, situación que fue confirmada por el Ministerio del Trabajo.
La extensión también otorgará derecho a un giro adicional con cargo al Fondo de Cesantía Solidario del Seguro de Cesantía, es decir, hasta 19 giros para los trabajadores suspendidos que hayan agotado sus giros anteriores.
La prórroga también aplicará a las normas de flexibilización de acceso y de los beneficios del Seguro de Cesantía. Además, se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre la segunda herramienta que contempla la Ley de Protección del Empleo, correspondiente a la reducción temporal de la jornada de trabajo.
Con la extensión de la ley, también habrá cambios que dejarán algunos efectos.
“Los cambios, básicamente, se centran en que muchas de las personas que están hasta ahora con suspensión del empleo y que están recibiendo sus pagos de las cuentas individuales de cesantía o de los seguros de cesantía, seguirán recibiendo los montos hasta la fecha que indicaron ahora. Es una ley que tenía una duración breve que se ha ido ampliando por las necesidades del país. En palabras simples, la iniciativa permitirá que la gente que tiene suspendido sus contratos, pueda seguir percibiendo algo de ingresos”, comentó Dante Gebauer, miembro del Estudio Jurídico del Trabajador.
El profesional en materia laboral considera que tanto el empleador como el empleado saldrán favorecidos porque “esta ley buscaba evitar el despido y en ese sentido, se mantiene cierto vínculo, suspendido, y el trabajador sigue recibiendo ingresos. Ahora, buena parte de los ingresos los seguirá percibiendo el trabajador por hacer uso de los ahorros que tenía en la cuenta de cesantía”.
Por su parte, el ex seremi del Trabajo, Iván Quintana, explicó que “una norma de este sentido, protege a los trabajadores porque garantiza un plazo en los que no pueden ser despedidos. En principio, parece una medida prudente, porque busca entregar apoyo a ambas partes”.
Sobre la opción de seguir aplazando la ley, Quintana comentó que, en principio, “no se aprecian consecuencias para ninguna de las partes porque afirma las relaciones laborales en vez de perjudicarlas, así que es difícil que alguien salga perjudicado”.
Respecto a la posibilidad de volver a extender la ley una vez que finalice en el mes de octubre, Dante Gebauer fue enfático en señalar que dependerá, exclusivamente, del tema sanitario. “Con el control de la pandemia que se está teniendo hasta ahora, lo más lógico es que este tipo de leyes que son transitorias y que buscaban cubrir los periodos en que no se podía trabajar, debiera dejar de existir. Eso dependerá de si las empresas lograron resistir hasta ahora como para volver a incorporar a los trabajadores, porque hay muchos rubros que no subsistieron”, dijo.