Mercado del Carbono: oportunidades y desafíos para la Región del Biobío

Economía regional produciría más bienes y un ambiente más limpio. Se compensarían emisiones gravadas, pero faltaría subir el impuesto verde, según sugiere el FMI y la Ocde, entre otros.

Un Mercado del Carbono podría generar oportunidades para Biobío desde la perspectiva de los establecimientos potencialmente afectos al impuesto verde. Pero también existen desafíos relevantes.
Así lo señalan especialistas en materia económica, legal y medioambiental, consultados por este medio.

Se trata de una iniciativa que impulsa el Ministerio de Medioamibiente, en el marco de una propuesta de reglamento, que está en consulta pública hasta el 3 de septiembre de este año.

Perspectiva económica

Claudio Parés, académico y jefe del Departamento de Economía de la Universidad de Concepción, sostiene que si uno observa las cifras de las empresas que pagan impuesto verde actualmente (ver tabla con listado en Biobío), un porcentaje importante está ubicada en la Región.

“Esto tiene una razón fundamental: las empresas que más emiten son las que generan energía y la Región del Biobío es de las que más produce energía en el país. Esto implica que el impacto de este sistema en la Región será relevante”, resalta Parés.

Del mismo modo, plantea que hay un gran desafío para que el aprendizaje de este sistema de mercado nuevo funcione de la mejor manera posible. “El problema es que si no logramos reconocer dónde están sus puntos críticos y si no los resolvemos de buena manera, podríamos terminar respirando un aire de peor calidad. Pero si logramos implementar correctamente el sistema, podremos aprovechar los beneficios de una economía que produce más bienes junto con un ambiente más limpio”, afirma el jefe del Departamento de Economía de la UdeC.

Aspectos legales

Paula Nieto, académica de la UdeC, especialista en Derecho Ambiental y socia de Fernández Nieto Abogados, explica que la propuesta de reglamento propone, en términos muy generales, que los contribuyentes afectos al impuesto verde podrán compensar en todo o parte de sus emisiones gravadas, para efectos de determinar el monto del impuesto a pagar, mediante la implementación de proyectos de reducción de emisiones del mismo contaminante.

Además, detalla que “Con respecto a las emisiones de dióxido de carbono gravadas sólo podrán compensarse mediante la implementación de proyectos de reducción de emisiones de dióxido de carbono ejecutados en el territorio nacional y con respecto a las emisiones de MP, óxidos de nitrógeno (NOx) y dió́xido de azufre (SO2) gravadas con el impuesto, sólo podrán compensarse mediante la implementación de proyectos de reducción de emisiones del mismo contaminante, que hayan sido ejecutados en la zona declarada como saturada o latente en la cual se generen las emisiones a compensar”.

Añade que será la SMA quien deberá administrar un registro de carácter público en el que consten los proyectos de reducción de emisiones que cuenten con resolución favorable, señalando al menos el estado del proyecto en cada etapa y las emisiones por contaminante aprobadas, verificadas, certificadas y utilizadas para compensación.

Principales desafíos

Marcelo Mena, ex ministro de Medioambiente, advierte que “el problema que hay con el monto del impuesto verde es que no da garantías de reducciones reales de emisiones porque los únicos tipos de proyectos que se podrían financiar son aquellos que ya están realizando, esto en el sentido de que no habría adicionalidad, que es un concepto muy importante”.

Mena adhiere a la visión que plantea que se requieren reducciones absolutas de emisiones y no que otros reduzcan emisiones por ti.

El ex ministro también apunta a que “el Impuesto Verde es bajo. Des de el 2014 que está vigente y sabemos que el FMI, La Ocde y el Banco Mundial han recomendado subirlo, donde hoy está en US$ 5 y que debería orientarse hacia los US$75”.

Es por lo anterior que expresa sus dudas respecto de si un mercado de carbono un precio tan bajo como el de hoy “hasta que se ajuste el impuesto verde al valor que corresponde y refleje el valor social de la contaminación que está causando las termoeléctricas y las industrias en Chile”.