Destacan mayor protección laboral para un retorno presencial, semi presencial o parcial, pero cuestionan alza de costos por trabajador, además de impactos en remuneraciones, empleo y desempleo.
Divididos se muestran los actores regionales ante el nuevo seguro Covid para quienes regresen al trabajo presencial.
Mientras Ronald Ruf, gerente general de CPC Biobío, mantiene una visión más bien positiva, Somos Pyme Biobío se opone a la medida.
Para Ruf se trata de una situación transitoria, de bajo costo mensual y que protege la salud de las personas bajo procedimientos conocidos y publicados en detalle en la ley.
“Estimamos tendrá un impacto positivo en la economía regional, ya que establece claramente cómo llevar a cabo el “trabajo seguro” en modo presencial”, destaca el gerente.
Además, señala que esto debiera traducirse en un incentivo para que la Región del Biobío siga adelante en la recuperación gradual de su afectada economía”.
Al contrario, desde Somos Pyme, la visión es que presiona a desembolsar hasta $14.000 anuales por empleado con contrato sujeto al Código del Trabajo y que estén desarrollando sus labores de manera presencial, total o parcial.
“Gasto fijo adicional que muchos negocios se ven imposibilitados de asumir producto de la prolongada crisis económica que sufren desde los inicios de la pandemia”, expresaron a través de un comunicado.
Claudio Parés, economista de la Universidad de Concepción, dice que es una medida importantísima y una buena noticia, sin embargo, genera un problema de incentivos.
“En el fondo, es una apuesta: uno apuesta que algo malo ocurrirá y la compañía de seguros apuesta que no: si uno pierde, sigue pagando las cuotas; si gana, la compañía se hace cargo y/o paga”, explica didácticamente Parés.
A la vez, apunta a que es cierto que ya no existirá esa carga financiera adicional de enfermarse, lo cual es muy positivo, pero “no tiene sentido preocuparse de quién paga la cuenta del hospital cuando los hospitales no tienen capacidad”.
Añade que tal como el Pase de Movilidad es una señal en la dirección y el momento equivocados.
En tanto, Andrés Acuña, académico del Departamento de Economía y Finanzas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Bío-Bío, advierte que la iniciativa constituye un nuevo costo a la contratación de trabajadores, dado su carácter obligatorio. Lo que podría tener consecuencias negativas sobre el crecimiento futuro de las remuneraciones, sobre todo si consideramos tanto el eventual aumento de 5 puntos en la cotización obligatoria de los trabajadores con cargo al empleador.
Agrega que este nuevo costo podría ralentizar el crecimiento en las ofertas laborales, es decir, del empleo y reducir el ritmo de reducción de las tasas de desempleo observadas en pandemia.
Otro punto a considerar por Acuña es si el proceso de vacunación se masifica a un porcentaje cada vez mayor de la población, la probabilidad de contagio se reduce ostensiblemente, por consiguiente, el costo del seguro podría eventualmente ser algo menor si se consideraran criterios de eficiencia económica.