Asimismo, a nivel nacional se constata la brecha de género: un 36% de mujeres versus el 64% de hombres bajo contrato laboral. A tres años, Gobierno debe evaluar la normativa.
A enero de 2021, la Región del Biobío concentraba el 9,1% de la totalidad de los trabajadores con discapacidad contratados a nivel nacional (Metropolitana 54%) con un salario promedio de $572.063, y el 50% ganó menos de $430.301, lo que desnuda uno de los desafíos pendientes: descentralizar su aplicación.
Los datos los entregó a Diario Concepción la Fundación Chilena para la Discapacidad (FChD), en el contexto que en abril se cumplieron 3 años de la implementación de la Ley 21.015, la cual establece la exigencia de contratación de personas en situación de discapacidad (PeSD) en el sector público y privado.
Cabe recordar que en el Artículo 4 de las Disposiciones Transitorias de esta normativa, se indica que durante el tercer año de su entrada en vigencia los Ministerios del Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Social y Hacienda deberán realizar una evaluación.
Y la sensación de protagonistas del área es que se debe avanzar en su consolidación y que el avance en la materia ha sido insuficiente.
Según los datos de la Dirección del Trabajo, a marzo de este año se han registrado un total de 32.334 contratos. Pero de este número, un 44,2% se había iniciado antes de que esta normativa entrará en vigor, mientras que el 55,7% de ellos fueron celebrados a partir de abril del 2018. Sin embargo, del total de contratos registrados el 34,7% ha terminado.
“Esta situación puede explicarse, en parte, por los considerables efectos que ha tenido la pandemia de Covid-19 en la economía nacional, pero también da cuenta de la importancia de avanzar hacia una estandarización sobre la forma en que se desarrollan los procesos de inclusión laboral y, ante todo, a la generación de conciencia en torno a la discapacidad, la existencia de prejuicios y a la promoción de políticas públicas que aborden las brechas en educación que enfrenta el colectivo”, sostiene la directora ejecutiva de Fundación Descúbreme, Carola Rubia.
Y para la coordinadora regional del Bio Bio de la Fundación Chilena de la Discapacidad, Edith Espinoza, el avance ha sido insuficiente, y no es una mera opinión, sino una estimación basada en el seguimiento que an hecho desde su promulgación.
“La FChD elaboró a partir de una revisión, consolidación y sistematización de datos cuantitativos, una caracterización del sector privado a partir de los Reportes de Inclusión Laboral de las estadísticas administrativas de la Dirección del Trabajo, desde enero del 2019 hasta enero del 2021. Asimismo, se elaboró un análisis del sector público a partir de datos otorgados por SENADIS. De esta manera fue posible generar un análisis de la situación que nos permita declarar que el cumplimiento de la Ley N°21.015 a la fecha, nos parece insuficiente”.
Al diferenciar número de contrataciones y sueldos por sexo, se puede observar la baja contratación de las mujeres en situación de discapacidad. Para enero de 2021, el 36,1% de las PeSD contratadas fueron mujeres y 63,9% correspondió a hombres.
“Nuestra fundación obtuvo información sobre “Ajustes razonables” a partir de una encuesta sobre quienes han trabajado bajo Ley 21.015 y los resultados arrojan que no se realizaron ajustes razonables (48,6%) y sí se realizaron ajustes razonables (51,4%)”.
Sobre el sector público y selección preferente: Para el 2018, 2,4% de las instituciones públicas regionales (11 de un total de 453) y 28% de las instituciones nacionales (en las que aplica) cumple con la normativa. Para el año siguiente, 5,2% de las instituciones regionales cumple y 126, es decir, el 80,2% del total de los organismos nacionales, no contó con candidatos en situación de discapacidad en las selecciones para un puesto de trabajo durante el 2019. Mientras que sobre cuota del 1% de la dotación anual: Durante el 2018, 41 instituciones regionales cumplen con cuota, lo que representa un 9%, mientras que, para este mismo año, los organismos nacionales tienen un cumplimiento del 19%. Para el 2019, hubo 10,6% de cumplimiento de las instituciones públicas regionales y para los organismos nacionales durante este año, el cumplimiento fue de un 19,7%. Los porcentajes más altos se concentran en las instituciones que no entregan información, lo que relacionamos a los problemas para gestionar la “fiscalización” del sector público.
Sobre el sector privado, los datos arrojan problemáticas que requieren modificaciones de la Ley, de tal manera, que haga efectiva la estimulación de la incorporación de empresas y de las mujeres en situación de discapacidad, para lo cual se plantea la incorporación del enfoque de género a la Ley, que se regulen los procesos de incorporación de migrantes con discapacidad y se haga explícito los ajustes razonables, sostuvo coordinadora regional del Bio Bio de la FChD, Edith Espinoza.