En el contexto de la Agenda de Mínimos Comunes, el ejecutivo presentó un nuevo plan social, que abarcaría el 100% del Registro Social de Hogares. Pero sin fecha.
“Se incrementarán los recursos permanentes del Estado para financiar los mayores gastos por la pandemia, a través de la reducción o disminución de exenciones tributarias y otras medidas de perfeccionamiento del sistema tributario”.
Parte de la propuesta gubernamental al alero de la convocatoria política que impulsa la llamada Agenda de Mínimos Comunes, cuyo avance es relativo, ya que mientras el Gobierno presentó una nueva agenda de ayuda social, desde la oposición han quedado disconformes por la falta de montos y plazos, es decir, de mayores certezas.
Con todo, el seremi de Hacienda de la Región del Bíobío, José Manuel Rebolledo, informó lo que hasta ahora está planificando el Gobierno.
De esta forma, se da curso a la propuesta que hiciera el entonces ministro de hacienda Ignacio Briones, quien postulaba eliminar o reducir exenciones o beneficios tributarios.
Rebolledo explicó que se propone avanzar hacia un Ingreso Familiar de Emergencia Universal, que llegue al 100% de las familias del Registro Social de Hogares, excluyendo sólo al 10% de las familias de mayores ingresos. Adicionalmente, se incrementará el monto de los beneficios del IFE Universal, tomando en consideración la línea de pobreza, y extenderemos el período de vigencia de estos beneficios.
Se propone crear un Fondo Especial para otorgar transferencias directas no reembolsables a las Pymes más afectadas, facilitar el acceso al crédito para capital de trabajo en condiciones preferentes, aumentar los beneficios tributarios, postergar el pago de patentes y contribuciones y facilitar la formalización de las Pymes simplificando los trámites que las afectan.
En paralelo, el Decreto 611 entrega facultades a la Tesorería General de la República (TGR) y al SII para condonar extraordinariamente intereses y multas por deudas tributarias hasta por un 90%, y otorgar flexibilidades adicionales para los convenios de pago, con la eliminación de hasta 70% de multas e intereses y hasta en 24 cuotas.
Asimismo otorga facilidades de condiciones de convenios de pago a Pymes con ventas anuales de hasta 350 mil UF que, entre enero y febrero 2021, hayan sufrido una caída de entre 30% y 50% en sus operaciones promedio, respecto de los mismos meses del año anterior.
Y Pymes con ventas anuales de hasta 350 mil UF que, entre enero y febrero 2021, hayan sufrido una caída mayor a 50% en sus operaciones promedio, respecto de los mismos meses del año anterior y personas naturales con ingresos anuales hasta UTA 50.
Asimismo, postergación de cuotas de Contribuciones Bienes Raíces 2021 para personas naturales: año 2021 completo en el caso de un bien raíz habitacional con avalúo fiscal hasta UF 5.000. Estas se pagarán en cuatro cuotas, junto con las de 2022.
Pymes: primera y segunda cuota de 2021, con ingresos anuales hasta UF 100 mil y que hayan sufrido una caída de al menos 30% en sus operaciones en promedio, respecto de los mismos meses del año anterior.
Para el economista del Observatorio Corbiobío, Ariel Yévenes, resalta en las cifras macroeconómicas el importante esfuerzo fiscal que significa el ampliar las ayudas, lo que implican una importante labor de apoyo desde el Gobierno, pero sí recalcó la importancia de ser oportunos.
“Con todo lo que significa este esfuerzo, es importante recalcar el sentido de urgencia y oportunidad con que deben gestionarse estás ayudas para que prontamente puedan llegar a las familias que más lo necesitan, bajo las condiciones más eficiente posible”.