Importante es aprovechar beneficios con planificación para no acumular, de ser posible, demasiada deuda.
Desde el estallido social en adelante el movimiento legislativo ha tomado un ritmo vertiginoso con una serie de materias que han entrado en discusión y otras ya son ley. Todo, con un objetivo común: ayudar a la población que sufre los estragos de los efectos económicos en pandemia.
Aparecen con fuerza cambios tributarios, congelamiento de cobros de servicios básicos y contribuciones, también regulaciones a las empresas de cobranza, en momentos que el endeudamiento de la población supera el millón de pesos asociado al no pago de servicios básicos, según la Comisión de Hacienda del Senado.
Otras importantes materias están siendo analizadas por las diferentes comisiones. Por ejemplo, la discusión del sueldo mínimo, la consolidación de deudas y la ley de copropiedad inmobiliaria.
Las otras grandes temáticas son una reforma tributaria que permita una mayor recaudación fiscal. Aquí, está en discusión legislativa el llamado proyecto de impuesto a los súper ricos, con énfasis en el cobro de un IVA diferenciado por dos años.
“Me parece que será difícil de implementar un IVA diferenciado y, dada la historia legislativa reciente, es poco creíble decir que será por única vez. Es mucho más razonable proponer un cambio al impuesto a la renta, apuntando más al ingreso que a la riqueza. De hecho, si revisamos los datos de la OECD, el 10% más rico de Chile acumula el 36% del ingreso y un 58% de la riqueza, comparado con el 24% del ingreso y 52% de la riqueza promedio de la OECD. Esto implica que, más allá de la cuestión simbólica que conlleva pedir un esfuerzo excepcional a los que más tienen, parece mucho mejor recaudar a través de los ingresos que de la riqueza tanto para allegar recursos al fisco como para reducir la desigualdad”, estimó al respecto el economista de la Universidad de Concepción, Claudio Parés.
El 20 de abril entró en vigencia una nueva Ley que fortalece los derechos de los consumidores en materia de cobranzas extrajudiciales y evita el acoso que sufrían, hasta ahora, los consumidores morosos.
Durante el Estado de Excepción Constitucional las empresas sólo pueden realizar dos gestiones de cobranza al mes:llamados, visitas, cartas. Luego de ese período, sólo podrán realizar contactos máximo dos días a la semana separados por, al menos, dos días.
Durante el año pasado, el Sernac recibió 21 mil reclamos relacionados con cobranzas extrajudiciales abusivas y en lo que va de este año ya suman 5.600 casos.
En el sitio web del SII se especifica que los propietarios de bienes raíces con destino habitacional, con un avalúo fiscal de hasta 5 mil UF, podrán postergar la totalidad de las cuotas normales de contribuciones de 2021 hasta el 2022 para una de sus propiedades.
También indica que, en el caso de las Pyme, podrán postergar las cuotas de contribuciones del primer semestre de este año siempre y cuando registren ventas que no excedan las 100.000 UF y que presenten, al menos, una disminución del 30% de sus ventas entre enero y febrero de 2021, en comparación con el mismo periodo de 2020.
Se estima que en Biobío serán unas 57 mil personas y 5.000 Pymes las que se verán beneficiadas con este proyecto.
Desde la implementación de la ley que fija las condiciones para el cobro de las deudas por servicios básicos los montos impagos han ido al alza, al igual que el porcentaje de deudores morosos de las cuentas de agua, luz y gas.
Según la Comisión de Economía, los hogares acumulan deudas que podrían superar el millón de pesos. Ya se aprobó el proyecto que prohibe la suspensión de servicios básicos por no pago, iniciativa que prorroga hasta el 30 de noviembre la actual prohibición que rige hasta el 7 de mayo próximo.
Existe preocupación por el aumento de la deuda.
Pese a que se estima que un cuarto de las viviendas en Chile está en régimen de copropiedad (condominios y edificios), Chile evidencia atraso en la legislación que regula el segmento que data de 1997.
El proyecto en discusión incluye una nueva clasificación de los condominios creando la figura de subadministrador y del Registro Nacional de Administradores de Condominios, lo que permite a los copropietarios reclamar cuando el administrador incumpla alguna de las obligaciones. Asimismo, establece una obligación económica y, dentro de ella, los gastos comunes, determinando que la calidad de copropietarios hábiles son aquellos que se encuentren al día en el pago de toda obligación económica.
Un proyecto (aún en discusión) de consolidación de deuda debiese apuntar a contar con un registro de deudas comerciales, de amplia cobertura. “Esto permitiría a las instituciones financieras disponer de información tanto positiva (cumplimientos) como negativa (morosidades) de los clientes y, así, poder evaluar mejor las condiciones de crédito. La información debiese estar disponible para todos los entes participantes y apuntar al objetivo de que una persona no se sobreendeude como ocurre hoy”, planteó la directora de postgrados de la USS, Karin Bravo.