Hay consenso en que es una medida que alivia a las familias que están endeudadas por disminución de jornada laboral o cese de funciones, pero desde la industria hay preocupación porque deuda sigue creciendo y acumulándose.
Desde la implementación de la ley que fija las condiciones para el cobro de las deudas por servicios básicos los montos impagos han ido al alza, al igual que el porcentaje de deudores morosos de las cuentas de agua, luz y gas.
Según estimaciones expuestas en la Comisión de Economía, los hogares acumulan deudas que podría superar el millón de pesos. Al mismo tiempo, el porcentaje de usuarios que se ha acogido a convenios de pago es menor.
Por eso, casi todos destacaron la aprobación del proyecto que prohibe la suspensión de servicios básicos por no pago, iniciativa que prorroga hasta el 30 de noviembre la actual prohibición que rige hasta el 7 de mayo próximo.
Efectivamente, como una buena señal hacia la ciudadanía calificaron los sectores políticos atendiendo la compleja situación económica que están viviendo millones de chilenos.
Un punto importante de esta ley, es que los clientes podrán redactar esas deudas, sin que las compañías les apliquen intereses o multas por la morosidad.
La iniciativa legal amplía el rango de beneficiarios, pasando del 60 al 80% de los que tienen Registro Social de Hogares. Además, aumenta de 36 a 48 meses el plazo que tendrán las personas para cancelar las deudas que tengan impagas.
“Hacemos un llamado para que se inscriban a repactar la deuda, ya que el número de interesados no se condice con el número de clientes que tienen deuda acumulada”, sostuvo el gerente CGE Zona Biobío, Miguel Castillo.
En cantidad de clientes, Bíobío tiene 420 mil, y unos 100.000 tiene algún nivel de deuda, esto es, un 24% del total, informó.
Sobre los requisitos para postular, Castillo recalcó que la empresa actúa de buena fe y entiende que si se está solicitando por disminución o cese de ingresos, es así.
“Efectivamente, en el empleo formal es más fácil acreditarlo, pero sabemos que esta pandemia ha ha afectado mucho al empleo informal, a independientes, a los que se les hace más difícil acreditarlo. Por eso, llamamos a inscribirse en nuestra web, y sólo especificar la causa”.
Castillo dijo entender que la prórroga alivia a la población porque no arriesga corte por no pago, pero se mostró preocupado porque la deuda sigue incrementándose.
“Sería un año sin pagar y veo complicado cuando comiencen a aparecer los cobros en las boletas”.
La Comisión de Economía se abocó al estudio de las mociones. Las preguntas que surgieron más allá de la tramitación de estas iniciativas que hacen frente a la pandemia fueron: ¿qué va a ocurrir con esta deuda?, ¿cómo y cuándo la van a pagar los hogares si aun no se supera la pandemia?, ¿se podría convertir este tema en un nuevo CAE?
Por estas razones, la Comisión de Economía acordó invitar a los ministros de Hacienda, Economía, Minería, Energía, Obras Públicas y Desarrollo Social para una próxima sesión con el fin de dar una mirada integral y proyectar soluciones más sistémicas.
El senador Jorge Pizarro entregó una minuta a la instancia sobre el nivel de deudas y puso el énfasis en “el problema económico, social y político que significa este endeudamiento de las personas. Qué va a suceder en dos o tres años cuando las personas tengan que asumir estas cuentas impagas. Tenemos que abordar una solución integral”.
La senadora Carmen Gloria Aravena, coincidió en el sentido que “tenemos una responsabilidad respecto al nivel de endeudamiento de las personas. Este es un problema que no es solo aplazamiento sino de un problema de futuro pues muy pocos se han acogido al convenio.