“El negocio ilícito de la pesca ilegal de recursos del mar tiene diferentes tipos de impactos; los obvios de sostenibilidad de las especies, daño económico a las comunidades costeras que cumplen la ley y respetan sus cuotas asignadas, pero también un daño fiscal de enorme cuantificación, por todo el pescado que es vendido y transado sin pagar ningún tipo de tributo en beneficio fiscal, lo que también es un delito de la mayor gravedad”, planteó la Presidenta de la Asociación Industriales Pesqueros, ASIPES, Macarena Cepeda Godoy, al Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza Luengo, durante una cita virtual solicitada por el gremio.

En la reunión, por parte del SII, además de Barraza, participaron la Subdirectora Nacional de Fiscalización, Carolina Saravia Morales y el Subdirector Jurídico, Miguel Zamora Rendic. En tanto, por los Pescadores Industriales del Biobío, su Presidenta estuvo acompañada del abogado del gremio en materias de sostenibilidad, Remberto Valdés Hueche.

El jurista de ASIPES señaló a los representantes del Servicio de Impuestos Internos que, es de público conocimiento que sectores de la pesca artesanal del Maule reconocen extraer más de 50.000 toneladas de merluza ilegal. Y que el Comité Científico Técnico de la Merluza -organismo experto y asesor de la Subsecretaría de Pesca- señaló formalmente que “la principal limitante para la recuperación de la merluza común es un elevado nivel de ilegalidad, hecho reconocido por los usuarios”.

“Estas enormes cantidades de pescado sin acreditación de origen, además de no pagar impuestos producto de su venta, generan dinero “negro”, que se estima en unos US$60 millones. Es decir, cifras muy relevantes de tributos están siendo evadidos en desmedro de las arcas fiscales por concepto de impuesto a la renta e IVA”, aseveró Remberto Valdés.

Los directivos del SII señalaron que el organismo tiene en plena ejecución un Plan Nacional de Fiscalización de contribuyentes agresivos que comprende este tipo de ilícitos y explicó que actualmente están trabajando en conjunto con Servicio Nacional de Pesca en la Región del Maule, investigando antecedentes relacionados con la denuncia ejecutada el año pasado por los diputados del Biobío Leonidas Romero y Gastón Saavedra.

Las asociaciones ilícitas que controlan la explotación, logística, transporte, distribución y venta de esta pesca ilegal también destruyen el valor y el esfuerzo de los pescadores artesanales que buscan respetar sus cuotas y cuidar el recurso, pues el precio de la merluza ilegal es infinitamente inferior a la legal y sobre el cual no tiene capacidad para competir. Según señaló Macarena Cepeda, “esta acción legal también busca ir en auxilio de comunidades costeras de pescadores artesanales que se empobrecen producto de la pesca ilegal”.